Un nuevo dato sacude la causa contra el jefe de Gabinete, la Justicia detectó transferencias millonarias hacia la consultora de su esposa desde empresas con contratos del Estado. El hallazgo se suma a una investigación que desde marzo indaga enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y lavado de activos. El vocero de la motosierra, contra las cuerdas.
Cada vez que el Gobierno cree que el escándalo amaina, vuelve a crecer. El último dato que ingresó al expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py vuelve a poner a Manuel Adorni en el peor de los lugares: el de un funcionario que predica la motosierra para el conjunto y no logra explicar el origen del dinero que circuló por su propia familia. La novedad no reemplaza a la causa: la profundiza.
El nuevo dato: el dinero que llegó a la consultora de Angeletti
La pieza más reciente de la investigación apunta a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete y titular de la consultora de coaching organizacional +Be. La Justicia detectó que tres empresas proveedoras del Estado le giraron pagos millonarios a esa firma.
La principal es Grupo Foggia, una productora vinculada a la licitación —abierta por el propio Adorni— para concesionar por veinticinco años el predio de Tecnópolis: las transferencias rondarían los 55 millones de pesos.
A ellas se suman montos menores de Grupo Datco y de la naviera National Shipping, esta última contratista de YPF, empresa a cuyo directorio Adorni fue designado en enero de 2026.
El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita buscan establecer si esos pagos encubrieron negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis es de manual: si una empresa que compite por un contrato estatal financia, en paralelo, a la consultora de la esposa del funcionario que decide ese contrato, la autoría mediata de un eventual delito recaería sobre el propio Adorni. No es un dato aislado: es la pieza que conecta el patrimonio familiar con el ejercicio del cargo.
Una causa que crece desde marzo. Tres figuras penales en danza
La investigación no empezó la semana pasada. Desde marzo, la Justicia federal indaga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de una evolución patrimonial que no cierra con sus ingresos. En abril, el juez Lijo —a pedido de Pollicita— ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, de su esposa y de la sociedad AS Innovación Profesional, de propiedad de la pareja, para rastrear cuentas, tarjetas, cajas de seguridad y billeteras virtuales. Sobre la mesa hay tres tipos penales de distinta gravedad: enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y lavado de activos.
El contraste que alimenta la causa es aritmético. Adorni cobra un sueldo que ronda los 3,5 millones de pesos —por el congelamiento que el propio Javier Milei dispuso para los altos cargos—, pero su patrimonio neto declarado saltó de 61 millones de pesos, en su primera presentación, a 627,2 millones en la última. Solo durante el año pasado, el matrimonio sumó gastos por más de 85 millones de pesos. La pregunta que la inocencia fiscal no borra es la que ordena todo el expediente: ¿de dónde salió ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado?
