( por Raúl Dellatorre/ Página 12 / Motor Económico) El gobierno de Javier Milei acelera, al ingresar en los últimos quince meses de su mandato, tres transformaciones básicas que pretende inocular en la estructura económica nacional. Estas son el desmantelamiento de las principales funciones del Banco Central, la quita de límites a la propiedad extranjera de tierras y la eliminación de regulaciones o controles a grandes inversiones del capital privado por treinta años. Esta última, mediante el proyecto llamado “súper RIGI” que ya tiene media sanción de Diputados. Las tres reformas, en conjunto, supondrían ceder facultades fundamentales del Estado (nacional y provinciales) para la defensa de derechos esenciales de la población (acceso al agua, la tierra, la energía; derecho al crédito, a la igualdad económica y financiera), y la transformación del país en un paraíso no sólo fiscal, sino para la explotación de recursos y desarrollo de actividades no permitidas en sus propios o en otros países.
Un documento que se acaba de publicar en forma de Carta Abierta a los Senadores (para que no voten el “súper RIGI”) advierte que el proyecto otorga a quienes sean beneficiarios del régimen de incentivos por 30 años la facultad garantizada de “la operación continuada sin interrupciones” durante ese lapso, incluso sobre las necesidades que pudieran contraponerse de abastecimiento a la población de agua, energía o cualquier otro elemento vinculado a la salud o a sus condiciones de vida.
Lleva la firma de 14 organizaciones sociales y ambientalistas, algunas de carácter internacional. Entre ellas, las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Biodiversidad Argentina, Greenpeace Argentina, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Géneras, Movimiento Ecológico PACHAS y Asuntos del Sur.
Sostiene que su aprobación supondría “una reforma constitucional encubierta”, en tanto privilegia el interés particular por sobre derechos esenciales de la población, como el acceso al agua y a la energía, y la destrucción de las autonomías provinciales en diversos aspectos.
“Diputados le dio media sanción al cheque en blanco más caro de la historia argentina; el Senado todavía puede detener esta reforma constitucional encubierta y artificial”, apunta el documento.
El régimen votado en Diputados a propuesta del Ejecutivo, otorga incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por treinta años a inversiones de más de 1000 millones de dólares “en industrias nuevas, que el propio Ejecutivo no sabe nombrar”.
“No tenemos dudas que tal régimen se vincula ciertamente con el despliegue de intereses de grandes potencias y magnates vinculados al negocio militar y de la inteligencia artificial, que ven en Argentina un área de uso de laboratorio jurídico”, creando condiciones para asegurarse el acceso a recursos estratégicos como el agua, la energía e, incluso, “insumos para operaciones militares”.
El párrafo alude, claramente, a los proyecto de Palantir, la firma del empresario y lobista Peter Thiel, recientemente radicado en el país, y su proyecto de instalación de centros de datos (data centers) en Argentina, en condiciones que le son impedidas en otros países porque afectarían el abastecimidento de agua y energía a la población y hasta pondrían en riesgo la seguridad nacional.
“Irlanda, Países Bajos, Dinamarca y Chile ya tuvieron que frenar centros de datos por los mismos riesgos que esta ley ignora por completo”, señala el texto de la Carta Abierta a los Senadores.
En otro párrafo el mensaje advierte que, “de concretarse este proyecto, las provincias no van a poder establecer regulación alguna, ya que éstas podrían ser consideradas como un ”obstáculo a las mega inversiones. No podrán cobrar nuevas regalías a estas empresas, aunque se apropien ilimitadamente de sus recursos naturales. No podrán desarrollar normativas autónomas complementarias de las leyes de presupuestos mínimos ambientales. No podrán acordar, en el seno de los comités de cuencas, prioridades en el acceso al derecho humano al agua potable y otros usos productivos, como de los propios ecosistemas, que obstaculicen el acceso irrestricto a los privilegiados inversores».
Señala el documento que “el Congreso está a punto de delegarle al Ejecutivo, por tres décadas, la potestad de decidir quién entra a este régimen”, sin límite de acticidades ni condiciones o controles previamente establecidos. “Eso no es una ley de incentivos, es una hipoteca institucional que ningún poder legislativo de un estado soberano del mundo debería firmar”.
Apunta, por último, que “el proyecto de Ley no menciona ni una vez las palabras “agua”, “energía” ni “carbono” como condición vinculante de cumplimiento y aplicación de la legislación de presupuestos mínimos ambientales y su sistema convencional, en un país con grandes regiones desérticas y semidesérticas, con estrés hídrico severo y frente al escenario más brutal de incumplimiento del Acuerdo de París, ante la dramática crisis ambiental global. Más aun, las corporaciones las pueden calificar de obstáculos a su “seguridad jurídica”.
