El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pidió la elevación a juicio la causa armada contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, junto a otras y otros cinco dirigentes sociales, por participar en la Marcha contra el Hambre.
A través del Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, la Justicia provincial se apresta a elevar a juicio al Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la Marcha contra el Hambre.
La causa impulsada por De Aragón, con el aval explícito del Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, incluye a Giuliani –junto a las y los dirigentes sociales Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano- en la figura de “Desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material”, por ser parte y convocar a una protesta contra el ajuste el pasado 5 de abril y en el marco del legítimo derecho a peticionar a las autoridades que establece con claridad la Constitución Nacional.
Para construir su acusación, el fiscal citó como principales testigos a los policías que intervinieron en el operativo en el Puente centenario, donde ATE junto a otras organizaciones intervinieron para llevar adelante la protesta, que había sido informada oportunamente a la autoridad competente. Se trata de la misma Policía provincial condenada reiteradamente por la práctica del gatillo fácil.
Además, el fiscal incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando “los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y junto a “los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO)”, según detalla la elevación a juicio que propone De Aragón.
Se analizan allí los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados, dando cuenta del nivel de espionaje a las organizaciones libres del pueblo que impone el Gobierno de Córdoba para reprimir la movilización y el reclamo colectivo.
La presunta prueba contra Giuliani y los demás dirigentes va de la mano con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía, Liliana Zárate Belletti, quien informó que la Fuerza a su cargo realiza un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes en la previa de cada marcha.
A eso Zárate Belletti sumó que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho.
Vale señalar también que el Fiscal General Delgado fue denunciado en el momento de su nombramiento en la Legislatura por haber sido funcionario del Gobierno de Schiaretti y que su designación no daba garantías a la población de imparcialidad en su actuación como funcionario judicial, que debe ser independiente del Poder Ejecutivo en tanto es parte de otro Poder del Estado.
La actuación de un fiscal con intervención directa sobre el centro de la capital provincial confirma que se trata de una Justicia alienada con la política represiva del Gobierno de Córdoba.
La persecución a Giuliani y los demás dirigentes a través del Ministerio Público Fiscal es el método instrumentado para amedrentar dirigentes y controlar la protesta social, mientras la crisis económica somete a la pobreza y la miseria a las y los trabajadores en la provincia, sin que el Gobierno de Schiaretti atienda a resolver las demandas planteadas.
Se trata de métodos claramente reñidos con la convivencia democrática y propios de regímenes autoritarios que debieran estar superados después de 40 años de recuperación del Estado de Derecho.
