El Gobierno de Javier Milei le negó a la Provincia el aval necesario para acceder al financiamiento internacional destinado a construir una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a tensar la relación con la provincia de Buenos Aires al impedir que la gestión de Axel Kicillof acceda a un crédito internacional por USD 270 millones destinado a una de las obras de saneamiento más importantes para el Gran La Plata. Sin el aval del Estado nacional, la Provincia no puede tomar financiamiento de organismos multilaterales, por lo que el proyecto quedó virtualmente bloqueado.

La negativa quedó formalizada en una presentación realizada por el Gobierno de Javier Milei ante la Justicia Federal, donde la administración nacional rechazó autorizar la operación financiera solicitada por Buenos Aires. Se trata de un requisito legal indispensable para que las provincias puedan acceder a este tipo de préstamos internacionales.

La obra prevista busca construir una nueva planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, una región que ya supera los 930 mil habitantes y cuya infraestructura sanitaria quedó ampliamente superada por el crecimiento poblacional. El proyecto fue diseñado para abastecer a una población estimada en 1,3 millones de personas durante los próximos 50 años, resolviendo uno de los principales déficits estructurales de la región.

Para justificar el rechazo, la administración de Milei argumentó que los cupos de endeudamiento externo son limitados, que se trata de una obra de competencia exclusivamente provincial y que Buenos Aires mantiene una cartera importante de préstamos internacionales todavía sin ejecutar.

Desde el Gobierno bonaerense salieron a desmentir esos argumentos. Aseguraron que la Provincia administra una cartera vigente de USD 2.455 millones con un nivel de ejecución sostenido y explicaron que muchos de los proyectos demorados dependen justamente de autorizaciones que el propio Gobierno nacional mantiene frenadas. Entre ellos mencionaron el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones para la etapa V del río Salado y un préstamo del Fondo Kuwaití destinado a obras de agua potable en La Plata.

En el Ministerio de Infraestructura provincial también advirtieron que afrontar la obra exclusivamente con recursos propios implicaría resignar gran parte del plan de inversión pública previsto para el próximo año. La planta demandaría alrededor de $450.000 millones, una cifra equivalente al 43% del presupuesto de capital de la cartera y al 70% de toda la inversión real directa prevista por la Provincia para 2026, lo que obligaría a postergar decenas de obras de agua, saneamiento, hidráulica, energía y vialidad en distintos municipios bonaerenses.

La decisión de Caputo se suma a la disputa que Nación mantiene con la gestión de Kicillof por el acceso al financiamiento para grandes proyectos de infraestructura. En La Plata interpretan que la negativa forma parte de una estrategia para restringir las herramientas financieras de la Provincia, incluso cuando se trata de créditos otorgados por organismos internacionales y destinados a obras de impacto sanitario que exceden el corto plazo.