(Solange Martinez */ En especial para Motor Económico) Podría afirmarse que las próximas son horas decisivas para Brasil y la geopolítica regional, sin embargo el resultado de las elecciones presidenciales de este domingo 2 de octubre se ha definido previamente en términos sociales. No ha sucedido en ninguna “mesa chica” política, sino muy por el contrario, en las calles, los sindicatos, las organizaciones políticas, culturales, feministas, indigenistas, ambientalistas y los amplios movimientos sociales en los que se teje el pueblo brasileño.
Siendo el voto obligatorio a partir de los 18 años (y opcional a partir de los 16), casi 157 millones de pobladores se encuentran habilitados para ejercer su derecho a elegir presidente, entre 11 candidatos, además de gobernadores en 27 estados, senadores y diputados nacionales y legisladores provinciales. Estos resultados dibujarán el escenario del parlamento y del poder ejecutivo que, sin dudas, permeará la gobernabilidad del próximo primer mandatario.
La estrategia de polarización electoral que se despliega en toda la región, encuentra su expresión en el gigante del sur en dos proyectos abiertamente opuestos, encabezados en esta oportunidad por el neofascista Jair Bolsonaro y Walter Souza Braga Netto, un general en retiro y exministro de defensa que pretende dar continuidad y profundizar un proyecto de país alineado a los intereses del neoconservadurismo angloamericano, frente a la fórmula de Luiz Inácio Lula Da Silva y su otrora rival electoral de centro derecha, Geraldo Alckmin, como vice, quien en 2021 abandonó el PSDB su partido histórico y se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB).
Los cinco años de administración del ex paracaidista del Ejército, profundizó la desigualdad social en todo el territorio nacional, caracterizándose por los intentos de privatización del Banco Central do Brasil y empresas estratégicas como Petrobras y por el avance exitoso en las de electricidad, agua y saneamiento y el correo nacional. En los primeros tres años y medio de mandato, el Gobierno de Bolsonaro transfirió al sector privado 84 activos, incluyendo 36 puertos, 34 aeropuertos, 6 lotes de carreteras y 8 ferrocarriles. Sin ir más lejos, el pasado 12 de agosto el gobierno autorizó la extracción de uranio por empresas privadas, actualmente realizada exclusivamente por la empresa estatal Industrias Nucleares de Brasil. El 20 de septiembre, el Ministerio de Economía, aprobó las condiciones para la privatización por 35 años del puerto de Santos, el mayor de América Latina. El tiempo vuela para los negocios que podrían no avanzar en el próximo periodo presidencial si Lula retorna al Planalto.
La historia es larga, y la hacen los pueblos (organizados y movilizados).
Hacia finales de abril del 2020, mientras se contaban miles de muertos por el desmanejo de la pandemia y el negacionismo abierto que enfrentó al presidente con gobernadores y la justicia federal, Sergio Moro -el juez que condenó a Lula en un juicio sin pruebas y fue premiado con el Ministerio de Justicia y Seguridad- abandonó el gobierno acusando a Bolsonaro de pretender controlar a la policía federal como órgano de inteligencia personal. Por esos mismos días, el militante de la gripesinha, impulsaba el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, lo que despertó las más amplias respuestas de rechazo social.
El juez federal que actualmente se desempeña como socio director en la consultora Alvarez & Marsal, la firma estadounidense que administra el proceso de quiebra de la constructora Odebrecht y es candidato a Senador por el estado de Paraná (partido Podemos), rompió su alianza afirmando que Bolsonaro, con el cambio de cúpula de la Policía Federal buscaba conceder impunidad a su familia, implicada en múltiples casos de corrupción ligadas al enriquecimiento ilícito y tráfico de información y de atacar la democracia del país. Irónica acusación para alguien que actuó como fuelle central en la maquinaria del lawfare que impidió la postulación de Lula en 2018 tras el golpe parlamentario que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff.
La ciudadanía comenzaba a manifestar su repudio enérgico a las políticas del “Messias” que privilegiaron la economía por sobre la vida, con un cacerolazo masivo también en abril de ese año que se escuchó en barrios de las ciudades como Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Paraná, Belo Horizonte, Porto Alegre, Cuiabá, Palmeras, Aracaju, San Luís, Florianópolis, acompañado de consignas que luego se volverían banderas populares, como “Fuera Bolsonaro”, “Fuera fascista”, “Basta Bolsonaro” e incluso “Asesino”.
Un año después, a mediados del 2021 estallaría una serie de movilizaciones a lo largo y ancho del país, convocadas por la Campaña Nacional Fuera Bolsonaro. En más de 300 ciudades, y durante meses, las protestas contra el presidente reclamaban que Arthur Lira, aliado de Bolsonaro y presidente de la Cámara de Diputados aceptara dar trámite a alguno de los 131 pedidos de impeachment presentados por diversas organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos.
Bolsonaro en respuesta a quienes tildaba de “marginales, terroristas, marihuaneros, desocupados”, convocaba a sus partidarios -preferentemente armados- a tomar las calles en su defensa, teniendo como punto de encuentro instalaciones militares como el Cuartel General del Ejército en Brasilia o, en otros casos, organizó “desfiles” de las fuerzas armadas en el Congreso. Es bien sabido que una fracción militar constituye parte de su alianza de gobierno, en el que no solo ingresaron masivamente hombres de esas fuerzas a cargos en diversos niveles ejecutivos, sino que también ascendieron quienes ya ocupaban lugares de decisión. La persecución a dirigentes políticos y militantes y la represión popular fueron moneda corriente desde el 2019. Botas y Biblia, dos elementos centrales de su gobierno.
En un contexto de creciente malestar social, marcado por la crisis económica y la caída estrepitosa de la imagen del presidente que durante toda su gestión fue cambiando a los funcionarios que se resistieron a su política sanitaria, educativa o económica, y nombrando aquellos que no lo cuestionaran, el pueblo brasileño tomó las calles de manera sostenida para denunciar la violencia estatal que responde a la concepción racista, homofóbica y transodiante, patriarcal y conservadora del bolsonarismo. Es difícil contabilizar los asesinados en redadas policiales en las favelas y en los operativos represivos contra manifestantes, pero hay una certeza: eran pobladores que esperaban respuestas a los problemas sociales y en su lugar, recibieron balas.
El clima de normalización de la violencia, no solo de las fuerzas de seguridad contra el pueblo, sino entre adherentes de Lula y Bolsonaro, ha terminado en los últimos meses con la vida de al menos tres simpatizantes del Partido de los Trabajadores. Si tal violencia escala, fogoneada por la campaña de odio del ultraliberal en medios de comunicación y redes sociales y Bolsonaro elige -tal como lo hizo su aliado Trump- insistir con la denuncia de fraude de cara a una ya casi anunciada derrota, los resultados podrían ser nefastos para el tejido social.
La historia nos demuestra que cuando un pueblo dice basta, encuentra los medios necesarios para avanzar en su programa, construyendo la correlación de fuerzas políticas que ninguna estrategia o blindaje mediático y judicial alcanzan a burlar. Hace tiempo decíamos que había olor a podredumbre en el Planalto, como si la fecha de vencimiento del neofascismo en el gigante del sur hubiera expirado. Hoy, solo resta sacar la basura y el campo popular y democratico del país hermano está en eso.
*verso de la cancion Cálice, de Chico Buarque con Milton Nascimento (1978)
*Solange Martinez. Investigadora del CEIL Manuel Ugarte (UNLa), conductora de Esquina America (Radio Megafon UNLa) y analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
