El deseo de Caputo de habilitar las compras de bienes con dólares no declarados, sin justificar el origen de esos fondos, supone convertir al país en «una jurisdicción tentadora a los ojos de las organizaciones criminales (narcotráfico, contrabando, trata de personas) que buscan hacer circular los flujos financieros ilícitos que generan». ¿Se comprende lo que hay detrás de esos delitos?
El deseo de Caputo de habilitar las compras de bienes con dólares no declarados, sin justificar el origen de esos fondos, supone convertir al país en «una jurisdicción tentadora a los ojos de las organizaciones criminales (narcotráfico, contrabando, trata de personas) que buscan hacer circular los flujos financieros ilícitos que generan». ¿Se comprende lo que hay detrás de esos delitos?
Por María Eugenia Marano *
Este lunes, en una entrevista, el Sr. Ministro de economía manifestó el interés de que “los ahorristas informales en dólares”, tengan la posibilidad de usarlos para comprar bienes domésticos, automóviles, inmuebles (no menciono límites de tiempo, monto y espacio) sin tener que declarar el origen de tales ahorros, es decir el origen de los fondos. Esto nos obliga a hacer algunas reflexiones.
Los flujos financieros ilícitos circulan por el mundo mediante diferentes mecanismos e instrumentos que garantizan la evasión de todo tipo de control gubernamental. La circulación recubierta de opacidad se “frena” cuando los fondos se reinsertan en los sistemas económicos con una cobertura de legalidad. Entonces se vuelven lícitos, un fenómeno global también conocido como lavado de activos o blanqueo de dinero. Para llegar a esta última instancia esos flujos transitaron por múltiples instancias y, posiblemente, jurisdicciones con el objetivo alejarse lo más posible del ilícito que le dio origen.
Esa es la forma con la que organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la corrupción, la evasión (sólo para mencionar algunos ilícitos) hacen caminar su dinero mal habido, dejando tendales de daños irreparables en las sociedades que atreviesan.
Es importante partir de la premisa de que todas las políticas tendientes a conocer el origen de los fondos trascienden los gobiernos de turno. En mayor o menor medida, son instrumentos que existen hace muchos años tendientes a contar con información sobre determinadas operaciones, poder seguir el recorrido del dinero o bien encontrar un punto de conexión entre el bien adquirido y un delito.
Un caso tristísimo y resonante fue el de Marita Verón, investigación iniciada a partir de un reporte de operación sospechosa por la compra de vehículos en efectivo y que logró desentramar una red de trata de personas. A Marita, su mamá y su hija la siguen buscando.
Argentina, como muchos otros países del mundo, es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su par latinoamericano el GAFILAT, dos organismos internacionales encargados de combatir estas prácticas sofisticadas. Nuestro país adopta sus recomendaciones, ya sea por ser parte, ya sea para proteger su sistema económico y financiero.
Entre ellas está la obligación de requerir y de informar el origen de los fondos en determinadas oportunidades. Y es la Unidad de Información Financiera la autoridad de aplicación y regulación, a través del régimen implementado por la Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”, cuya letra debería ser cambiada por el Congreso Nacional en caso de modificar su temperamento en línea con las palabras apresuradas del ministro.
Pensar y decir, en un halo de presunto heroísmo salvaje, que podrán utilizarse los dólares sin controlar el origen de tales fondos es de una irresponsabilidad grotesca. Desde la mezquina y desorbitada posición de considerar que “todo el mundo tiene y ahorra en dólares”, en un país con un 50% de la población cercana a la línea de pobreza, donde las jubilaciones no alcanzan para cubrir necesidades básicas, donde la clase media desaparece y sólo una pequeña porción está agrandando sus bolsillos de manera exponencial y concentrando la riqueza del país, es desolador.
Refirió también la opresión normativa y regulatoria, que padece la “pobre” porción de la población que no puede usar sus dólares por la burocracia que ello implica. ¿Tener que explicar su procedencia? ¿A quién se le ocurre?
Ahora bien, esos dólares que tiene parte de la población y no puede justificar, ¿sabemos de dónde provienen esos billetes? ¿dónde se consiguen? En las llamadas “cuevas”: se trata de casas de cambio clandestinas o ilegales, no declaradas, ni registradas, que reciben los dólares de actividades ilícitas como ser el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la trata de personas, para mencionar algunos, y que a través de dichas “casas de cambio truchas”, buscan lavar o blanquear dicho dinero. El ahorrista informal compra sus dólares en las cuevas usualmente sin saber de dónde provienen.
¿Comprendemos el alcance de lo que hay detrás de tales delitos?, más pobreza, familias y vidas destrozadas, hambre, menos salud, falta de inversión productiva, imposibilidad de construir un futuro.
Es por tal motivo que existen organismos, como la Unidad de Información Financiera, que buscan a través de su sistema y de los sujetos obligados detectar tales actividades para desenmascarar a los delincuentes. De ahí que provienen la normativa vinculada a la necesidad de pedir el origen de los fondos ante operaciones de gran envergadura o bien luego de reiteradas operaciones en períodos cortos de tiempo.
Comprender este alcance es sustancial para tornar de imposible la propuesta realizada por el ministro. Estas políticas no se vinculan a un gobierno en particular, sino que responden a políticas globales de orden internacional con el fin de mitigar los riesgos de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es una preocupación internacional por la criminalidad organizada.
Países con normas laxas, bajos o nulos controles son jurisdicciones tentadoras a los ojos de las organizaciones criminales que buscan las mejores opciones para forjar sus bases y hacer circular los flujos financieros ilícitos que generan. Atención: no es exageración es la cruda y triste realidad.
Los ilícitos perpetrados por la delincuencia económica castigan a la sociedad argentina. El daño se traduce con crudeza al ver los niveles de pobreza. Las vidas de muchos argentinos y argentinas se ven frustradas por las acciones que, a través del lavado de activos, la evasión de impuestos y las cada vez más sofisticadas operaciones vacían y destruyen a las economías regionales vulnerando severamente los derechos humanos.
La opacidad de las operaciones y del origen de los fondos es la otra cara de los delitos silenciosos. El más cínico y cruel. El impacto más directo y completamente negativo que los delitos precedentes del lavado de activos recae principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Ello por cuanto el dinero fugado, ocultado, lavado, evadido, es dinero perdido para el Estado Nacional; es dinero que podría ser utilizado para la implementación de políticas públicas que impulsen la economía del país y protejan los intereses de la sociedad argentina en su conjunto. Salud, educación, trabajo y seguridad son los pilares fundamentales que dan sustento a estas nuevas medidas.
Las palabras del ministro de economía son muy peligrosas si ponemos el foco en estas organizaciones, fomenta la cultura de la informalidad y alimenta una conducta que puede causar más y más daños. Legitimar el final de la cadena, no hace más que seguir alimentando al monstruo que pergeña los delitos precedentes del lavado, las maniobras de lavado y su final en la reinserción del dinero al circuito formal. ¿Argentina, una nueva guarida fiscal?
* Integra Futuros Mejores y Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE)
