(Motor Económico / Especial ) El Foro Economía y Trabajo, que reúne a economistas, especialistas e integrantes de diversos sectores del mundo productivo, sostiene el rechazo al DNU70/23, así como la delegación de facultades legislativas a través de proyectos como la Ley Bases. En contraposición, proponen a través de un documento la conformación de un nuevo pacto social-federal basado en un Plan Nacional común a todos los sectores regionales del trabajo y la producción.
“Tenemos que elegir entre consolidar la Nación, o ser factoría”, sostiene a el documento comunicadopor el Foro Economía y Trabajo, En sus párrafos iniciales, describe que: “Entre diciembre de 2023 y marzo de este año, el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil ha caído un 20,6% y el de las jubilaciones mínimas un 34,4%, ubicándose por debajo de la línea de pobreza. En tanto toda la actividad económica se hunde como consecuencia de la mega devaluación de la moneda nacional, el ajuste fiscal, la eliminación del circulante y otras medidas vigentes”.
“Con la ilegal vigencia del DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei está desmantelando nuestro debilitado sistema de precios internos, cuya liberalización sólo favorece el incremento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios, yendo a un esquema mundial de precios definido por éstos”, expresan los especialistas acerca de los alcances y el impacto del decreto.
Inclusive, el informe expone el esquema y operatorias que se nutren de los artilugios legales aplicados por el actual gobierno: “Esas grandes corporaciones –más allá de su domiciliación, sea en el país o en el extranjero– tienen una operatoria transnacional y se apropian de nuestro excedente económico- que debiera ser encausado a la inversión productiva- para transferirlo fuera del país, muchas veces eludiendo o evadiendo impuestos, e ingresando en el circuito de la especulación financiera de los grandes fondos de inversión”.
“En estos días agobia el aumento exorbitante de las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas. Se suma a la desmesura de la mayoría de los precios, incluso de los alimentos, medicamentos e insumos difundidos, que no se corresponden con sus costos reales de producción. Así se compromete la vida de millones de argentinos, el entramado socio productivo de nuestro país y su integración nacional”, concluye el análisis, acerca del presente que aqueja a la población.
La ineludible “necesidad y urgencia”
“Con esta realidad, es más que obvio la necesidad de reconstituir nuestro sistema de precios en pos del desarrollo industrial, principal fuente de generación de empleo. Comenzando por desacoplar los precios locales de los productos de exportación de los internacionales”, proponen los integrantes del Foro Economía y Trabajo, a lo que añaden: “El mismo criterio de desconexión de los precios internos de los internacionales, como siempre señalamos, se debe seguir en relación a los alimentos”.
“La producción argentina cubre las necesidades de varias veces los 46 millones de personas que integran nuestra población; no puede ser que no se garantice a nuestra sociedad precios al alcance de todos. Lo mismo debe observarse para todos los insumos difundidos de producción nacional, a la par que se propicia la sustitución de los de origen extranjero”, denuncia el informe.
Además, sostienen los especialistas el uso sustentable de los recursos naturales, con agregado de valor basado en el empleo de mano de obra local: “El anárquico ajuste que se nos impone no es inevitable. Nuestro país es uno de los principales productores de alimentos, recursos energéticos y minerales, a la par que existen en su territorio grandes reservorios de aguadulce. Esas ventajas comparativas, con valor agregado, deben sustentar el desarrollo de una economía manufacturera, que incluya a toda nuestra población y no orientada únicamente hacia la exportación sin trabajo argentino agregado para satisfacer la voracidad de potencias y corporaciones extranjeras”.
Propuestas
A modo de conclusión, sostienen quienes integran el Foro que “la Cámara de Diputados debe confirmar el rechazo del Senado al DNU 70/23” ya que “la Corte Suprema no puede rehuir la cuestión de fondo ante no menos de 45 millones de afectados por su aplicación”.
Además, sostiene: “El Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo si, como es el caso, emite un decreto que no cumple con los requisitos de habilitación constitucional para su dictado”.
“Por lo mismo, el Congreso -que está en condiciones de funcionar sin grandes recesos- debe rechazar todo proyecto que promueva el Poder Ejecutivo insistiendo en una inconstitucional, innecesaria y -a la luz de los hechos- peligrosa delegación de facultades legislativas, lo que ocurre con su nuevo proyecto de Ley Bases”, desglosa el informe.
Con respecto a las alternativas, necesidades y desafíos que propone el panorama imperante, concluyen hacia el cierre del documento: “Es necesario diseñar la salida de esta encrucijada con un nuevo pacto social-federal, basado en un Plan Nacional común a todos los sectores regionales del trabajo y la producción, para revertir esta destructiva “terapia de choque”, superar la dinámica del caos que nos está imponiendo y responder a las necesidades impostergables de nuestro Pueblo”.
Asimismo, en consonancia, expresaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria a realizarse el 23 de abril; la Movilización Bancaria, en defensa del Banco Nación; la Movilización del 1 de Mayo y el Paro General del 9 de Mayo, convocatoria de la CGT, ambas CTA y la UTEP.
Acerca del Foro Economía y Trabajo
Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, lo que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.
