Edición n° 2796 . 18/07/2024

Argentina: Milei viene por la reforma laboral

Diego Lorca*/

El presidente Javier Milei estuvo a cargo el viernes 1 de marzo de la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación desde las 21 horas. Como venimos advirtiendo desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza y desde las medidas de licuación salarial del Ministro Luis “Toto” Caputo: ¡vienen por los salarios y por las jubilaciones!. 

Con su histrionismo político, acompañando un discurso económico tecnocrático, le presidente intentó correr el foco de su principal objetivo: la reforma laboral y previsional. 

El fin (de la casta empresarial) justifica los medios

Mientras el nivel de pobreza en Argentina alcanzó en el mes de febrero casi un 60%, el Gobierno a través de “el Messi de la finanzas” Caputo, anunció con bombos y platillos como su gran triunfo el superávit financiero durante el mes de enero en el Sector Público Nacional que registró $518.408 millones de pesos a favor. Esto fue muy celebrado por el Presidente en  su red social X: «VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! El déficit cero no se negocia. VIVA LA LIBERTAD CARAJO». 

Pero la discusión no puede ser déficit cero si o déficit cero no, porque eso es una antinomia que no nos acerca a la solución de los problemas del país. Mientras el beneficio tributario en Argentina – un régimen especial de exención impositiva a empresarios, terratenientes y mineras – continúa siendo del 4,9% del PBI, el ajuste se concentró principalmente en los trabajadores, jubilados y los sectores en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo grosero de estos “planeros” a gran escala es el de Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre quien recibe 100 millones de dólares por año de las arcas nacionales. ¡Si, el hombre más rico de Argentina recibe y seguirá recibiendo subsidios del Estado!. 

Para desglosar cuáles son los sectores que sufrieron los recortes, vamos a tomar un informe sobre ingresos y egresos del sector público nacional durante el mes de enero realizado por el  Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en donde se confirmó que el superávit fiscal lo explican los jubilados y pensionados (32,9%), gastos de capital (17,6%), subsidios económicos (16,8%), salarios (12,6%), entre otros.

En relación al debate sobre las variables macroeconómicas que intervienen en el desarrollo económico de un país y que trabajamos en profundidad en “Las falacias de Milei que rodean al DNU”, venimos reiterando que el déficit fiscal no es garantía del bienestar de un pueblo ni motor del desarrollo económico. Según una  publicación de The Economist, el medio británico que informa regularmente los principales indicadores económicos de 43 paises entre los que incluye a la Argentina, sólo 5 países no tienen déficit fiscal, estos son: Noruega, Dinamarca, Arabia Saudita, Israel y Chile. 

Entonces, ¿existe incompatibilidad entre déficit fiscal y desarrollo económico?: la respuesta que nos arroja la realidad social es que no. Para agregar; del conjunto de países del G20, 15 países registraron déficit fiscal durante los últimos diez años. Entre ellos se incluye Estados Unidos, la primera potencia mundial y la referencia internacional del Presidente Javier Milei. Los seis países con superávit o equilibrio fiscal en dichos 10 años fueron: Corea del Sur, Kuwait, Macao, Nauru, Noruega y Singapur. Incluso los países latinoamericanos que dolarizaron su economía como Ecuador y El Salvador, registran déficit fiscal.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Argentina tuvo sólo seis años de superávit fiscal en los últimos 63 años y fue entre 2003 y 2008. (Es necesario recordar que dicha interrupción del desarrollo económico se debió fundamentalmente a la gran crisis financiera del 2008 que afectó todas las economías del mundo)

La licuación del salario y los despidos masivos como táctica de gestión

La histórica devaluación del Gobierno Nacional del 118% y el aumento inflacionario superior al 50% en los primeros dos meses de gobierno, sumado a las consecuencias económicas producto de la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, trajeron consecuencias catastróficas en el poder adquisitivo de los salarios de la clase trabajadora argentina. Según un estudio del  Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) titulado “La licuadora salarial”, y realizado en base a datos oficiales, solo en el mes de diciembre las y los trabajadores estatales perdieron un 16%, los salarios del sector privado registrado un 11%, y quienes trabajan de manera informal perdieron un 14%. 

La pérdida de la masa salarial para el conjunto de estos trabajadores en el primer mes del Gobierno de La Libertad Avanza totalizaron los $1.128.278.000.000, o lo que es lo mismo 1.128 millones de dólares.

El informe también menciona que “la mayor parte de esos 1,65 billones fueron ganancia adicional para exportadores, alimenticias, energéticas y otras”. Esto puede verse en las crecientes ganancias de las empresas alimenticias (Molinos, Ledesma, Mondelez), las cadenas de supermercados (Coto, Chango Más, Cencosud), las energéticas (YPF, Shell, Edesur, Edenor) y una larga lista que nuclea a la casa económica que se beneficia a costilla de la pérdida salarial. 

En este contexto, la semana pasada fracasó la mesa que reúne a Gobierno, empresarios y sindicatos para discutir el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual sirve de referencia base para todos los trabajadores. La Central General de Trabajo de la República Argentina (CGT), y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores)  solicitaban un aumento del 85%, acorde a la inflación que ya acumula un 50% en los dos primeros meses de gobierno, pero el gobierno Nacional en la primera reunión ofreció un 18% que fue rechazado, y terminó decidiendo unilateralmente un aumento del 30% en dos cuotas ante la falta de acuerdo. De esta manera el SMVM aumentará a 180 mil pesos en febrero y a 202.800 pesos en marzo, lo que representa una pérdida de alrededor de 20 puntos respecto a la inflación. 

Las condiciones políticas y económicas generadas por el actual Gobierno de Javier Milei abonaron un terreno fértil para cesantías de puestos de trabajo en empresas privadas de todas las latitudes. Esta semana se dió a conocer el despido del 10% de la planta de trabajadores de la Fábrica de zapatillas Topper de la localidad de Aguilares, provincia de Tucumán, dejando a 85 familias sin sostén económico. También producto de la paralización de la Obra Pública ya son 150.000 los trabajadores despedidos de la construcción y se estima que en los próximos días la cifra trepe a 300.000 trabajadores y trabajadoras sostenes de hogar. 

También la importante empresa siderúrgica Acindar del Grupo Arcelor Mittal, anunció su decisión de detener la producción a finales de marzo en sus cuatro plantas ubicadas Villa Constitución (Santa Fe), San Nicolás (Buenos Aires), La Tablada (Rosario) y Villa Mercedes (San Luis), con el objetivo de ajustar gastos y reducir sus equipos de trabajo, justificados en una caída económica del 40% en sus ventas.

La industria automotriz fué la primera que mostró indicadores del “industricidio anunciado”, primero Toyota y ahora FIAT, decidió reducir la producción de su planta de Córdoba por la caída general de ventas del 33% en enero y la falta de dólares, mientras en otros casos las terminales siguen paralizadas, como General Motors, en Santa Fe; Volkswagen, en Pacheco; y Renault y Nissan, en Córdoba.

Conclusiones

A todo lo anterior se suma que esta semana, La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) informaron que se presentaron el martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para expresar su apoyo a la reforma laboral decretada por el presidente Javier Milei. Allí pidieron que la Corte Suprema revoque la cautelar de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la deje sin efecto. Las entidades registraron ante el Alto Tribunal un escrito en apoyo al decreto que impulsa el Gobierno del mismo modo a lo actuado anteriormente por la UIA, la CAC y otras entidades del interior del país.

Mientras Milei hace alarde de la motosierra, esconde la licuadora de Caputo, mientras hacen alarde de ajustar a la casta, ajusta a trabajadores y jubilados, mientras dicen que están arreglando el país, lo están fundiendo. Seguirán repitiendo su falacia de que la legislación laboral impide la creación de puestos de trabajo y seguiremos repitiendo que lo que facilita la creación de trabajos bien remunerados son las políticas económicas de protección del trabajo y la industria. Las falacias que rodean el discurso y la política económica de Milei se objetivan rápidamente en mayor pobreza, en salarios miserables, en menos derechos laborales y en una crisis generalizada que el pueblo trabajador ya no resiste.

Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro – OITraF, Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.