(*Emilia Trabucco) Esta semana, la primera de 2026, la Argentina afronta un vencimiento externo de gran magnitud que vuelve a poner en primer plano el rumbo del programa económico del gobierno de Javier Milei. En los próximos días deberán pagarse alrededor de USD 4.200 millones, correspondientes a cupones y amortizaciones de bonos soberanos (Bonares y Globales) y obligaciones bajo ley extranjera. Este pago inaugura un calendario anual de compromisos externos que, según estimaciones oficiales y privadas, alcanza casi USD 19.500 millones durante 2026, en una economía con reservas netas prácticamente agotadas y sin acceso genuino al financiamiento externo, aunque el endeudador serial Luis Caputo, el ministro de Economía, intente una narrativa en sentido contrario.
La reacción oficial combinó dos movimientos complementarios. Por un lado, la reafirmación política del pago como prioridad absoluta —“Argentina va a pagar”, afirmó el Presidente—, intentando además minimizar la tensión. Por otro, la activación de instrumentos financieros de corto plazo para reunir divisas sin utilizar reservas visibles del Banco Central. Sin embargo, lejos de tratarse de una solución coyuntural, esta estrategia se apoya en nuevo endeudamiento previamente emitido.
Un antecedente central se produjo a fines de diciembre de 2025, cuando el Gobierno emitió deuda por aproximadamente USD 9.000 millones para garantizar operaciones financieras futuras, entre ellas el préstamo REPO utilizado para cubrir el vencimiento de enero. El 30 de diciembre, el gobierno le asignó bonos al BCRA para ser usados como garantía del crédito puente que estaba en negociaciones con el consorcio de bancos comerciales. En otras palabras, el acceso al REPO no fue posible sin ampliar el endeudamiento público y comprometer activos como respaldo frente a los acreedores.
Sobre esa base se estructuró el préstamo por USD 3.000 millones, acordado por el Banco Central con Bank of China, JP Morgan, BBVA, Deutsche Bank, Santander y Goldman Sachs, a un plazo de 372 días y a una tasa equivalente a SOFR más 400 puntos básicos, cercana al 7,4% anual. Este dato no es menor; el Estado se endeuda a una tasa superior a la de los bonos que está pagando, profundizando el costo financiero del esquema y consolidando un circuito de refinanciación permanente.
La finalidad inmediata de esta ingeniería es evitar una caída visible de las reservas brutas que impacte sobre el mercado cambiario. Sin embargo, es importante señalar dos problemas estructurales que el gobierno intenta ocultar. Primero, reemplazar vencimientos con endeudamiento de corto plazo (préstamos REPO, emisiones temporales) no reduce el stock de deuda ni alivia la restricción externa, reordena plazos, eleva intereses y traslada el ajuste hacia adelante. Segundo, las garantías exigidas por los “prestadores”, operaciones de este tipo implican garantías y cláusulas extorsivas, que comprometen activos públicos y condicionan políticas futuras. Sobrados ejemplos tenemos en el país y en la región.
A este cuadro se suma el calendario de pagos con el FMI, que durante 2026 obliga al país a afrontar pagos netos por alrededor de USD 2.600 millones al organismo, además de los compromisos con bonistas privados, el Club de París, otros organismos internacionales, Bopreales y los propios préstamos REPO del BCRA. En total, el año concentra vencimientos por cerca de USD 19.500 millones, en un contexto de déficit estructural de divisas.
Este esquema no puede analizarse al margen de su dimensión geopolítica y la situación general en América Latina y el Caribe. El programa económico del gobierno argentino cumple a rajatabla las exigencias impuestas por Estados Unidos, y su consecuente conversión en un protectorado. El contraejemplo explícito es la estrategia del imperio norteamericano sobre Venezuela, con invasión militar y secuestro de su presidente y la primera dama por “incumplir” la orden de sumisión y entrega de sus recursos estratégicos. Por vía económica, diplomática o militar, el objetivo es el mismo. En ese marco, el alineamiento del gobierno argentino con Washington se traduce en la aceptación del endeudamiento disciplinador como forma de inserción subordinada en el orden regional.
Ese alineamiento convive, sin embargo, con tensiones materiales. A pesar de la retórica “anticomunista” del oficialismo mileista, no resulta viable romper la relación con China, segundo socio comercial del país y actor central en el sostenimiento financiero. La participación del Bank of China en el REPO y la necesidad de mantener y refinanciar el swap de monedas revelan una dependencia contradictoria, subordinación política a Estados Unidos y dependencia financiera de China para evitar una crisis inmediata de divisas.
Pagar la deuda es hoy la prioridad explícita del Gobierno. Pero, como advierte el economista Raúl Dellatorre, cuando la economía se organiza en función del pago permanente, el ajuste se vuelve norma y el endeudamiento deja de ser un recurso excepcional para transformarse en organizador del modelo de país. El resultado es una estructura en la que los recursos generados por el trabajo y la producción se orientan crecientemente al servicio de la deuda, mientras las mayorías trabajadoras absorben el costo mediante la pérdida sostenida de ingresos reales, el deterioro de derechos y el vaciamiento de la capacidad estatal para garantizar la justicia social.
De cara a 2026, el Gobierno apuesta a administrar el calendario financiero mediante endeudamiento adicional a tasas más altas que las de la deuda que cancela, uso intensivo de garantías públicas y subordinación geopolítica. Las consecuencias recaen como de costumbre de manera directa sobre las mayorías trabajadoras; caída del poder adquisitivo, precarización laboral y degradación de los servicios públicos. El endeudamiento se consolida así como eje estructural del programa económico – si es que pedir deuda para pagar deuda puede considerarse un programa económico – habilitando una transferencia brutal de ingresos desde el trabajo hacia el capital financiero y sentando las bases de una nueva arquitectura del poder y del trabajo, marcada por mayor desigualdad social y dependencia extranjera.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
