(Por Redacción EDA)
El escenario social y económico que atraviesan los trabajadores argentinos combina variables que, de conjunto, configuran uno de los escenarios más complicados de los últimos años, en las antípodas de los supuestos éxitos que pregona el oficialismo. Los dos años de Gobierno de Javier Milei nos muestran una sostenida crisis de ingresos que derivó en récords de morosidad de familias y empresas, una inflación que hace meses viene recuperándose y se mantiene en torno a los tres puntos mensuales, y un desempleo que vuelve a crecer con fuerza y que ya no alcanza a ser absorbido por el monotributismo y los trabajos precarios.
Según datos oficiales difundidos en las últimas horas por el cuestionado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la desocupación escaló al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa casi 1,7 millones de personas sin trabajo. La cifra marca un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, cuando el índice era del 6,4%. Comparada con el último trimestre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia con una desocupación del 5,7%, la suba acumula 1,8 puntos porcentuales en dos años de gestión libertaria. El deterioro es especialmente marcado entre los jóvenes: el desempleo en mujeres de menos de 30 años trepó al 16,8% y en varones jóvenes al 16,2%, ambos con subas de más de 4 puntos en un año.
Pese a la desaceleración que el gobierno exhibe como logro central de su mandato, la inflación sigue siendo un problema estructural de primer orden. Con un registro del 2,9% mensual en febrero de 2026, Argentina se consolida en el segundo puesto del ranking regional de inflación, solo superada por Venezuela, y mantiene una brecha significativa respecto al resto de las economías del Cono Sur, donde las variaciones se ubican mayoritariamente por debajo del 1% mensual. En el plano global, el FMI ubicó a la Argentina en el sexto lugar entre los países con mayor inflación del mundo en 2025, con una tasa del 41,3%, solo por detrás de Irán, Sudán, Zimbabue, Sudán del Sur y Venezuela. Los rubros que más golpean a los sectores de menores ingresos son precisamente los que más aumentaron: alimentos y bebidas, transporte y tarifas de servicios del hogar, ítems que absorben la mayor parte del gasto de las familias trabajadoras.
El endeudamiento familiar acompaña este cuadro con números que no tienen precedente en la historia reciente. La morosidad en los créditos hogareños llegó al 9,3% en diciembre de 2025, el nivel más alto desde 2010, que es hasta donde llegan los registros del Banco Central, multiplicándose por 3,7 en apenas doce meses. Si se amplía la mirada más allá de la banca tradicional para incluir a las fintech, tarjetas de supermercado y otras entidades no bancarias, el índice de irregularidad trepa al 24,6%. Más de 20,5 millones de adultos argentinos tienen actualmente algún tipo de financiamiento activo, y una de cada cuatro personas endeudadas enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones. El mecanismo que explica este deterioro es claro: frente a la caída del poder adquisitivo, las familias recurrieron al crédito para sostener el consumo cotidiano, pero con tasas de interés reales positivas, las deudas ya no se licúan con la inflación y la carga financiera crece mes a mes sin que los ingresos la acompañen.
A este panorama se suma la desarticulación de programas sociales y laborales. En estos días, el gobierno de Milei dio de baja el plan «Volver al Trabajo» y otros programas de sostenimiento del empleo y la actividad productiva, en el marco de un ajuste del gasto social que afectó especialmente a los sectores más vulnerables. La eliminación de estos instrumentos, combinada con la caída del consumo y el cierre de empresas, dejó a miles de trabajadores sin redes de contención en el momento de mayor fragilidad. La actividad económica interanual cayó en prácticamente todas las provincias, y el tejido productivo acusa un deterioro que los indicadores de crecimiento del PBI no logran ocultar.
El conjunto de estas variables —desempleo en alza, inflación entre las más altas del mundo, morosidad en niveles históricos y programas sociales desmantelados— dibuja un escenario que varios economistas definen como peor que el de la pandemia en términos de impacto sobre los ingresos y la calidad de vida de los sectores trabajadores. La diferencia central es que en 2020 existían políticas activas de emergencia para amortiguar el golpe, mientras que en la actualidad el ajuste baja desde el Gobierno.
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