(*Emilia Trabucco)
Tras seis meses de gobierno y largas jornadas de negociación, se aprobó la Ley Bases y el Paquete Fiscal por amplio margen en la Cámara de Diputados, con una plaza casi vacía, un nuevo despliegue de las fuerzas de seguridad y una antesala marcada por un brutal operativo represivo -que cuenta aún con 5 detenides de forma ilegal- en el marco de la movilización popular durante el tratamiento de la ley en Senadores.
El apoyo de los bloques de oposición “dialoguistas” explicaron el triunfo del gobierno libertario: la Ley Bases se aprobó con 147 votos positivos y 107 negativos y 2 abstenciones; el rechazo provino nuevamente de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. Un resultado que amplió la diferencia respecto de la votación de la media sanción original, aprobada el 30 de abril pasado. Esta diferencia se explica con los tres votos positivos de Unión por la Patria: Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Este trío se había abstenido en la sesión de abril, al igual que Paula Oliveto (Coalición Cívica), quien también votó esta vez a favor.
En el radicalismo las defecciones fueron menores a las esperadas; de los 34 integrantes de la bancada, los mismos 8 que votaron en contra en abril pasado replicaron su postura en esta oportunidad: Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz.
Cabe resaltar la aprobación del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, ambos capítulos del paquete fiscal ampliamente rechazados en la Cámara de Senadores, hecho contrario a la propia Constitución Nacional que en su artículo 81 reza: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Resta ver qué escenario dibujan las organizaciones sociales y sindicales en este sentido, ya que 800.000 trabajadores volverán a pagar el impuesto al salario.
La votación en el recinto de Diputados transcurrió sin que ningún medio de comunicación pusiera el tema en la centralidad de la agenda pública. De manera lamentable, se asistió a la espectacularización del caso de desaparición de un niño en Corrientes, con un militar retirado y una funcionaria en la mira bajo hipótesis de trata de personas y dudas sobre el accionar de un Estado desfinanciado, que permite suponer su complicidad. Hay que agregar que bajo la falsa preocupación del Ejecutivo a través de su ministra de Seguridad, el paquete legislativo que acaban de aprobar favorece el accionar de las redes de trata, desarmando los ya pocos controles del flujo de dinero ilegal, punto central para operar con impunidad.
Y no es casual tampoco que el tratamiento y la aprobación de la ley cursó en paralelo con el inicio al juicio oral por el intento de magnifemicidio de la ex presidenta Cristina Kirchner, donde solo sentaron en el banquillo a los responsables materiales, ultimo eslabón de un entramado mafioso y un proceso judicial más que cuestionable, donde desaparecieron las responsabilidades demostradas de quienes hoy ocupan puestos el gobierno, principalmente la ministra Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo y su familia, y La Libertad Avanza, cuyos exponentes han dado pulseras vip a los militantes libertarios de la agrupación involucrada en el atentado a la vida de la ex presidenta, e incluso fueron nombrados en cargos de gestión.
Los verdaderos ganadores de la aprobación del paquete legislativo fueron los sectores económicos concentrados, tanto internacionales como locales, que aumentaron su poder de intervenir en la política estatal. Lo cierto es que dichos sectores fueron los que arrebataron el triunfo al Congreso pero también al gobierno: dichos sectores no conocen límites cuando se trata de maximizar sus ganancias, por lo que es de esperar que sigan presionando y debilitando al Ejecutivo si no consideran que responde a sus intereses.
Esto puede explicar por qué desde las filas libertarias no se mostraron públicamente demasiado exultantes ante el resultado, mostrando preocupación desde la cartera de Economía ante un panorama de estabilidad que no logran alcanzar. Aunque el Fondo Monetario Internacional festejó la votación de la ley a través de su portavoz Julie Kozack, sigue presionando al gobierno de Milei, principalmente en relación a resolver la salida del cepo cambiario, con rumores de pedidos de devaluación.
Al día siguiente de la votación de la ley, el ministro de Economía Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, realizaron una conferencia de prensa, con un mensaje claramente dirigido al FMI, no a les argentines. El mensaje político al interior del país consistió en desmentir nuevamente que el Fondo está presionando una devaluación, como analiza el economista Raúl Dellatorre. Ello en un contexto de preocupación por la falta de dólares y las reservas del Banco Central por las inversiones que no llegan y la negativa del campo a liquidar las divisas, con incapacidad de resolver la brecha cambiaria por la presión ejercida desde el aumento del dólar paralelo.
Ambos funcionarios expusieron que no va a haber devaluación, que siguen en el camino de ajuste monetario y fiscal y que por ahora no hay levantamiento de restricciones cambiarias (cepo), hasta que se estabilicen las variables macroeconómicas. Desde el gobierno son conscientes de que la eliminación del cepo producirían una estampida inflacionaria y cambiaria, y por ende, un impacto en la economía local que llevarían a elevar exponencialmente los niveles de conflictividad social, como explica Dellatorre.
Todo hace prever que el programa digitado por los sectores económicos concentrados sigue en marcha, y que el esperado bienestar para los y las trabajadoras no va a llegar, a pesar de las promesas falsas del gobierno. Es una realidad que aún sin la Ley Bases y el Paquete Fiscal aprobados, su programa viene siendo ejecutado con velocidad, con un mega DNU vigente y una batería de medidas que ya muestran sus resultados: un combo explosivo de hiper recesión y destrucción del poder adquisitivo de las mayorías trabajadoras, que configura la radiografía social más desigual en 20 años, como muestra el INDEC a través del coeficiente de GINI.
Gracias a este entramado de poder económico-mediático-judicial avanza el plan sistemático de un programa antipopular y reaccionario que se ha hecho del control del Estado en una trayectoria donde su estrategia apuntó a fragmentar la organización del campo popular, a fuerza de empobrecimiento, represión, persecución y una construcción del sentido común que apunta a la hiper fragmentación social, donde la pandemia fue el caldo de cultivo por excelencia para el avance de su plan. Como dijo el propio presidente Milei en su gira por Europa: “con la llegada de la pandemia, el COVID y las cuarentenas cavernícolas se produjo una reivindicación de las ideas de la libertad”.
La plaza casi vacía en el día del tratamiento del paquete legislativo es un síntoma del estado actual del arco de organizaciones que representan los intereses de las mayorías y la capacidad política para frenar el avance del programa de gobierno. Los bloques “dialoguistas” están siendo los garantes de dicho avance, ya que fueron quienes entregaron sus votos a cambio de acuerdos económicos, dádivas e intereses de sostener los quioscos propios, acompañado a un fuerza política que llegó al Ejecutivo con debilidad en su representación legislativa. Ello a pesar de que algunos sectores intentan seguir demostrando que representan los intereses de les argentines, quienes con su voto les delegaron su representación.
En un contexto de brutal empobrecimiento y persecución a les dirigentes sociales que se enfrentan al gobierno e intentan rearticular el proyecto popular, preocupa la foto que mostró los equipos económicos del “peronismo” reunidos, con Guillermo Moreno, Ángel Picheto (que acompañó la Ley Bases), hasta representantes de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Juan Grabois. Una foto que en este escenario representa un mensaje político, encabezada en su totalidad por hombres y mostrando nuevamente la posibilidad de la unidad a cualquier costo, una salida que ya demostró su fracaso político. Hay que agregar el silencio de muchos dirigentes ante el juicio oral que se desarrolla por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.
El malestar social va en aumento en un escenario donde la esperada estabilidad económica y política no llega, situación que preocupa a un gobierno que solo busca cumplir con las exigencias de los actores económicos. La profundización de la pobreza, el desempleo y la retirada del Estado frente a las urgencias de les argentines va generando las condiciones de posibilidad de socavar el proyecto de gobierno. Pero si las organizaciones populares no logran hacer síntesis de las demandas y construir una direccionalidad que canalice el descontento, las consecuencias las seguirá pagando el pueblo argentino. La concertación como salida se muestra cada día menos efectiva a pesar de sectores que buscan los consensos y la sociedad expresa estar esperando un cambio radical, pero que esta vez represente realmente sus intereses y ofrezca un horizonte estratégico donde sea posible vivir mejor.
*Psicóloga, Magister en Seguridad de la Nación. Analista de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
