Un golpe que impacta al trabajo santafesino

Nación habilitó el ingresó de maquinaria usada al país y los industriales de la provincia rechazaron la medida. Sostienen que pone en riesgo puestos de trabajo.

El gobierno nacional habilitó el ingreso de maquinaria usada al país y desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias que podría tener en la provincia. Desde el organismo señalaron que la medida no solo deja sin efecto “requisitos mínimos de trazabilidad y seguridad” respecto a los equipamientos que ingresen, sino que además impacta de lleno en el desarrollo de los polos productivos regionales. “Desde Fisfe creemos en la necesidad de políticas industriales que promuevan un crecimiento sostenido y con visión de futuro”, advirtieron por medio de un comunicado. En una misma línea se pronunció Rafael Catalano, referente de la Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario: “El que más va a salir perjudicado es el trabajador”.

La decisión del gobierno, que había sido anunciada meses atrás por diversos funcionarios, se terminó de oficializar este miércoles con la publicación del decreto 273/2025, que dispone una serie de modificaciones al Régimen de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados, eliminando la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). Se trata de un instrumento creado en 1994 y que prohibía la importación de bienes de capital usado, con el fin de proteger algunos sectores de la industria nacional.

Por el contrario, entre los considerandos del decreto el gobierno explica que la medida permitirá “profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”. En sus redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger se refirió al CIBU como un “trámite absurdo” para los productores: “No permitir que sus trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es, sencillamente, cruel”.

Sin embargo, la mirada de gran parte del sector industrial dista bastante de la que maneja el gobierno. Por medio de un comunicado, desde Fisfe manifestaron su preocupación por la entrada en vigencia del decreto: “A partir de esta medida, se dejan sin efecto los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa, se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores”.

En el escrito, el organismo señala que la decisión, tomada sin instancias de consultas con los referentes del sector, expone a la industria de todo el país a una competencia desleal. “La industria santafesina —diversa, tecnológicamente activa y generadora de empleo calificado— ha invertido de manera sostenida en modernización, innovación y formación de recursos humanos”, expresa y agrega: “Medidas como esta no solo desincentivan esa dinámica virtuosa, sino que además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local”.

La preocupación de Fisfe tiene sus fundamentos. Santa Fe lidera la producción nacional de maquinaria agrícola, impulsado por el gran desarrollo del clúster conformado por las localidades de Las Parejas, Armstrong y Las Rosas. Pero además, la provincia cuenta con un entramado industrial metalmecánico con más de 2 mil fábricas, que generan más de 50 mil puestos de trabajo. “Este sector es un pilar del desarrollo federal, y medidas como la eliminación del CIBU ponen en riesgo su competitividad y su aporte al entramado productivo nacional”, sostiene el comunicado. “Desde Fisfe creemos en la necesidad de políticas industriales que promuevan un crecimiento sostenido y con visión de futuro”, se añade.

Por último, desde el organismo reforzaron el pedido para que el gobierno establezca “reglas claras” de juego que eviten “la degradación del sistema productivo mediante la incorporación de tecnologías obsoletas o en condiciones inadecuadas” en el país. “Solicitamos al gobierno nacional una revisión urgente de esta decisión, que atenta contra la industria local y contradice la visión de un país con desarrollo federal, producción nacional y generación de empleo genuino”, finaliza.

En Rosario

Por su parte, desde AIM Rosario cuestionaron la decisión del gobierno e incluso refutaron los argumentos que llevaron a su implementación. “Que entren bienes usados no significa que habrá una mayor competitividad”, evaluó Catalano, en diálogo con radio Nacional Rosario “Esto impacta sobre el sector de fabricaciones de bienes de capital. Es una medida que normalmente la toman países que no fabrican estos bienes y por eso corren otro tipo de riesgos, como poder traer máquinas obsoletas. En el sector de maquinaria agrícola no sabemos con qué tipo de controles vienen. Hay un montón de complejidades que surgen en base a esto”, añadió.

El dirigente señaló que aún están evaluando el posible impacto de la medida en la región, pero advirtió que es toda una complicación para la industria local. “Es una manera más de desmotivar a la inversión y el que más sale perjudicado es el trabajador. No pasa tanto por las empresas o los usuarios de maquinarias, sino por el empleo y el trabajo de los argentinos”, cuestionó. “Hoy el sector metalúrgico de Rosario genera 23 mil puestos de trabajo en toda la región”, recordó. 

Asimismo, Catalano indicó que la regulación terminó siendo más amplia de la que se esperaba y comparó con las trabas que hoy tiene el sector para vender al exterior: “Para exportar un producto que lleva una tarima de madera necesitamos un certificado del Senasa, no podemos enviar una tarima usada. En algo tan simple como una tarima tenemos que tenerla certificada y que cumpla con todos los requerimientos sanitarios para no llevar una peste a otro país. Y acá estamos hablando de máquinas y bienes usados que no sabemos que tipos de controles se están usando”.

Por último, el referente industrial rosarino reclamó “políticas largo plazo” que permitan un desarrollo sostenido del sector. “Lo que decimos es poder prepararnos para competir en igualdad de condiciones. Acá nos están subiendo al ring con los brazos atados y sin entrenar”, sostuvo. “Hoy tenemos una carga impositiva de entre el 30 y 40 por ciento puntualmente en bienes de capital y maquinaria agrícola. ¿Por qué no bajan esa carga si vamos a ser más competitivos también?”, finalizó.