(Por Estefanía Cendón/Edición general Héctor Sosa) En diálogo con el ingeniero en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alfredo Moreno, el rol de los estados y los sindicatos en la regulación de la IA, su impacto en el mercado laboral y la relevancia de los datos. «La brecha digital no se refiere a quién posee los datos, sino a quién puede ponerlos a trabajar, es decir: mercantilizarlos».
«Los riesgos de un tecno-optimismo que ignore las consecuencias sociales de la automatización, sin regulaciones adecuadas y entrega de recursos naturales, configuran resultados políticos donde la IA podría consolidar un modelo económico en el que una minoría concentre el desarrollo y beneficios de la tecnología, mientras la mayoría ve deteriorarse sus condiciones laborales», respondió Moreno, al ser consultado sobre el posible impacto de la IA en el ámbito laboral.
¿Cuál es el camino viable para revertir este presente/futuro posible? «Si se diseñan políticas de acceso a la educación digital y se fomenta la innovación y la producción local, la IA también puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad del empleo, aumentar la competitividad del país y producir soberanía tecnológica», reflexionó el analista de contextos digitales.
«La propiedad de los datos puede ser un mal punto de partida para la gobernanza de los mismos, incluso puede confundirnos sobre su tratamiento y regulación. La cuestión no es quién es el dueño de los datos, ya que en última instancia todos los somos», señaló el docente universitario, para luego poner en contexto: «La cuestión es preguntarnos quiénes son los dueños de los medios para el análisis de los datos, cómo se obtiene información correcta en el lugar adecuado».
En esta segunda parte de la entrevista realizada al referente de ARSAT, las definiciones que ayudan a comprender cómo se define la soberanía digital de una nación. «Lo que está en juego en toda esta transformación es la calidad de vida que tendremos los seres humanos en el nuevo orden social capitalista», concluyó.
MOTOR ECONÓMICO: ¿En qué términos los estados deberían definir un marco regulatorio para la IA? ¿Cuáles son los actores que deben contemplarse?
Alfredo Moreno: Argentina tiene que sumarse a la presentación de La coalición por la Soberanía Digital Democrática y Ecológica (DDES, por su sigla en inglés) que propone “Recuperar la soberanía digital. Una hoja de ruta para construir un ecosistema digital para las personas y el planeta”. Sus principales autores formalizan una serie de propuestas políticas y presentan una agenda de reformas progresivas para fortalecer la soberanía digital para las personas y el planeta.
Las tecnologías digitales o las conocidas TIC (Tecnologías de Informática y Comunicaciones) son fundamentales para el buen funcionamiento de las sociedades modernas, pero la forma en que actualmente se organiza su desarrollo y despliegue promueve la centralización económica y una dinámica de «el ganador se lo lleva todo», que va en contra del interés público.
Dado el alto costo de desarrollar estas tecnologías, su relevancia y su huella ecológica, disponer de un plan para un modelo alternativo requiere que los Estados intervengan y diseñen instituciones públicas multilaterales con autonomía de gobiernos específicos que puedan proporcionar infraestructuras y servicios digitales esenciales como servicios públicos o bienes comunes construidos a través de la cooperación internacional.
ME: ¿Qué posibilidades se abren a partir de esta propuesta?
AM: Se presentan cuatro propuestas. En primer lugar, ofrecer un ecosistema digital democrático y liderado por el sector público, que deberá incluir: Infraestructura digital como servicio (para el entrenamiento, procesamiento y desarrollo de soluciones digitales), proporcionada por consorcios internacionales no lucrativos y democráticos; plataformas universales, tales como motores de búsqueda y modelos fundacionales de IA, que deben ser bienes comunes gobernados por nuevas instituciones públicas con representación estatal y de la sociedad civil; y un marketplace público donde las empresas puedan ofrecer sus servicios tecnológicos y digitales. Para garantizar la existencia de demanda, los estados deberán abastecerse de este mercado digital y finalizar los contratos que tengan con las grandes empresas tecnológicas.
En segundo lugar, se propone elaborar una agenda de investigación centrada en desarrollos digitales que no estén impulsados por modas o presiones asociadas al solucionismo tecnológico, sino que tengan el potencial de resolver problemas colectivos y mejorar las capacidades humanas. Esta agenda deberá considerar los impactos éticos, económicos, ecológicos y políticos del desarrollo y la adopción de la tecnología, incluidas las aplicaciones de la IA. También deberá inspirarse en el abordaje de los principales desafíos globales de forma holística, interdisciplinaria y sin ánimo de lucro. Para ello, redes públicas de conocimiento lideradas por una nueva agencia pública internacional de investigación (o agencias regionales) podrían contrarrestar la creciente concentración de la ciencia privada y cerrada.
Otra de las propuestas es fundamentar la soberanía digital en un internacionalismo ecológico que rechace la idea de soberanía como un campo de batalla entre países, ya que esto ignora que los actores dominantes hoy no son solo estados poderosos, sino también corporaciones líderes. El anclaje de la soberanía digital en un internacionalismo ecológico podría promoverse con un Movimiento Digital de Países No Alineados, que reconozca que las agendas tecnológicas nacionalistas agravan el colapso ecológico y exacerban el subdesarrollo.
Finalmente, se propone establecer mecanismos estrictos en cada paso para desmantelar las formas existentes y potenciales de vigilancia estatal o apropiación indebida de soluciones colectivas por parte de cualquier gobierno. Los acuerdos multilaterales sobre principios y normas para internet son salvaguardas indispensables para construir instituciones y soluciones autónomas y gobernadas democráticamente.
Para complementar y facilitar todo lo anterior, se define una estrategia para la readaptación a la era digital de las autoridades de defensa de la competencia y la implementación de medidas para regular y gravar adecuadamente a las empresas tecnológicas dominantes.
ME: ¿Cuál es el impacto que tiene actualmente y que puede alcanzar la IA en el ámbito laboral?
AM: Los riesgos de un tecno-optimismo que ignore las consecuencias sociales de la automatización, sin regulaciones adecuadas y entrega de recursos naturales; configuran resultados políticos donde la IA podría consolidar un modelo económico en el que una minoría concentre el desarrollo y beneficios de la tecnología, mientras la mayoría ve deteriorarse sus condiciones laborales.
En el contexto argentino, donde el desempleo y la informalidad siguen siendo desafíos estructurales, la implementación de IA sin una estrategia inclusiva y soberana podría generar una mayor desigualdad y profundizar el colonialismo digital. Sin embargo, si se diseñan políticas de acceso a la educación digital y se fomenta la innovación y producción local, la IA también puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad del empleo, aumentar la competitividad del país y producir soberanía tecnológica.
ME: ¿Existe algún mecanismo que mida la implementación de la IA en el mercado laboral?
AM: El informe «Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en el empleo asalariado registrado del sector privado», producido en diciembre de 2023 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realiza una evaluación preliminar sobre el impacto de los Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLM) en el mercado laboral, se calcula la vulnerabilidad de diversas ocupaciones al riesgo de automatización a través de la IA, basándose en la proporción de tareas susceptibles de ser automatizadas.
Los resultados indican que el 54% del empleo formal en el sector privado, equivalente a aproximadamente 3,01 millones de empleos, se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por IA generativa. Además, se observa que la mayoría de las actividades en el mercado laboral asalariado se ven complementadas por los LLM, lo que sugiere un potencial aumento en la productividad laboral.
Aunque estas proyecciones asumen una adopción total de los LLM, la realidad se verá influenciada por la inversión en innovación, la reestructuración de la producción y el trabajo, así como por las políticas públicas implementadas para facilitar la transición del mercado laboral hacia una nueva era basada en el uso intensivo de la IA.
ME: ¿Qué repercusiones puede tener este contexto?
AM: Este escenario laboral tendrá repercusiones directas en las múltiples dimensiones que definen al trabajo humano, entre las cuales se encuentran las competencias y habilidades requeridas por el sector productivo, las condiciones laborales y la relación de fuerza entre el trabajo y el capital.
Los Modelos de Lenguaje a Gran Escala son aplicaciones avanzadas de la IA capaces de entender y generar lenguaje humano. Son especialmente útiles para tareas relacionadas con texto (Minería de Textos), como traducción, redacción, resúmenes y respuestas a preguntas. Además, pueden automatizar o complementar tareas realizadas por humanos, mejorando la eficiencia y productividad en ciertos procesos. Al trabajar en colaboración con las personas, permiten que los profesionales se enfoquen en aspectos más creativos y complejos de su trabajo.
En este contexto, se puede afirmar que la IA generativa (en particular los modelos LLM) tendrían la capacidad de sustituir y/o de asistir a un elevado número de tareas que configuran las ocupaciones de una proporción significativa del empleo registrado privado.
ME: ¿Cómo deberían actuar los sindicatos ante el escenario actual?
AM: Ante el nuevo escenario sobre la digitalización y automatización en el sector laboral que abren las tecnologías digitales, es fundamental que los sindicatos asuman un papel protagónico para asegurar que los trabajadores no sólo permanezcan en el mercado laboral, sino que también vean protegidos sus derechos. Las transformaciones del trabajo en la era de la Inteligencia Artificial (IA), demandan trabajadores con capacidades no conocidas hasta el presente.
La digitalización y automatización de las líneas de trabajo tradicionales y las producidas por el capitalismo digital crean las condiciones para que el trabajador este cada vez más monitoreado en sus actividades laborales locales en la empresa. Estas transformaciones producidas por la “datificación” en la gestión de los trabajadores conlleva a una vigilancia laboral cada vez mayor. Al extenderse más allá del lugar de trabajo y llegar a todos los aspectos de la vida del trabajador, este nuevo tipo de vigilancia es en gran medida obra del sector de cuantificación social.
Lo que está en juego en toda esta transformación es la calidad de vida que tendremos los seres humanos en el nuevo orden social capitalista. La captación de los datos personales a través del caché social y su almacenamiento para uso rentable posterior tiene importantes consecuencias para el mundo del trabajo, trabajadores y los consumidores.
ME: ¿Qué sucede con los datos?
AM: Los datos del mundo digital son presentados como un recurso sin dueño. A diferencia del concepto de propiedad de bienes físicos, en el que los propietarios suelen tener derechos exclusivos y control sobre los bienes, no aplica al caso de los intangibles como los datos. Pero la propiedad de los datos puede ser un mal punto de partida para la gobernanza de los mismos, incluso puede confundirnos sobre su tratamiento y regulación.
La cuestión no es quién es el dueño de los datos, ya que en última instancia todos los somos. La cuestión es preguntarnos quiénes son los dueños de los medios para el análisis de los datos, cómo se obtiene información correcta en el lugar adecuado. La brecha digital no se refiere a quién posee los datos, sino a quién puede ponerlos a trabajar, es decir: mercantilizarlos.
