La línea de financiamiento alcanzó a más de 37 mil trabajadores por un monto total de cerca de 4 mil millones de pesos, pero nunca superó el promedio de 6400 pesos por mes. “Tratamos de salir adelante con un estado que estaba presente en la virtualidad pero que físicamente no tenía respuesta”, afirmaron desde CONARCOOP.
El ministerio de Trabajo de la Nación presentó un informe en el que detalla el universo alcanzado por el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) y se relevó que fueron asistidas más de 37 mil personas con el beneficio, que el monto superó los 4 millones de pesos y que el promedio nunca superó los $6400 por mes por trabajador.
En comparación con los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el REPRO2, que son para empresas privadas y trabajadores en relación de dependencia, la inversión estatal fue de un 30% mayor a la que se hizo para el PTA.
En diálogo con ANSOL, Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), expresó: “No es justo un diferencial del 30% con capitales concentrados que no desarrollan las economías regionales, que trasladan sus rentabilidades al exterior y ante cualquier necesidad de ajuste lo hacen con el trabajador. Nosotros somos todo lo contrario”.
“Invertimos en nuestra comunidad, consumimos en la comunidad, somos referentes en las mismas y ese diferencial no debería de existir. Deberíamos apoyar la constitución de una entidad que nos represente. El INAES debería tener un rango de ministerio”, agregó.
En promedio, el programa asistió a los trabajadores con $4700 mensuales en el 2020, con $6400 en 2021 y con poco más de $3500 en este año, ya sin la Línea I Covid que permaneció durante el confinamiento estricto.
En paralelo, en 2020 el ATP tuvo una inversión de 237 millones de pesos repartidos en casi 3 millones de trabajadores con un promedio de $6600 mensuales y en 2021 el REPRO2 superó los 70 millones de pesos y alcanzó a 650 mil empleados de 42 mil empresas privadas con 9 mil pesos por mes a cada trabajador.
Al respecto, en diálogo con ANSOL, Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs (FACTA), explicó: “Esto tiene que ver con una concepción de carácter político-ideológico. Hay una idea equivocada acerca de que la economía solidaria o las cooperativas de trabajo son un ámbito de transición”.
“Es una mirada que atrasa. La economía social y solidaria ocupa un lugar importante en el mundo del trabajo y los funcionarios deben entender eso de una vez por todas para equiparar al trabajador cooperativo con los mismos derechos y asistencia del estado que uno del mismo rubro en relación de dependencia”, concluyó Tonarelli.
Sin embargo, el presidente de FACTA consideró que el programa funcionó: “Ha servido muchísimo pero hay que equiparar con los montos que reciben los demás trabajadores”.
En cuanto al diferencial, Martínez consideró que uno de los principales factores es la visibilidad que tiene el sector: “Creemos que es la gran discusión. Tenemos que insistir. Hay un desconocimiento del sector cooperativo de la diversidad de productos que ponen en la mesa de los argentinos, que hace que la comunidad entienda que las cooperativas somos el estigma de una economía de supervivencia o actividades fraudulentas”.
Y agregó: “Hay un no conocimiento del sector cooperativo y lo que representa en masa de trabajadores. Hay un censo del INAES que da cifras importantes de que uno de cada dos argentinos tiene relación con un actor de la economía social. Es la mitad de la población y a veces la desconoce”.
Por último, sostuvo: “Lo que termina demostrando esto es que los capitales concentrados reciben muchos más subsidios que las cooperativas y en la pandemia mucho más”.
