El Gobierno, con el sindicalismo de aliado, busca que los ceos se comprometan a moderar expectativas. Pulseada dificil: parte del campo ya decidió su oposición y tractorazos, las alimenticias presionan y los industriales, rehenes de la energía para crecer, son aliados circunstanciales. La cohesión política del Frente de Todos, a prueba en un tema caliente.
( Leandro Renou/ Página 12) Con un piso de inflación que hoy es superior al 50 por ciento, el Gobierno salió esta semana a poner el ancho de espadas en la primera mano: armó dos reuniones para lograr aval político del sindicalismo y del sector privado para bajar la tensión en los precios de manera drástica, y se firmó un documento en el cual los sectores se comprometieron a recomponer el salario.
Con la política por encima de las medidas, el Ejecutivo que conduce Alberto Fernández admitió que el problema es serio y ordenó a todo el Gabinete Económico a centrarse en ese tema casi de manera excluyente. «Hablamos de cómo bajar la inflación hasta cuando vamos a buscar el café», sintetizó una alta fuente oficial para resaltar la idea del Presidente. Pero lo que en los papeles se vislumbra como un intento ordenador, será una pulseada diaria con sectores del poder económico que se paran de manera diferente ante el reclamo de colaborar para salir del atolladero. Hoy, el escenario muestra niveles de apoyo relativos, con el campo primario tensionando y muy intervenido por la política partidaria, la industria obligada a acordar para no ceder crecimiento y las alimenticias que, en las últimas dos semanas, volvieron a amenazar con aumentos luego de la tregua post remarcaciones preventivas.
Asimismo, este contexto es un desafío para la interna oficial del Frente de Todos, que lo obliga a cohesionar para no fracasar en una aventura que, como se verá, es de alto riesgo.
Con las convocatorias (una el lunes último en el gremio de Sanidad y la otra el jueves en el Ministerio de Economía), que en primera instancia tuvieron como centro a los ceos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la mesa chica de la CGT, el Gobierno busca cerrar filas detrás del compromiso de moderar las remarcaciones y cerrar paritarias en consecuencia a esa moderación de precios, para no adelantar inflación futura. Pero la lógica de articulación política oficial sorprendió a los privados, dado que los obligó a mostrar las cartas y quedar expuestos en sus intereses de participar, ayudar, o bajarse. Esos gestos empezarán a verse en los próximos días de manera más marcada, porque para el Gobierno es imperioso resolver lo urgente de la escalada de precios no más allá de los próximos quince días.
Góndolas incorregibles
Dos semanas atrás, el presidente Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación y una de las primeras acciones fue detectar y retrotrar aumentos preventivos de las alimenticias en los supermercados, con un promedio de 9, y picos de alzas de más de 30 por ciento. La calma duró poco y ya ese sector vuelve a estar inquieto y ansioso por recomponer precios. Según confirmó Página I12, los proveedores ya avisaron que la idea es aumentar un 8 por ciento parejo todos los meses, y los más audaces cortaron entregas para no vender a los precios acordados, sin los aumentos. Nadie en el sector comercial general comprende esa dinámica, con las paritarias sin definir, sin aplicar el aumento de naftas, tarifas congeladas y poco costo externo. No es la generalidad de los casos, pero mirando se percibe lo complejo de la tensión de ordenar las góndolas con política. Los más decididos a exponer las subas son los almaceneros y chinos, golpeados por listas muy por encima de lo permitido.
En la reunión que se hizo en Hacienda el jueves último, se sentaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni. Con Héctor Daer, de CGT y Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial (UIA). Funes fue en carácter de titular de la UIA, pero es la vez el presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que reúne a los mayores fabricantes.
Esa situación es un problema para la articulación: el Gobierno lo quiere como negociador industrial, pero las fábricas de alimentos no quieren que nadie responda por ellos en esas reuniones. Buscan definir su política de precios por empresa y mano a mano. Son los pesos pesado que apuntalaron las remarcaciones, entre ellos Mastellone y Molinos Río de la Plata, expuestos en público por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que no sólo los mira fijo a ellos sino también a los grandes supermercados. Es el ariete de las sanciones posibles, que no se descartan.
«Los balances de las empresas en general son históricos, hace tiempo son muy buenos en todos los rubros», contó a este diario un ceo que maneja información y mira los números. Observan que, medido en dólares oficiales, los que las empresas usan para transacciones, «hubo importantes incrementos en las ganancias». Un dato extra, los gigantes como Molinos y Arcor, que habían tenido en la era Macri balances en rojo por primera vez desde la crisis del 2001, volvieron a tener ganancias nada despreciables.
Con esa premisa es que algunos pusieron sobre la mesa la posibilidad de establecer un bono para trabajadores privados, por única vez, como paso previo a la paritaria. En el Gobierno aseguran que el Estado no tiene hoy una herramienta para forzarlo y que se cumpla, y cuenta con una fuerte oposición de la UIA, por ahora el único actor en esas mesas, que se ampliarán a otros rubros, como el comercio y la economía del conocimiento en el próximo encuentro, el martes 5 de abril.
Industria aliada y campo en la ruta
Más allá de las diferencias y resistencias de los sectores industriales, las fábricas muestran un crecimiento fuerte que les permite superar ya los niveles de la era Macri, y por eso articulan con el Gobierno. Buscan energía y hacen planes para distribuir el gas durante el invierno para que no se frene una mejora sustancial. Según supo este diario, hay 100 grandes empresas que preparan un detalle de cómo se podrían «prestar energía» alternando cuando una para y la otra arranca a producir. Ese informe será elevado al Gobierno en los próximos días. Mientras tanto, se esperan para esta semana novedades de la importación, que podría ser mayor desde Bolivia y otros países de la región.
Pero el escenario de la comprensión del problema en la industria es radicalmente opuesto en el campo. En los chats Gurú Agro y Gurú Ganadero, donde conviven productores de todo el país con políticos del PRO y mucha preponderancia del negocio de la pampa húmeda, se cocina un tractorazo a Buenos Aires para mayo. La idea es expresar malestar por la suba de retenciones que, en realidad, fueron dos puntos sobre la agroindustria (a la harina y aceite de soja), pero el campo primario encontró allí un punto para apurar el conflicto en un momento ultra delicado. Alguno, que luego fue repudiado, escribió y se preguntó si mientras hay un desboque de los precios y una ingerencia muy fuerte de la guerra en Ucrania en los alimentos, «conviene salir a protestar por estos puntitos extra». Pocas respuestas y mucha crítica a ese mensaje.
La Mesa de Enlace, la gremial empresaria que tiene representación formal, quedó además jaqueada por los ultras del agro que juegan con Cambiemos. Por fuera de las instituciones, las bases avanzaron con un sistema de asambleas que terminará con un mandato para tomar medidas. Esas reuniones están intervenidas por cuadros de los halcones de Juntos, un territorio que, por ideología ajena e incapacidad propia, el peronismo no logra volver a pisar con éxito.
Mientras tanto, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales visitan seguido el Congreso para hacer lobby por la baja de impuestos y no agitan tanto la guerra a los dos puntos de retenciones que se subieron para financiar un fideicomiso de regulación del precio doméstico del trigo en medio de la guerra. De todos, serán arrasadas por la dinámica del conflicto y ya meditan en hacer pública una posición favorable en esa línea.
Estas situaciones no son menores: el campo y sus derivados son un actor de fuerte relevancia en el precio de los alimentos, que en el último mes dio señales confusas y negativas. Dos ejemplos que lo grafican son la rebelión de los frigoríficos exportadores de ABC, que ni bien olieron debilidad en el Gobierno, quitaron de las góndolas los cortes de carne a precio popular. Y debieron ser obligados a reponerlos a riesgo de sanciones. Y el segundo caso, el de los molineros, que ocultaron trigo en plena suba del precio internacional en Chicago, una situación que fue puesta de manifiesto por las asociaciones de panaderos.
