Paula Giménez y Matías Caciabue, especial para NODAL*
El viernes, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile, tras un proceso electoral signado por uno de los estallidos sociales y políticos más importantes en América Latina. Desde la insurrección de octubre, hacia los acuerdos de Paz y con la conformación de una convención constituyente como conquista las fuerzas populares de Chile se encuentran ante una encrucijada histórica que pone en juego el cumplimiento de las consignas que hace poco menos de dos años iniciaron una revuelta sostenida, sin precedentes.
El final del 2019 en Chile estuvo marcado por movilizaciones masivas, protestas y enfrentamientos. Miles de chilenos se manifestaron durante 25 días contra las políticas de Sebastián Piñera, desplegaron complejos procesos organizativos de una lucha, que involucró a viejos y nuevos actores en la escena y dejó para la historia nuevos símbolos, como el renombramiento, incluso en google maps de la Plaza de la Dignidad, antes Plaza Baquedano (también conocida como Plaza Italia).
Las protestas , que alcanzaron niveles de masividad insospechados, fueron reprimidas de las formas más cruentas sin efecto. Las y los manifestantes continuaron agrupándolos en torno a las consignas que fueron surgiendo, primero por el pasaje luego por salud digna, educación pública gratuita y de calidad, reconocimiento del trabajo no remunerado, defensa del patrimonio y jornada laboral de 40 horas. “Nos cansamos, nos unimos”, dijo el pueblo chileno.
¿Democracia de los Acuerdos o acuerdos por la “Paz”?
El día 15 de noviembre el Congreso Nacional de Chile, anunció, pasadas las 3 de la mañana, un amplio acuerdo por una Nueva Constitución, del que sólo quedó afuera el Partido Comunista.
El acuerdo contemplaba un plebiscito en abril de 2020 para preguntar a la ciudadanía: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? (apruebo o rechazo) b) ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? (Convención Mixta Constitucional –con parlamentarios- o Convención Constitucional). Las elecciones para cualquiera de los órganos se realizarían en el mes de octubre junto a la elección municipal. Desde la izquierda, algunos actores se inclinaron por la Asamblea Constitucional, pero optaron por profundizar la organización y mantener la lucha en las calles.
Los partidos firmantes fueron Democracia Cristiana, Partido Socialista, Unión Demócrata Independiente, Revolución Democrática, Partido por la Democracia, Renovación Nacional, Partido Liberal, Evópoli, Partido Comunes, Partido Radical, al que se sumó además el entonces diputado, Gabriel Boric.
Por su parte, el movimiento juvenil de Chile rechazó el Acuerdo para la Paz y la realización de un plebiscito para una nueva Constitución, suscritos por miembros del partido oficialista y otros de la oposición, al tiempo que convocó a continuar la movilización en las calles.
Nos encontramos ante un proceso de revuelta donde la socialdemocracia y los partidos tradicionales lograron canalizar el movimiento de masas hacia un proceso de reforma constitucional que contemple algunas concesiones sociales, una especie de dique de contención para el descontento.
En el mes de Noviembre el Partido Comunista, Partido Liberal, Revolución Democrática, Pro País, Democracia Cristiana, Comunes, Partido Humanista, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Convergencia Social y Partido Regionalista, mediante un comunicado, acordaron el llamamiento a un plebiscito para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la representación de sectores populares.
“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático” decía, al comienzo, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.
Lo que sucedió después ya es sabido, ganó el “Apruebo” y se conformó la Asamblea Constituyente que hasta hoy sigue trabajando sobre la reforma de la constitución pinochetista.
Tensionando y en algunos casos entrando en contradicción con la lucha en las calles; se inició un camino electoral que fue mostrando, incluso en las elecciones primarias y las presidenciales, sus grandes debilidades.
Las elecciones realizadas el 18 de julio de 2021, fueron las primarias presidenciales que contó con 3 millones de votantes sobre un total de 14 millones de electores/as habilitados. Se pudo elegir cuál candidato presidencial los representaría en las elecciones de noviembre de acuerdo a dos coaliciones: Chile Vamos (Oficialismo) y Apruebo Dignidad (Dignidad). La coalición de derecha estuvo representada por Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evopoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (Independiente); mientras que la izquierda tuvo en la contienda a Daniel Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Frente Amplio). Resultaron ganadores por la derecha, Sebastian Sichel y por la izquierda, Gabriel Boric. La centroizquierda, la ex Concertación, no estuvieron presentes en las primarias por no llegar a acuerdo con la izquierda para presentarse, por lo que irán directamente a las elecciones de noviembre.
Un emergente en este proceso, fue la lista del pueblo, conformado por un sector del movimiento que a lo largo de estos tres años de lucha se mantuvo constante en la calle y que decidió participar del proceso electoral que daría forma a la convención constituyente, obteniendo 27 convencionales constituyentes de los 155 que debían elegirse. Si bien ellos no participaron de las elecciones primarias para las presidenciales se especulaba con su irrupción en las generales cosa que no sucedió porque su candidatura no fue aceptada.
La falta de participación en las elecciones por parte de las/los chilenos, no es una novedad. Lo que sí resulta novedoso, al menos para el debate político, es cómo se pasó de un momento de efervescencia a estos bajos índices de participación. ¿Será que el sistema electoral formal no fue comprendido como una vía de canalización de la lucha popular?
Finalmente Gabriel Boric, resultó electo presidente, tras una importante campaña de las organizaciones sociales de centro izquierda chilenas para vencer al candidato de derecha, Antonio Kast.
Desde el comienzo de la revuelta chilena se perfilaron dos opciones acerca de cómo resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Gran parte de la socialdemocracia chilena se encontraba impregnada de ilusiones constitucionalistas, enfocaron la cuestión sólo en la necesidad de las reformas sociales. Se tensionó el “Acuerdo por la Paz” y se condujo a la lucha popular a un escenario institucional que sin dudas está signado por las reglas de juego de los poderes concentrados chilenos.
La convocatoria a la Asamblea Constituyente y la llegada de Boric a la presidencia, tendrán éxito sólo en la medida en que se consoliden la fuerza y el poder de las clases subalternas. No se puede trasladar el centro de gravedad al acto jurídico de proclamación y declaración de la Asamblea Constituyente, por más que el hecho en sí sea importante y siente un precedente. Es necesario que el nuevo germen de poder popular, las asambleas, los cabildos, las poblaciones con sus brigadas,la iniciativa popular, la ocupación de las calles, etc. que surgieron de la revuelta de 2019, trasladen el centro de gravedad a la lucha de clases.
Si triunfan, la Asamblea Constituyente y el gobierno de Boric tendrán la posibilidad de realizar reformas estructurales a lo que supo ser el estandarte neoliberal de la región. Se hace imprescindible que estas iniciativas surgidas al clamor de la lucha se vuelvan un elemento fundante y no fundado.
La taba está en el aire, o Chile será la tumba del neoliberalismo o habremos desperdiciado una oportunidad histórica, podríamos decir que el proceso iniciado en octubre es el que indefectiblemente debe determinar a Boric. La historia develará el curso de las grandes alamedas.
* Giménez es Psicóloga, Mg. en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Ambos son investigadores de Argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
