Las sociedades por acciones simplificadas fue una figura creada por el macrismo en 2017 para «facilitar» la inscripción de firmas casi sin requisito. Dos años después, el 70% de las usinas de facturas truchas para la evasión tenían la forma de SAS. Cómo se hace para enfrentar las múltiples facetas del delito económico financiero legado por Cambiemos.
( Por Raúl Dellatorre / Página 12/ Director de Motor Económico ) La emisión de facturas apócrifas y el posterior cómputo del crédito fiscal ficticio constituye unas de las maniobras de evasión de impuestos más generalizadas en Argentina. En el año 2017, el macrismo creó por ley 27.349, la figura de Sociedades por acciones simplificadas (SAS), que se constituían a través de un trámite sencillo que podía realizarse desde una computadora y no demoraba más de 24 horas en quedar inscripta. Sin exigencias de capital, ni responsabilidad personal de quien la inscribía, con un objeto social que podía ser amplísimo y una dirección que ni siquiera se verificaba (en muchos casos, se comprobó que era inexistente), la SAS quedaba inmediatamente operativa para cualquier actividad. Y, lógicamente, cuanto más irregular fuera la actividad a desarrollar, más atractiva era la opacidad que ofrecía ese nuevo modelo de sociedad promovida y creada por Mauricio Macri.
Un informe elaborado por la AFIP sobre las maniobras que constituyen las principales fuentes de evasión en Argentina, revela que la SAS se transformó, a partir de su creación (abril de 2017) en el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, representando más del 30 por ciento de las empresas generadoras de crédito apócrifo en 2018, y llegando a superar el 70 por ciento en el año 2019.
¿Cómo se lleva a cabo esta práctica? A través de sociedades o personas que emiten facturas de operaciones comerciales inexistentes. En algunos casos, las sociedades son creadas exclusivamente para generar y comercializar este tipo de instrumentos, a las que se las conoce como usinas de facturas truchas o de «crédito fiscal ficticio”. La figura de las SAS, como quedó demostrado, han resultado una fórmula ideal para este modo de evasión.
En otros casos, contribuyentes que comercializan de manera lícita simulan algunas operaciones que no se efectúan en la realidad o emiten comprobantes por encima del valor correspondiente, para «inflar» el crédito fiscal de quien «compra» las facturas. Pero, según resulta del informe de la AFIP, son las menos. Fue más «eficiente» crear empresas de dedicación exclusiva a la creación del instrumento de evasión.
¿Cómo se concreta la evasión? Quien compra las facturas falsas, con el IVA discriminado, como corresponde, las incluye en su propia declaración jurada de IVA como «un gasto más» y así aumenta el crédito fiscal (que funciona como pago a cuenta). Y además lo computa como gasto deducible de Ganancias, con lo que disminuye la ganancia neta sobre la que se calcula este impuesto.
Para entender el objetivo del mecanismo, no hay que perder de vista que la SAS (que es una sociedad fantasma) emite las facturas truchas que compra una sociedad que opera legalmente y paga sus impuestos. Pero que utilizará esas facturas truchas para pagar menos IVA y menos Ganancias.
Los delitos evidenciados por estas maniobras son: asociación ilícita tributaria, en el caso de la SAS creada como usina de facturas truchas, y evasión fiscal, en el caso de la empresa que compra las facturas para deducirlas de sus impuestos.
No se trata, por cierto, de un delito marginal. Hasta la emblemática (en materia de delitos económicos) Vicentin está acusada de estafa al fisco por 111 millones de pesos, por compra de facturas a 54 falsos proveedores.
Pero no son éstos los únicos delitos vinculados al suculento instrumento delictivo creado por la administración Macri. «Son el monumento a la opacidad, el corazón de la corrupción macrista», definió a las SAS el director de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, en una entrevista hecha por Página/12 en octubre de 2020.
«Un gran número de SAS se constituyeron para un negocio determinado, pero a los pocos días son titulares de importantísimas operaciones inmobiliarias. Se constituyen con un capital irrisorio y enseguida invierten cientos de miles de dólares. ¿De dónde salieron? Detrás de estas empresas, siempre está la fuga de capitales y el lavado», explicó Nissen en esa oportunidad.
La revisión de las distintas variantes del delito económico expandidas con las políticas antiestatales –una definición más apropiada que «desregulatorias»– del gobierno de Macri se ha convertido en tarea ineludible de la gestión actual.
Algunas medidas se aplicaron más temprano, como los recaudos que fue tomando la IGJ con las SAS, lo que en la práctica derivó en que «ya no se inscriba ninguna», según contaba Nissen en 2021. También la AFIP logró implementar distintos mecanismos, en los últimos dos años, que en definitiva son los que le han permitido llegar a determinar el papel central de la facturación apócrifa y de las SAS en las maniobras de evasión. Mecanismos que, de todos modos, están siendo sometidos a un «ajuste de estrategias» buscando una mayor efectividad y detección más temprana de las usinas generadoras de facturas apócrifas.
Otras modalidades de delito económico, como la fuga de activos no declarada o el endeudamiento ilícito, resultan más complejas de controlar. Pero también más dañinas por sus consecuencias. Un paso importante para recuperar «músculo» en vistas a esa pelea es el convenio firmado por tres organismos clave para restablecer la «Maestría de especialización en delitos económicos complejos y prevención del lavado de activos» en la que se formará a los abogados del Estado nacional a partir de este mes de marzo.
La especialización se cursará en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular, Carlos Zannini, firmó el 20 de diciembre pasado un convenio con Mercedes Marcó del Pont (AFIP) y Juan Carlos Otero (UIF) para impulsar esta formación, que impacta principalmente en las áreas que estos funcionarios encabezan. Aunque también en el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la IGJ.
La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), ámbito en el que se realizan los cursos, forma parte de la Procuración y fue prácticamente desmantelada durante el macrismo. «Hubo un intento premeditado de invisibilizar el delito económico financiero entre 2016 y 2019; el desmantelamiento de la ECAE, la escuela que forma los abogados de la Nación, fue un reflejo de esa política», señaló Guido Croxatto, director de la Escuela.
«La función de la ECAE es fundamental cuando el interés del gobierno nacional es defender el desarrollo económico y social, el interés público, la soberanía nacional y frenar la fuga. Cuando la prioridad es vaciar al Estado y el equipo de ministros tienen en su mayoría sus activos financieros en el exterior, lógicamente no van a tener interés en tener abogados en la AFIP o en la UIF preparados para combatir la evasión fiscal, la fuga de divisas, el endeudamiento ilícito o el delito económico financiero en general». agregó Croxatto.
Durante el macrismo, se desactivó la ECAE y además se tercerizó la formación en institutos privados y, en particular, en una universidad ligada a una corporación empresaria contratista del Estado (Universidad Austral, grupo Pérez Companc). Probablemente, ahí no estaba presente la concepción de la defensa del Estado y el compromiso con el interés público en el eje de la formación.
