(*Por Emilia Trabucco) Durante tres días, más de 100 mil mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries protagonizamos, esta vez en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 39° Encuentro Plurinacional. Militantes de todos los partidos del campo nacional y popular, organizaciones feministas y transfeministas, agrupaciones estudiantiles, todas las centrales sindicales y miles de autoconvocades confluyeron en 99 talleres de discusión, dos marchas y más de 300 actividades culturales, con el objetivo de debatir un programa y visibilizar nuestras demandas. Una experiencia de organización política de dimensiones extraordinarias, que se sostiene desde el regreso de la democracia en Argentina, atravesando generaciones y coyunturas profundamente diferentes, y que continúa desarrollándose lejos de las cámaras de los medios hegemónicos, pero también de las agendas centrales de buena parte de nuestras propias organizaciones políticas.
Mientras el campo nacional y popular discute aún cómo enfrentar a la ultraderecha y reconstruir una fuerza capaz de disputar el poder, los feminismos populares llevan décadas produciendo organización, formando generaciones de militantes y acumulando una experiencia política que continúa siendo subestimada, incluso dentro de sus propias filas. Esta contradicción resulta especialmente significativa en un escenario donde las dificultades para construir unidad, elaborar un programa y proyectar horizontes de transformación atraviesan al conjunto de las organizaciones populares.
Desde aquel primer Encuentro Nacional de Mujeres de 1986, esta experiencia autogestiva, federal y plural constituye una de las continuidades organizativas más importantes del campo popular argentino. Mujeres que participaron de las primeras convocatorias se encuentran con nuevas generaciones que comienzan allí sus experiencias de participación política, en un proceso de transmisión de memorias, saberes, estrategias y prácticas organizativas que ha sobrevivido a las sucesivas crisis económicas, las derrotas electorales, las transformaciones del sistema político y los avances y retrocesos en materia de derechos. Su persistencia permite comprender una dimensión habitualmente subestimada de la construcción de poder: la formación de una fuerza social requiere también de espacios capaces de garantizar su reproducción histórica, formar nuevas generaciones y sostener la organización aun cuando las condiciones políticas generales resultan adversas.
En ese sentido, los Encuentros constituyen una verdadera escuela democratizadora de formación política, de construcción de conocimientos y estrategias desde las experiencias concretas de quienes protagonizan las luchas. El carácter horizontal de los talleres no elimina las disputas de representación ni las contradicciones internas, pero habilita formas de participación que difícilmente encuentren equivalentes en las estructuras tradicionales de conducción política.
Conocer y comprender lo que sucede en los Encuentros -como una de las múltiples instancias de organización transfeminista- permitiría, además, afinar los múltiples diagnósticos que intentan explicar las transformaciones políticas de América Latina y, especialmente, sus reiteradas fallas para comprender el ascenso de las ultraderechas. Los estudios sobre las elecciones presidenciales de Chile en 2021, Brasil en 2022-2026 (1° vuelta) y Argentina en 2023 muestran una menor adhesión relativa de las mujeres a las candidaturas de Kast, Bolsonaro y Milei, respectivamente, y señalan la relevancia de las identificaciones feministas e ideológicas para explicar esas diferencias.
Sin reducir las decisiones electorales a una condición[1] de género, resulta necesario preguntarse cuánto aportarían las experiencias organizativas y los debates de los feminismos populares a las lecturas de una coyuntura cuyos análisis siguen estando mayoritariamente en manos de varones, especialmente en campos profundamente masculinizados como la geopolítica internacional y regional.
Quizás allí también encontraríamos mayores elementos para comprender por qué las fuerzas que caracterizamos como expresiones del fascismo del siglo XXI han definido a las mujeres y disidencias organizadas entre sus principales enemigas. La ofensiva contra los feminismos forma parte de una disputa por la reorganización de las relaciones sociales, el trabajo, la distribución de la riqueza y las formas de ejercicio del poder. El disciplinamiento sobre nuestros cuerpos, la restauración de jerarquías patriarcales y el cuestionamiento de derechos conquistados cumplen funciones concretas en un programa económico y político que necesita profundizar la explotación, descargar los costos de la crisis sobre las mayorías y debilitar sus capacidades de resistencia.
En esta etapa, esa ofensiva expresa también la radicalización de los poderes económicos concentrados, con un protagonismo creciente del capital financiero transnacional y de los intereses estratégicos de la nueva aristocracia financiera y tecnológica. Los organismos internacionales de crédito, los fondos de inversión y las corporaciones extranjeras vinculadas a la explotación de recursos naturales, la energía, la minería, las finanzas y las plataformas tecnológicas encuentran en los gobiernos de ultraderecha y en sus aliados regionales condiciones políticas favorables para ampliar sus márgenes de apropiación de riqueza y control territorial, para lo que necesitan seguir profundizando la fragmentación de la clase trabajadora.
La experiencia de los feminismos populares permite identificar cómo esas transformaciones se expresan en la vida cotidiana de millones de personas. La deuda pública con el FMI, que denunciamos como ilegal e ilegítima, y las deudas contraídas por las familias forman parte de un mismo proceso de financiarización de la existencia. Mientras el Estado destina recursos al cumplimiento de sus compromisos con los acreedores, los hogares recurren al endeudamiento para garantizar alimentación, vivienda, salud y cuidados, una carga sostenida fundamentalmente por mujeres e identidades feminizadas. Comprender esa articulación permite superar la fragmentación de demandas que habitualmente son presentadas como problemas independientes.
Entre los debates desarrollados en los talleres, pero también en sus márgenes, circuló una pregunta que atraviesa desde hace años a las organizaciones feministas populares: ¿cómo lograr que esta fuerza histórica, que ha demostrado una extraordinaria capacidad de organización, movilización y conquista de derechos, se materialice en poder real? La masividad, las continuidades organizativas y la legitimidad social constituyen condiciones fundamentales, aunque insuficientes, para resolver los problemas de conducción política, construcción programática y articulación de una fuerza capaz de disputar efectivamente el poder. La pregunta adquiere particular relevancia frente a la crisis de representación que atraviesa el campo nacional y popular y a las dificultades de sus propias estructuras para incorporar las transformaciones que los feminismos vienen produciendo.
La multitudinaria marcha del domingo, que recorrió treinta cuadras de Córdoba, ofrece elementos especialmente enriquecedores para abordar este problema. Las columnas, con sus colores, identidades y tradiciones políticas, expresaron la heterogeneidad del Encuentro, sus tensiones y sus posibilidades de articulación. Durante varios tramos avanzamos prácticamente a oscuras, ante la falta de alumbrado público que el gobierno provincial debía garantizar para preservar las condiciones mínimas de seguridad de una movilización de semejantes dimensiones.
Sin embargo, hay una dimensión de estas marchas que suele pasar inadvertida en los análisis de la movilización popular: los feminismos salimos a las calles con hipótesis concretas de represión. La experiencia acumulada frente a las fuerzas de seguridad, bajo gobiernos nacionales y provinciales de diferentes signos políticos, forma parte de nuestra memoria organizativa. Por eso planificamos recorridos, construimos dispositivos de seguridad, distribuimos responsabilidades y establecemos directivas generales que cada militante conoce. Esa capacidad de preparación colectiva expresa una disposición consciente al enfrentamiento político que se construye históricamente y que constituye uno de los elementos fundamentales para comprender la potencia de nuestra fuerza.
Resulta especialmente pertinente recuperar la distinción entre marcha y desfile desarrollada por Beba Balvé (en Feito, 2026). Una concentración multitudinaria puede limitarse a exhibir el descontento y disolverse al finalizar su recorrido, mientras que el desplazamiento organizado de una fuerza supone capacidades de articulación, continuidad, construcción de territorialidad y disposición a confrontar con el orden existente. La diferencia excede las características visibles de la movilización y remite a las condiciones que permiten transformar una expresión de protesta en fuerza política organizada.
La predisposición al enfrentamiento de los feminismos populares adquiere una profundidad particular cuando se consideran las condiciones materiales y políticas de quienes protagonizamos estas luchas. Las mujeres y diversidades de la clase trabajadora no tenemos privilegios que preservar dentro de las estructuras de poder, donde continuamos subrepresentadas en los principales espacios de conducción y toma de decisiones. En el actual escenario de crisis total, millones tampoco cuentan con condiciones mínimas de existencia garantizadas, mientras cada uno de los derechos conquistados vuelve a ser objeto de cuestionamiento. En este marco, la disposición a asumir los riesgos de la confrontación política se vincula con la conciencia de que aquello que está en juego comprende las condiciones mismas de reproducción de nuestras vidas y la posibilidad de definir nuestro futuro.
Por eso nuestras marchas están lejos de constituir ceremonias testimoniales, marchamos conscientes de los intereses a los que nos enfrentamos y de que las transformaciones que reclamamos requieren modificar relaciones de poder profundamente arraigadas. Esa capacidad de asumir el conflicto, de organizar la defensa colectiva y de sostener la lucha aun en condiciones desfavorables constituye un aprendizaje político que atraviesa generaciones. La pregunta, nuevamente, es cómo convertir esa disposición al enfrentamiento y esa acumulación de experiencias en una estrategia de poder que supere la dispersión de las luchas y las limitaciones de las respuestas coyunturales.
Marchamos por las asesinadas en manos de femicidas, cuya impunidad encuentra amparo en una Justicia clasista y patriarcal; contra el hambre, la pobreza y la apropiación de la riqueza por parte de los poderes concentrados; por la defensa de la educación y la salud públicas, del trabajo y de los derechos laborales, de la soberanía sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios y bienes comunes, y de la posibilidad de construir una vida digna para las grandes mayorías. Denunciamos la violencia política y judicial que se ejerce sobre las dirigencias populares, especialmente cuando se trata de mujeres, y el papel del partido judicial como uno de los brazos de la ofensiva que caracterizamos como fascista en Argentina. La condena, la detención ilegal y la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner constituyen, desde esta perspectiva, expresiones de una estrategia de disciplinamiento y exclusión de los principales liderazgos capaces de articular proyectos nacionales y populares.
En ese mismo terreno se inscribe el intento de avanzar con la extranjerización de las tierras argentinas mediante la derogación de la Ley 26.737, impulsada por el gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/2023. Las recientes decisiones de la Corte Suprema, primero al rechazar la legitimación de los excombatientes de Malvinas para cuestionar la derogación y luego al disponer una suspensión cautelar provisoria en otra causa, muestran que la disputa por la propiedad y el control del territorio nacional continúa abierta. La posibilidad de ampliar la apropiación extranjera sobre tierras y recursos estratégicos constituye una dimensión central del proceso de pérdida de soberanía que denunciamos. En pocos días, el 15 de octubre, organizaciones sindicales, sociales, políticas, feministas, estudiantiles y de derechos humanos volverán a movilizarse en defensa de la soberanía nacional, en continuidad con las luchas que también atravesaron los debates y las calles de Córdoba.
La denuncia de la ofensiva militarista internacional ocupó también un lugar en nuestras demandas, con especial centralidad de la solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio en Gaza. Las políticas de ocupación, desplazamiento y destrucción de las condiciones de existencia de poblaciones enteras exponen el grado de violencia que adquiere la disputa por posiciones estratégicas en el mundo. América Latina y el Caribe forman parte de ese escenario, donde Cuba y Venezuela han constituido experiencias históricas de resistencia a la subordinación imperial y, por esa misma razón, epicentros de una ofensiva estadounidense que combina bloqueos, sanciones económicas, operaciones de desestabilización y acciones militares. La intervención militar estadounidense en Venezuela de enero de 2026 y el recrudecimiento del genocidio económico contra Cuba obligan a colocar la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en el centro de cualquier proyecto de emancipación regional.
La amplitud de estas demandas expresa una comprensión estructural de los conflictos que atraviesan nuestras sociedades. El anudamiento histórico entre patriarcado y capitalismo, sobre el que se sostienen las relaciones de explotación, dominación y apropiación de riqueza, permite identificar los mecanismos mediante los cuales se ordenan los cuerpos, los territorios y las relaciones sociales. La división sexual del trabajo, la explotación de las tareas de cuidado y la subordinación política de las mujeres cumplen funciones centrales en la reproducción de ese orden, al mismo tiempo que profundizan las fragmentaciones dentro de la propia clase trabajadora.
Los silencios y silenciamientos de nuestra fuerza al interior de las organizaciones populares también deben analizarse en relación con esas estructuras de dominación. La persistencia de conducciones predominantemente masculinas y la subordinación de nuestras demandas a aquello que se considera políticamente prioritario expresan contradicciones que debilitan las capacidades del propio campo popular. Los sectores dominantes trabajan diariamente para reproducir y profundizar esas divisiones, conscientes de que la fragmentación constituye una condición fundamental para sostener sus posiciones de poder. Superar esa verdadera grieta requiere democratizar nuestras organizaciones, transformar sus relaciones internas de autoridad y reconocer la centralidad de las experiencias feministas en la construcción de una fuerza política de las mayorías.
Por consenso absoluto, el Encuentro resolvió llevar su 40° aniversario a la Ciudad de Buenos Aires en 2027, un año en el que Argentina volverá a elegir presidente/a y en el que se disputarán directamente los destinos de la Patria y las condiciones de vida de millones de personas. Los feminismos populares reconocemos la importancia de dar esa batalla electoral, pero nuestras discusiones exceden sus tiempos y sus límites institucionales. La construcción de un programa de largo plazo, capaz de resolver las contradicciones internas, superar la fragmentación y producir nuevas relaciones de poder, constituye una tarea estratégica que ninguna victoria electoral puede resolver por sí misma.
La experiencia histórica de los Encuentros demuestra que los feminismos populares han construido una capacidad organizativa donde la producción colectiva de conocimiento político y la elaboración de las diferencias han permitido construir unidad y protagonizar algunas de las principales conquistas democráticas de las últimas décadas. Esa capacidad acumulada obliga a revisar los diagnósticos sobre las posibilidades de reorganización del campo popular y, fundamentalmente, el lugar que las mujeres y disidencias ocupamos en la elaboración de sus programas y estrategias de poder.
Recuperar esas experiencias y asumir nuestras propias contradicciones constituye una tarea estratégica para la construcción de un horizonte de emancipación. Porque si algo demuestra la historia de los feminismos populares es que las transformaciones estructurales requieren una fuerza organizada, con conciencia de los intereses que enfrenta y disposición a sostener la lucha necesaria para transformar las relaciones de poder.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
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