(por Raúl Dellatorre/ Página 12/ director de Motor Económico) El absurdo criterio de valuacion de empresas que introdujo el gobierno para vender Aysa por u$s 3000 millones menos que su valor. El caso Atucha
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) fue creada por decreto del gobierno de Javier Milei en julio de 2024 bajo el marco de la Ley Bases 27.742. Se trataba de una unidad ejecutora temporaria bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuya función original era “coordinar planes y gestionar privatizaciones o disoluciones estatales”. Lo que no decía ese enunciado general es lo que constituiría su rol estratégico y que acaba de quedar de manifiesto esta semana. Sin respeto alguno por las leyes vigentes, la ATEP, al mando del abogado Diego Chaher, dispuso que el traspaso de AySA se hiciera sin intervención del Tribunal de Tasación de la Nación para valuar el activo que se puso en venta, sino a partir de una valuación de una comisión especial creada por la propia ATEP, sobre la cual no se informa ni el método de cálculo ni siquiera los valores resultantes.
La consecuencia de ese mecanismo de licitación saltó a la vista con la adjudicación de AySA: el precio de entrega, de 340 millones de dólares, sería equivalente a la onceava parte del valor calculado originalmente por el Tribunal de Tasación, antes de que se le quitaran sus atribuciones específicas.
El agua y el oro
Pasando en limpio: el ministro de Economía, Luis Caputo, le acaba de adjudicar la empresa de agua de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Gran Buenos Aires, al sector privado por un valor de 340 millones de dólares, cuando un cálculo prevo del Tribunal de Tasación había estimado el valor patrimonial de AySA en más de 3700 millones de dólares.
Se dice que Caputo esperaba recaudar cerca de 500 millones por la venta, pero las bajas ofertas lo obligaron a conformarse con un 30 por ciento menos. Sin embargo, la realidad de los números sería otra: Caputo habría entregado una empresa estatal, que funciona con superavit y que tiene un valor patrimonial de 3700 millones, en 340 millones. Una pérdida efectiva para el Estado de más de 3000 millones de dólares.
No sólo de mal manejo de las reservas de oro se va colaborando al vaciamiento del Estado.
Por mandato del Dios Mercado
La justificación que esgrimió el Ejecutivo, a través de sus principales figuras en el equipo económico, es que la valuación por activos patrimoniales que hacía históricamente el Tribunal de Tasación “no se condice con la realidad del mercado”. A este totem, el mercado, se le hace decir entonces que las empresas valen por lo que rinden a quien explota el negocio, no por el costo de todo el cemento que se utilizó para levantarlas, ni por la capacidad tecnológica de sus recursos (materiales y humanos).
Entonces, la decisión del ente ejecutor ATEP fue reemplazar al Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano rector en materia de valuaciones por ley desde 1944, por una comisión especial creada en el marco del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE). Se creó por resolución del propio ATEP del primer día de abril de este año, que curiosamente no fue publicada en el Boletín Oficial de ese día, ni de los posteriores.
La propia resolución determina la modificación del sistema de cálculo de las valuaciones, abandonando el valor patrimonial para sustituirlo por el flujo de ingresos. Pero tampoco se publicó el cambio de fórmula que, según se sabe, formaba parte de la misma resolución de ATEP no publicada, en un anexo.
Ni los pedidos de la comisión bicameral de Reforma del Estado, ni los de la de Seguimiento de las Privatizaciones, lograron que las autoridades le dieran acceso a tal información. Como tampoco a la información específica referida a la valuación de AySA, que sirviera de base a su posterior adjudicación.
Es decir, que en la práctica tanto la norma por la cual se reemplazó a un organismo creado por ley, como el mecanismo de valuación que sustituyo al anteriormente vigente, se convirtieron en un expediente secreto e inaccesible. La transparencia, te la debo. (sigue)
