La crisis de la principal avícola del país llegó a un extremo insólito en su planta de Pilar. Mientras rige la conciliación obligatoria dictada por la provincia de Buenos Aires, la firma propuso el pago en especie ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones laborales.
Granja Tres Arroyos, la principal empresa avícola del país, propuso formalmente a los trabajadores de su planta ubicada en La Lonja, partido de Pilar, abonar una parte de sus salarios con pollos. La insólita oferta se dio a conocer en el marco de las audiencias del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se dirime el futuro de 1.200 empleados despedidos en tres plantas de la provincia.
La debacle de la firma, que viene espiralizándose desde hace meses, detonó con fuerza a mediados de septiembre con el envío masivo de telegramas de desvinculación. Los despidos masivos afectaron a 700 operarios en la planta de Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en la mencionada sede de Pilar, poniendo en jaque el sustento de miles de familias.
Frente a este escenario, el gobierno de Axel Kicillof intervino mediante la cartera laboral dictando la conciliación obligatoria por 15 días hábiles (con opción a una prórroga de cinco días más). Esta medida obligó a la patronal a suspender las desafectaciones y reincorporar provisionalmente al personal.
Sin embargo, lejos de acercar posiciones o garantizar el flujo monetario de los haberes, los representantes de Granja Tres Arroyos pusieron sobre la mesa la propuesta del pago en especie (cajas de pollo) debido a la severa asfixia financiera que alegan padecer.
La parálisis de la firma no es nueva ni aislada. El derrotero comenzó en mayo pasado con el cierre por tiempo indeterminado de «La China», su planta más importante en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Posteriormente, la recesión arrastró y obligó a frenar las actividades de los establecimientos ubicados en Ezeiza, Río Cuarto y las terminales bonaerenses hoy en conflicto. La crisis en el holding avícola es de tal magnitud que incluso impactó en sus firmas satélites, como Wade (controladora de la ex Cresta Roja), que redujo su producción un 30% y paga sueldos en cuotas.
Para los gremios del sector, la oferta patronal no solo representa una precarización inadmisible, sino que expone el vaciamiento de una actividad severamente golpeada por la caída del consumo interno y el aumento de los costos logísticos y tarifarios.
Las próximas audiencias en el Ministerio de Trabajo serán claves para determinar si la provincia logra forzar un plan de contingencia real o si el conflicto avícola derivará en un escenario de cierres definitivos.
