(Por Cecilia Miglio/Especiales de Motor Económico) Una nueva campaña de excavaciones recuperó restos humanos que coinciden con elementos del relato histórico sobre la masacre indígena de San Antonio de Obligado. La arqueóloga Melisa Sánchez explica qué puede revelar la antropología forense, cuáles son todavía sus límites y por qué esta investigación también habla de tierra, memoria y reparación.
En Cruz Alta, San Antonio de Obligado, nuevas excavaciones permitieron recuperar restos óseos que, en principio, corresponderían a dos personas. Casi 140 años después de la masacre de 1887, el hallazgo suma una prueba material a una memoria que las comunidades qom y moqoit mantuvieron viva durante generaciones.
Los trabajos fueron ordenados por la Justicia Federal de Reconquista y realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo Universitario de Investigación en Antropología Social (GUIAS). Los esqueletos fueron encontrados en una posición compatible con personas maniatadas: ambos tenían las manos detrás de la espalda y uno presentaba además indicios compatibles con haber tenido los pies atados.
El dato coincide con el acta que dejó escrita en 1887 el franciscano Ermete Constanzi, quien denunció que el 11 de marzo de ese año miembros del Ejército fusilaron a 16 indígenas —14 hombres, una mujer y un niño— y enterraron sus cuerpos cerca de la reducción.
Fundada en 1884, San Antonio de Obligado era una reducción indígena destinada a concentrar, evangelizar y disciplinar a las comunidades qom y moqoit durante el avance del Estado sobre la región chaqueña. La investigación histórica ubica el origen del conflicto en el rapto de una niña indígena destinada al servicio doméstico de Rudecindo Roca, entonces gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano de Julio Argentino Roca.
La causa avanza como Juicio por la Verdad histórica por delitos de lesa humanidad. Sobre ella habla Melisa Sánchez, arqueóloga formada en la Universidad Nacional de La Plata e integrante del GUIAS.
“La arqueología viene a confirmar lo que las comunidades denunciaron”
El acta parroquial de Ermete Constanzi es una de las pistas centrales de la causa. ¿Qué aporta cuando se cruza con la excavación arqueológica y forense?
Para la arqueología, contar con documentación de época es muy valioso. En este caso, la excavación dialoga con archivos de conventos, documentos del Ejército Argentino y, sobre todo, con una memoria oral que las comunidades Qom mantuvieron viva durante generaciones. Fueron ellas quienes llevaron la denuncia ante la Justicia Federal de Santa Fe, con la asistencia letrada de la abogada Cintia Chávez.
El cruce entre testimonios, archivos y restos óseos aporta un respaldo concreto al relato oral. La arqueología no reemplaza la memoria de las comunidades, sino que aporta pruebas que confirman lo que venían denunciando desde hace tiempo. El caso constituye, además, un precedente porque se configura como el primer Juicio por la Verdad histórica en el contexto de pueblos originarios.
¿Qué podemos saber hoy sobre las personas cuyos restos fueron encontrados?
Sabemos que se trataba de entierros individuales, no de una fosa común. Los cuerpos estaban articulados y conservaban una disposición anatómica coherente. Tenían las manos detrás de la espalda y uno presentaba además indicios de haber tenido los pies atados. En el laboratorio podremos estimar edad y altura y quizá determinar la causa de muerte, pero todavía no podemos establecer si se trataba de hombres o mujeres.
Hasta el momento no se encontraron balas, casquillos u otros elementos metálicos asociados a los restos que permitan confirmar, a partir de la evidencia forense, que fueron fusilados con armas de fuego.
Para la identificación, el tiempo transcurrido impone límites concretos. El índice de abuelidad, desarrollado gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, permite establecer vínculos de hasta dos generaciones. Aquí pasaron 139 años y el ADN no permite vincular a personas actualmente vivas con estos restos. Sin embargo, los documentos históricos muestran apellidos que se mantuvieron hasta hoy y las comunidades locales se reconocen descendientes de quienes fueron asesinados.
La investigación histórica menciona un pedido atribuido a Rudecindo Roca para trasladar a una niña indígena y destinarla a tareas de “servicio personal”. ¿Qué peso tiene esa documentación?
Su valor es enorme. Los documentos sobre las prácticas del Ejército Argentino aportan elementos probatorios y complementan los registros parroquiales de Ermete. Orientan la excavación arqueológica y la evidencia material permite, a su vez, sostener el relato de lo ocurrido.
Desde una perspectiva crítica y anticolonial, muestran los maltratos hacia las poblaciones originarias, no solo en el despojo de sus territorios, sino también en la apropiación de los cuerpos de mujeres y niñas con fines de explotación. Es indispensable una perspectiva de género e interseccional: la masacre de San Antonio se origina, fundamentalmente, en el rapto de aquella niña destinada a la servidumbre. Esto muestra cómo los cuerpos de mujeres, niñas y poblaciones racializadas fueron instrumentalizados mediante lógicas de abuso de poder, machistas y racistas, con profundas raíces coloniales.
¿Por qué una investigación sobre restos humanos también habla de tierra, memoria y reparación?
Las comunidades Qom del norte de Santa Fe, en particular las de Las Toscas y San Antonio, están realizando un recorrido que fortalece sus derechos, su existencia y la memoria. Rosa, de la comunidad Dalagay de San Antonio, y Ofelia, de la comunidad Anañaxag de Las Toscas, junto con otros integrantes de las comunidades, estuvieron presentes durante las excavaciones y representaron para nosotros un gran acompañamiento.
Consideramos fundamental que la producción de conocimiento antropológico discuta los sentidos comunes presentes en el sistema educativo. Desde 2023 está disponible un libro que recupera las voces directas de las protagonistas de la masacre. Llevarlo a las escuelas es fundamental para contrastar la narrativa oficial: el Estado argentino avanzó hacia el norte con la denominada “Campaña al Desierto Verde”, sobre territorios que no eran ni desiertos ni estaban despoblados.
Siento que este ejercicio de reparación histórica es urgente y necesario, porque las actuales comunidades Qom continúan marginadas y atraviesan situaciones de pobreza estructural y profundas carencias económicas, sanitarias y educativas.
Como lesbiana, marrona y primera generación universitaria de mi familia, mi compromiso con la investigación y los derechos humanos está profundamente situado. No concibo la antropología de manera abstracta.
Cuando analizamos la Masacre de San Antonio desde una perspectiva de género y vemos que, a finales del siglo XIX, el detonante fue el rapto de una niña originaria destinada a la servidumbre forzada, entiendo que no estoy estudiando el pasado, sino una matriz colonial y racista que sigue operando sobre nuestros cuerpos feminizados y racializados en el presente.
Tenemos una responsabilidad ética con los derechos humanos y con los territorios locales: poner la ciencia al servicio de la justicia para deconstruir esas lógicas coloniales que siguen reproduciéndose y garantizar que la universidad pública devuelva a la comunidad herramientas concretas de emancipación.
Las comunidades de San Antonio iniciaron su pedido de verdad histórica. Seguiremos en ese camino, aportando nuestro grano de maíz por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
