El oficialismo perdió en el recinto, perdió en la calle y, sobre todo, perdió la batalla cultural: “la patria no se vende” fue la consigna mayoritaria en redes y discursos, y terminó imponiéndose sobre la agenda de Sturzenegger.
Seis gobernadores se desmarcaron, un decreto debió retroceder y la política exterior quedó atrapada entre Washington, Pekín y Brasilia. Detrás del ruido, tres datos explican el fondo: la industria cayó 2,2% en el semestre, la minería marcó un récord histórico y las quiebras de pymes ya superan a las de la pandemia. Anatomía de un poder que se achica.
Hay sesiones que se ganan en el tablero electrónico y se pierden en el acta taquigráfica. La del jueves 6 de agosto en el Senado fue una de ésas. La Libertad Avanza consiguió 37 votos contra 33 y le dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa insignia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pero para llegar a esa cifra tuvo que desarmar el proyecto pieza por pieza: cayeron el capítulo que desmontaba el Registro Nacional de Barrios Populares, el que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros y el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Lo que terminó votándose no fue la ley que impulsó Sturzenegger, sino lo que sobrevivió de ella. Quedaron en pie, apenas, la aceleración de los desalojos y el endurecimiento de los requisitos para expropiar. El proyecto ahora duerme en Diputados, con un futuro incierto.
La sesión tuvo, además, un episodio que resume una década de discusión argentina sobre la casta: se conoció que el senador Joaquín Benegas Lynch, integrante del círculo íntimo presidencial, es titular de una firma dedicada a captar clientes extranjeros interesados en comprar tierras en el país. Lo reconoció desde su banca. El principal defensor legislativo de la desregulación del mercado de tierras tenía un interés económico directo en el resultado de esa votación. La bandera anti-casta se miró al espejo y no le gustó lo que encontró: fue, tal vez, el costo político más caro de la jornada, porque no solo se paga en votos sino en credibilidad.
EL OPERATIVO DESPEGUE DE LAS PROVINCIAS
Lo verdaderamente relevante de la semana no ocurrió en el recinto sino en los teléfonos. Seis gobernadores que hasta ahora garantizaban la gobernabilidad legislativa del mileísmo —Jaldo, Sáenz, Jalil, Figueroa, Llaryora y Passalacqua— coordinaron un operativo para desmarcarse, instruyeron a sus senadores y forzaron el retiro de los capítulos más sensibles antes de que llegaran al tablero. Hubo piruetas de antología: la salteña Flavia Royón, que había redactado varios artículos del dictamen, terminó votando en contra en general. Patricia Bullrich, que el martes había anunciado un dictamen que casi nadie conocía en detalle, admitió después ante las cámaras: “Hubo algunos senadores que se habían comprometido a votar y cambiaron de posición. Así es la democracia”.
El “bloque de los 44”, la mayoría circunstancial que la ministra devenida jefa de bancada había tejido con los espacios dialoguistas, dejó de existir esta semana. Y el dato tiene consecuencias inmediatas: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de patentes quedaron sin garantías de tratamiento. “Se viene el operativo despegue de las provincias”, sintetizó ante Letra P un peronista que trabajó en el punteo de votos hasta la medianoche del jueves.
Vale la pena, de todos modos, no sobreinterpretar el gesto. Los gobernadores no rompieron con Milei: se despegaron de una ley específica que las encuestas mostraban con niveles altísimos de rechazo social. Lo que hubo fue un cálculo de costo electoral, no una conversión programática. Pero en política los cálculos repetidos se vuelven posiciones, y las posiciones, con el tiempo, se vuelven identidades.
HUAWEI, BRASIL Y EL PRECIO DEL ALINEAMIENTO AUTOMÁTICO
Mientras el Senado desarmaba la ley de tierras, se desarrollaba en paralelo un cruce diplomático que mereció más atención de la que recibió. La cooperativa eléctrica neuquina CALF, que negocia con Huawei el despliegue de infraestructura de comunicaciones, recibió de la Embajada de Estados Unidos una advertencia sobre restricción de visas para sus directivos. El embajador Peter Lamelas habló de “seguridad nacional”; la embajada china respondió con dureza y cerró con una pregunta que fue también titular: “¿Libertad o hegemonía?”. El episodio llegó al Financial Times, a Reuters y al Washington Post. La Cancillería argentina no dijo una palabra.
Hay ahí una contradicción de diseño en el corazón del programa: un gobierno que hizo del mercado libre su principio articulador tolera, en silencio, que una potencia extranjera coaccione a una cooperativa argentina para que no elija a su proveedor por criterios técnicos. Ese es, en los hechos, el manual liberal que el propio Gobierno dice defender, aplicado en sentido contrario.
La otra grieta externa es con Brasil, donde la crisis diplomática escaló hasta el retiro de facto de los embajadores tras los insultos de Milei a Lula durante su respaldo a la candidatura de Flavio Bolsonaro. El canciller Mauro Vieira pidió “un gesto: el de parar las agresiones”. La respuesta, este sábado, fue un “UPs!” presidencial en X celebrando un ataque de un congresista republicano contra el líder brasileño. Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales argentinas, y el vínculo bilateral hoy lo administran funcionarios de segunda línea.
LOS NÚMEROS QUE NO ENTRAN EN EL PROMEDIO
“En el promedio, se ahogan los enanos”, dicen en la Unión Industrial Argentina. Los datos de la semana confirman la frase con nitidez casi didáctica. La minería trepó 8,4% en el semestre y marcó récord histórico, con exportaciones por USD 4.742 millones traccionadas por el litio, pero la industria manufacturera, en el mismo período, se contrajo 2,2%. La construcción cayó 4,1% en junio, su cuarta baja del año.
En el plano de las empresas concretas el cuadro es más severo: hasta junio se presentaron 132 pymes en concurso de acreedores en la Ciudad de Buenos Aires, contra 190 en todo 2025 y apenas 106 en el peor año de la pandemia. Las entidades empresarias proyectan el cierre de 3.000 industrias registradas en 2026. Los mecanismos actúan juntos: cadenas de pago estiradas a más de 120 días, ejecuciones fiscales de ARCA activadas a los 60 días de mora —hoy, según CAME, “el problema número uno de las pymes”— y una demanda que no convalida precios. Del lado del ingreso, la probabilidad de conservar un empleo cayó al mínimo de la década, más de un millón de personas perdió su prepaga y siete millones dejaron de ser sujetos de crédito.
Esto no es una anomalía del programa, sino su resultado esperable. Es el caso de manual de lo que Marcelo Diamand llamó estructura productiva desequilibrada: un sector primario-extractivo de altísima productividad conviviendo con un entramado industrial que sostiene el empleo y el mercado interno. Cuando el tipo de cambio se ancla en el nivel que necesita el primero, el segundo no solo no se moderniza, sino que desaparece.
LA CARTA ORGÁNICA Y LA ARITMÉTICA DE LOS DÓLARES
En ese contexto se entiende mejor la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, obsesión presidencial de las últimas semanas. El proyecto reduce el mandato monetario a un objetivo único —preservar la moneda— y elimina la promoción del empleo y el desarrollo con equidad social. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, expuso que entre 2003 y 2023 la entidad transfirió al Tesoro el 85% del PBI y que el impuesto inflacionario llegó a representar el 60% del producto. Juan Cuattromo, del Banco Provincia, coincidió en el diagnóstico y disintió en la conclusión: “La reforma esconde un profundo sesgo distributivo: promete estabilidad, pero a costa de institucionalizar la anemia del crecimiento, la caída del salario real y del empleo”. Lo que está en discusión no es un artículo técnico: es la decisión de convertir en norma permanente para sostener los objetivos de un modelo, mas alla de los proximos gobiernos. Eso no es tecnicismo, es un corset económico y politico que condicionara el futuro.
El otro frente es el cambiario. Milei declaró contar con hasta USD 70.000 millones de poder de fuego entre reservas propias, swaps con Estados Unidos y China, y financiamiento ya cerrado. Las consultoras miran otra planilla: la economía argentina arranca cada año con una “mochila” externa cercana a esos mismos USD 70.000 millones, a la que se suman salidas por utilidades y dividendos, vencimientos de deuda por unos USD 30.000 millones en 2027 y compra de dólares de personas humanas por hasta USD 30.000 millones anuales. En criollo: el blindaje que el Presidente presenta como colchón para un año electoral es, en el mejor de los casos, equivalente a las necesidades estructurales del balance de pagos. No es un excedente, sino el piso.
UNA DERROTA EN TRES PLANOS
La semana cerró con una oposición más activa de lo que estuvo en meses —Cristina Fernández de Kirchner operando desde su prisión domiciliaria, Sergio Massa llamando a gobernadores, Axel Kicillof capitalizando la plaza— y con el frente social ordenado: la CGT, las dos CTA y la UTEP movilizaron el jueves contra la ley y ya tienen agenda para agosto y septiembre. Es tentador leer todo esto como el nacimiento de un frente opositor, pero sería apresurado: fue una coalición circunstancial sobre un tema puntual, construida más sobre lo que se rechaza que sobre lo que se propone.
Lo que sí puede afirmarse, sin apresuramiento, es que el Gobierno perdió esta semana en tres planos a la vez. Perdió en el recinto, donde su ley insignia llegó desmembrada. Perdió en la calle, con movilizaciones que no dejaron de crecer desde el jueves hasta la marcha de San Cayetano. Y perdió, sobre todo, la batalla cultural: “la patria no se vende” dejó de ser una consigna de nicho militante y se convirtió, en el término de días, en el enunciado dominante de la conversación pública, repetido en redes sociales, en discursos legislativos y hasta en el mundo del espectáculo y el deporte, ese terreno simbólico que rara vez se mete en debates parlamentarios. Un gobierno que construyó su identidad sobre la batalla cultural —esa era, según su propio relato, su ventaja comparativa frente a un peronismo desordenado— se encontró esta semana peleando esa batalla con las cartas cambiadas, y perdiéndola.
El eje que ordenó la semana fue la soberanía —la tierra, el fuego, el territorio, los datos, la relación con el vecino—, no la distribución. Es un eje potente porque atraviesa identidades partidarias, pero un frente defensivo puede conservar lo que existe y no alcanza para construir lo que falta. En poco más de un mes empieza la discusión del Presupuesto 2027, que llega con un ajuste severo. Ahí ya no bastará con impedir: habrá que proponer. El Gobierno perdió el control del Congreso, la iniciativa en la calle y buena parte de su credibilidad politica. La oposición solo ganó una votación. La distancia entre esas dos cosas es, exactamente, el trabajo que falta, la construccion de nuevos liderazgos y un proyecto comun que sinteticen este espacio opositor.
AM
