La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina reabre un debate que la historia económica del país nunca terminó de saldar: ¿puede una Nación construir un proyecto de desarrollo mientras sus decisiones estratégicas permanecen condicionadas, revisión tras revisión, por el Fondo Monetario Internacional?
(por ANTONIO MUÑIZ)
La directora gerente del organismo llegó a Buenos Aires el lunes 27 de julio por invitación del presidente Javier Milei, para una visita institucional de dos días que incluyó reuniones con el mandatario, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili, y una recorrida por Vaca Muerta. No fue un gesto protocolar menor: se trató de su primer viaje al país desde que asumió la conducción del Fondo en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del organismo a Buenos Aires en ocho años.
El Gobierno leyó la escena como una validación integral de su programa. Y en el plano discursivo, los hechos lo acompañan: en la conferencia de prensa que compartió con Caputo en el Palacio de Hacienda, Georgieva elogió la fuerte posición fiscal del país, la desaceleración de la inflación interanual de 210% a 30%, y las compras de reservas realizadas por el Banco Central, y sostuvo además que no habrá necesidad de un nuevo financiamiento del FMI el año próximo. En el mismo encuentro, la titular del organismo destacó que la acumulación de reservas superó la meta del programa y que la confianza del mercado ha regresado, en un intercambio en el que Caputo calificó de «excelente a todo nivel» la relación actual entre la Argentina y el Fondo.
Pero detrás de ese respaldo discursivo emerge, otra vez, la cuestión de fondo: el peso creciente del organismo en la definición de la política económica argentina y sus implicancias para la soberanía nacional. No es un debate nuevo. Es, de hecho, el más antiguo de la economía política argentina contemporánea.
Setenta años de un mismo recetario
Desde el ingreso del país al FMI en 1956, los sucesivos programas han respondido a una lógica reconocible: disciplina fiscal, apertura comercial, liberalización financiera, achicamiento del Estado, flexibilización laboral y prioridad absoluta al servicio de la deuda. Lo llamativo no es la receta en sí —hay estabilización fiscal en cualquier manual de macroeconomía seria—, sino que el diagnóstico de fondo apenas se modificó en siete décadas, mientras cambiaban los gobiernos, los ciclos internacionales y los funcionarios que se sentaban del otro lado de la mesa.
La experiencia histórica ofrece evidencia suficiente para juzgar los resultados. El plan de estabilización de 1958, bajo Frondizi, deterioró el salario real y profundizó la dependencia de financiamiento externo sin resolver el estrangulamiento estructural de la balanza de pagos. Durante la última dictadura militar, la apertura financiera conducida por Martínez de Hoz multiplicó la deuda externa, aceleró la desindustrialización y consolidó un patrón de valorización especulativa que la Argentina arrastra hasta hoy. En los noventa, el FMI avaló la convertibilidad como modelo de estabilidad; el esquema terminó en la crisis de 2001, con una fractura económica, social e institucional sin precedentes. Y el acuerdo de 2018 con Macri —el préstamo más grande de la historia del organismo, por unos USD 44.000 millones— tampoco logró estabilizar la economía: derivó en una devaluación abrupta, una aceleración inflacionaria y una deuda que todavía condiciona las cuentas públicas.
La conclusión que se desprende de ese recorrido no es ideológica, es empírica: ningún programa impulsado por el Fondo construyó, por sí solo, un proceso sostenido de desarrollo argentino.
Lo que dicen los números de 2026
El propio organismo reconoce que la foto macro todavía no se traduce en bienestar generalizado. En la misma conferencia de Buenos Aires, Georgieva planteó como uno de los desafíos centrales la informalidad laboral, al señalar que el desempleo argentino no es alto en términos comparativos —está por debajo del 8%— pero una parte importante de ese empleo es informal, y preguntó de qué forma el país puede lograr que ese empleo se formalice. Es una admisión relevante: la estabilidad de precios y el ancla fiscal conviven con un mercado de trabajo que no logra traducir el ajuste en empleo de calidad.
La coyuntura fiscal, además, muestra grietas que la escena de la visita no disimula. La caída del 6,7% en los ingresos tributarios durante el primer semestre —explicada por IVA, aportes a la seguridad social y retenciones— provocó en junio el primer déficit primario de la era Milei y el incumplimiento de la meta fiscal acordada con el Fondo para el primer semestre. Según cifras oficiales, el Sector Público Nacional registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos de $328.049 millones. Para cumplir la meta de diciembre, el Tesoro deberá acumular un superávit primario adicional de casi $10 billones en el segundo semestre, en un contexto en el que el riesgo país volvió a subir hasta los 437 puntos. El propio staff report del organismo fue explícito: para sostener el objetivo de superávit primario cercano al 1,5% del PBI en 2026 será necesario mantener una disciplina de gasto estricta y continua.
Es la fotografía habitual de estos programas: el ancla fiscal se sostiene, pero exige un esfuerzo de compresión del gasto cada vez mayor sobre una base tributaria que se erosiona, mientras la economía real —empleo formal, inversión productiva, entramado pyme— sigue esperando su turno.
Estabilidad y desarrollo no son sinónimos
Esta distinción no es una observación retórica: es la clave analítica que permite leer setenta años de acuerdos con el Fondo sin caer ni en el rechazo dogmático ni en la validación acrítica. La estabilidad de precios y el equilibrio fiscal son condiciones necesarias de cualquier proceso de desarrollo —ningún país crece de forma sostenida con inflación descontrolada o default permanente—, pero no son condiciones suficientes.
La tradición estructuralista argentina, ya identificó con precisión el problema: una economía con estructura productiva desequilibrada —un sector primario competitivo conviviendo con una industria que no lo es al tipo de cambio de equilibrio del agro— tiende a repetir ciclos de stop and go en los que cada fase de crecimiento choca contra la restricción externa, y cada estabilización exitosa en el plano monetario deja intacto el problema de fondo: la falta de una estructura productiva capaz de generar las divisas que el propio crecimiento demanda.
Visto con esa lente, el logro de desacelerar la inflación de 210% a 30% interanual es un dato real y no menor. Pero mientras el estrangulamiento estructural no se resuelva con inversión productiva, innovación tecnológica, infraestructura, crédito de largo plazo y fortalecimiento del mercado interno, el equilibrio macroeconómico corre el riesgo de transformarse en un fin en sí mismo, desconectado de la pregunta realmente importa: ¿quién produce, qué produce y con qué capacidad de generar empleo de calidad y divisas genuinas?.
La soberanía económica como condición de la soberanía política
Sostener la soberanía económica no implica desconocer los compromisos internacionales ni promover el aislamiento. Significa preservar la capacidad del Estado —a través de sus instituciones democráticas— para definir las prioridades del desarrollo nacional, incluso cuando esas prioridades no coinciden exactamente con la agenda de reformas que el organismo condiciona a los desembolsos. La propia visita de julio de 2026 lo ilustra: entre los compromisos pendientes del país con el Fondo figura una reforma —probablemente la laboral— que integra la lista de pedidos del organismo desde hace años y que quedó formalizada como compromiso dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas, con septiembre como fecha límite. Cuando el calendario de las reformas estructurales de un país queda atado al calendario de revisión de un programa externo, el margen de maniobra de cualquier gobierno —de cualquier signo— se reduce, y buena parte de la agenda pública termina respondiendo a objetivos fijados fuera de sus fronteras.
Por eso la discusión excede los indicadores fiscales o monetarios de una revisión trimestral. Lo que está en juego es quién fija las prioridades del país y con qué horizonte temporal las piensa: el de un board que evalúa metas semestrales, o el de una Nación que necesita planificar una estructura productiva a veinte años.
El desafío pendiente
La Argentina necesita resolver un problema que trasciende los cambios de gobierno: construir un proyecto de desarrollo capaz de sostenerse en el tiempo, apoyado en la producción, la industria, la ciencia y la tecnología, el agregado de valor a los recursos naturales, la infraestructura, el crédito para las pequeñas y medianas empresas, y una inserción internacional orientada a fortalecer —no a sustituir— las capacidades nacionales. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para ese objetivo. Nunca puede sustituirlo. Las economías que hoy lideran los procesos de desarrollo combinaron disciplina fiscal con política industrial activa, financiamiento de la innovación, protección selectiva de sectores estratégicos y planificación de largo plazo. Ninguna llegó a ese lugar limitándose a equilibrar las cuentas públicas.
No es casual que la propia Georgieva, al cierre de su conferencia en Buenos Aires, haya interpelado directamente a la sociedad argentina sobre su capacidad de perseverar para transformar el país, en una frase que —más allá de la intención— expone la lógica del vínculo: el ajuste y la perseverancia recaen sobre el pueblo argentino, mientras el diagnóstico técnico sigue siendo diseñado, revisión tras revisión, del otro lado del río.
La lección de la historia
Cada nuevo acuerdo con el Fondo fue presentado, en su momento, como el punto de partida de una recuperación definitiva. La experiencia demuestra que esos programas estabilizaron —en algunos casos— variables financieras, pero no resolvieron las debilidades estructurales de la economía argentina: la restricción externa, la escasa diversificación productiva, la dependencia tecnológica y la persistente desigualdad social que la propia informalidad laboral, señalada esta semana por la propia directora del organismo, sigue expresando.
La discusión, entonces, no consiste en aceptar o rechazar al Fondo Monetario Internacional como interlocutor financiero: es, y seguirá siendo, un actor insoslayable del escenario financiero global. El verdadero desafío es recuperar la capacidad de diseñar un proyecto nacional cuyo eje sea el desarrollo productivo, la generación de empleo de calidad, la innovación y el fortalecimiento del mercado interno. Porque la historia demuestra, una y otra vez, que ningún país alcanzó un desarrollo sostenible delegando sus decisiones estratégicas. La soberanía política solo puede consolidarse cuando descansa sobre una soberanía económica capaz de definir el rumbo del país en función de los intereses permanentes de la Nación.
