El ministro desregulador va por más y planea derogar otras 70 leyes. El mamotreto incluye un ataque directo a los libreros independientes. Como siempre, el lobby, atento a posibles cambios.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger prepara un nuevo proyecto estilo “Ley Hojarasca”, a pesar de que el anterior, que busca derogar más de 70 normas vigentes, aún no logra llegar al recinto del Senado. El borrador al que tuvo acceso Página /12 cuenta con unas 144 hojas y todavía no pasó todavía “los filtros” correspondientes de la Casa Rosada. La propuesta incluye cambios de fondo a normativas como el Régimen de Corretaje y las leyes de Protección de la Actividad Librera. Además, vuelve a la carga con una vieja idea; la de comercializar medicamentos fuera de las farmacias y, ahora, habilita canales digitales para la venta. También desregula el mercado de Gas Licuado de Petróleo, modifica el Régimen para la navegación e incluye todo un capítulo destinado al sector agroganadero. No hay fecha prevista para que el proyecto llegue al Congreso. “No está en agenda por ahora”, señalaron a Página /12, fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Sturzenegger sigue con su idea de desregular y liberalizar distintos sectores de la economía local, a pesar de los frenos que le viene poniendo en el Congreso los legisladores opositores y los propios aliados. Esta vez, el ministro se propone derogar 13 leyes y modificar alrededor de 50. Entre las que pretende eliminar se encuentra la Ley 24.331 que establece el régimen legal de las Zonas Francas en Argentina. La norma actual tiene como objetivo fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora mediante importantes exenciones impositivas y aduaneras, permitiendo realizar actividades de almacenaje, logística, servicios e industrialización en espacios delimitados del territorio nacional.
Respecto al régimen de Corretaje, el borrador busca desregular el mercado inmobiliario, y entre sus puntos salientes acota los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario. Por ejemplo, elimina la obligación de tener título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer, basta con tener título secundario y mayoría de edad. Asimismo, prohíbe fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos, sino que la comisión se pacta libremente entre las partes. También le da lugar a la creación de plataformas digitales para validar y legalizar el corretaje.
Más adelante, el proyecto liberaliza de manera total al mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, el gas en garrafas y cilindros. En concreto, elimina las regulaciones que rigen desde 2005 vinculadas con precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales. Lo que hace es derogar el Régimen Regulatorio del GLP (Ley N° 26.020), que lo declara como un “servicio público de interés general”, que le permitía al Estado fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular cupos de abastecimiento. De esta forma, se limita la intervención estatal solo a garantizar condiciones de seguridad y deja los precios librados a la oferta y la demanda.
Respecto a la ley de Farmacias, el proyecto pretende habilitar la venta digital y el envío a domicilio de medicamentos bajo determinadas condiciones. Además, permite comercializar medicamentos de venta libre fuera de farmacias.
El proyecto igualmente plantea una desregulación del mercado editorial al derogar la Ley N° 25.542, de Defensa de la Actividad Librera. Es decir, se pretende eliminar el precio uniforme de venta al público para los libros. Esto significaría que las grandes cadenas de librerías y supermercados podrán ofrecer descuentos agresivos, lo que iría en detrimento de las librerías más pequeñas.
Según pudo saber este diario no hay fecha prevista para que el proyecto llegue al Congreso. Concretamente, fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, detallaron que la iniciativa “no es oficial”. A su vez, precisaron que “no está en agenda por ahora”, y que “no pasó los filtros aún”.
Por otro lado, el borrador planifica modificaciones en las actividades del Agro y la vitivinicultura, ya que modifica el financiamiento de organismos sectoriales. El capítulo 4 de “Ley de Alcoholes y vinos” donde introduce varias modificaciones a Ley 24.566, busca reducir los controles e intervenciones del estado al modificar funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Por ejemplo, los controles de origen, añada y varietal dejan de ser obligatorios, para pasar a ser optativos. El estado pasa solo a controlar la seguridad, la genuinidad y la aptitud para el consumo humano.
Pero los sectores con los que se mete Sturzenegger son varios, y la carne no queda afuera del anteproyecto. El texto pone el foco en cambiar el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y le ordena al SENASA y a la Secretaria de Agricultura a cesar, a partir del 1 de octubre de 2027, de cobrar los aportes obligatorios destinados al organismo. La reforma busca pasar de un esquema compulsivo a uno sostenido por aportes voluntarios y de servicios propios.
Para los traductores públicos también hay un capítulo. La iniciativa pretende reducir los casos en los que seria obligatorio una traducción en español. Es decir, flexibiliza el criterio sobre cuándo será necesario solicitar una traducción. De aprobarse impactará en la intervención que tendrán especialmente los traductores en la Administración Pública.
