Dirigentes políticos y sociales, juristas y científicos, cuestionaron la renuncia a la soberanía y los riesgos ambientales que supone el proyecto. Reclaman una evaluación responsable

(Por Raúl Dellatorre/Página 12/ Director de Motor Económico)  Organizaciones y referentes de distintos ámbitos reclamaron por escrito ante el Congreso Nacional que convoque a audiencia pública antes del tratamiento del proyecto de ley de incentivos a grandes inversiones en “nuevas industrias”, por considerar que “el proyecto contiene disposiciones y regulaciones de posible impacto ambiental, que requieren evaluaciones y aportes científicos especializados”.

Se refieren al probable objetivo oficial de favorecer proyectos de instalación de gigantescos centros de datos (Data Centers) en territorio patagónico, como el impulsado por el empresario Peter Thiel, que representarían un desmesurado consumo de agua potable y energía. La experiencia, en otros países, es que se debió poner freno y fuertes regulaciones a estos emprendimientos, dado el perjuicio que el desvío en el uso de esos recursos provocaba al conjunto de la población.

En cambio, el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, invitaron a la concreción de esos proyectos en el país bajo la promesa de la instauración de “la regulación cero” del Estado sobre los mismos (nota firmada por ambos en el Financial Times de la primera semana de junio de este año).

El pedido de audiencia pública al Congreso está firmado, entre otros, por Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista), Roberto Feletti (ex diputado nacional y ex viceministro de Economía), Felisa Miceli (ex ministra de Economía), Dora Barrancos (investigadora social), Alicia Castro (ex embajadora y ex diputada nacional), Ricardo Nissen (ex titular de la Inspección General de Justicia) y una extensa lista de organtizaciones y referentes del ámbito sociopolítico, científico, educativo y jurídico.

El régimen no sólo otorga ventajas en materia cambiaria, aduanera y tributaria a inversiones superiores a 1000 millones de dólares, sino que además, de la mano de la modificación a la Ley de Sociedades (que avanza en paralelo al proyecto de súper RIGI) habilita el funcionamiento de sociedades controladas por Inteligencia Artificial, es decir a través de un ente sin una persona detrás de un proyecto que pudiera ser responsable de sus consecuencias.

“El proyecto de ley incorpora disposiciones que eventualmente implican la inaplicabilidad de legislación ambiental vigente en las distintas jurisdicciones y una posible renuncia a sancionar nueva legislación en la materia”. Ello supone, advierte, “un avance sobre los principios de progresividad y equidad intergeneracional”.

Además, señala que “la estabilidad jurídica comprometida por 30 años implica una renuncia a las potestades regulatorias del Estado en una materia, medio ambiente, que es sustancialmente dinámica y que además, por los avances científicos y tecnológicos, también aparecen constantemente nuevos riesgos que deben ser regulados por el Estado”.

“Esta estabilidad jurídica (las ventajas otorgadas no podrían ser modificados bajo ninguna circunstancia) no sólo es una renuncia a las facultades de policía del Estado, sino también a su soberanía en regulación económica, con un profundo impacto negativo en las economías regionales”.

El artículo 4 del proyecto indica que su objetivo será “sólo las nuevas actividades económicas”, especificadas por el Poder Ejecutivo en nota a la cámara de Diputados. Esas actividades son las referidas a “Inteligencia Artificial, semiconductores, biotecnología e infraestructura digital”.

Agrega el pedido de audiencia pública presentado esrte martes que “todas esas actividades tienen un comprobado impacto ambiental por el uso intensivo de recursos hídricos, suelos, capacidad de contaminación y otros”.

“No debe soslayarse que, ante una eventual situación de sequía o escasez de alguno de los recursos naturales involucrados en un súper RIGI que se encuente vigente, el Estado habrá renunciado a su capacidad de regular el acceso a los mismos de modo equitativo o privilegiando el bien común”.

Las consecuencias, refiere, podrían resultar “desvastadoras para economías regionales asociadas al valor patrimonial del paisaje y a los regímenes naturales del agua, como la actividad frutícola”.