(Por Cecilia Miglio) A partir de entrevistas con Cosecha New Jersey, registros oficiales, expedientes judiciales y datos fiscales, esta investigación reconstruye cómo la política migratoria de Estados Unidos avanzó sobre una población indispensable para su economía: detenciones masivas, expansión de prisiones privadas, expulsiones aceleradas y una medida extrema —hacer figurar como muertas a personas vivas— para forzarlas a salir del sistema.

Mientras el discurso oficial insiste en la “seguridad nacional”, las “amenazas criminales” y la supuesta “carga económica”, los datos internos de ICE, los expedientes judiciales y los reportes impositivos muestran otra trama: durante la actual administración de Donald Trump se consolidó un sistema de detención masiva, presión administrativa y rentabilidad privada.

Vivos, pero muertos para el sistema

La medida más extrema fue también la más reveladora: la inclusión de 6.000 inmigrantes vivos, en su mayoría latinos, en el archivo maestro de defunciones del Seguro Social. Según los registros consultados, esa maniobra permitió congelar cuentas bancarias, cancelar tarjetas, trabar trámites y presionar por la llamada “autodeportación”.

No se trataba solo de detener, deportar o encerrar. La maniobra expuso una forma de persecución administrativa: convertir a personas vivas en muertas para el sistema que les permite trabajar, cobrar, pagar, sostener a sus familias y permanecer en la vida pública.

Esa política no aparece aislada. Forma parte de una ofensiva más amplia que combina castigo burocrático, encierro, expulsión acelerada y negocio privado.

El mito del criminal: detenciones sin condena y arrestos lejos de la frontera

El relato gubernamental, repetido por voceras como Tricia McLaughlin, exsubsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, sostiene que el Estado remueve a “extranjeros ilegales criminales”. Pero, frente a datos que muestran la ausencia de condenas penales en la mayoría de las personas detenidas, el gobierno llegó a sugerir que podían tener antecedentes en el extranjero o vínculos con el terrorismo.

Los expedientes migratorios desmienten esa narrativa. En abril de 2026, el 70,8% de las más de 60.000 personas detenidas por ICE no tenía condena penal. Los registros de tribunales migratorios muestran, además, que solo el 1,79% de los procesos iniciados este año se basó en actividad criminal.

En la práctica, el foco se desplazó hacia arrestos civiles lejos de la frontera: esos operativos se multiplicaron por once y las detenciones de personas sin antecedentes crecieron siete veces, con impacto principal sobre la población latina.

El volumen del sistema es inédito. Los tribunales migratorios acumulan un retraso de 3,24 millones de casos y, en pocos meses, se ordenó la deportación de 466.891 personas. Hasta mayo de 2026, las nacionalidades más afectadas eran México, con 102.354 órdenes; Honduras, con 56.471; Guatemala, con 55.662; Venezuela, con 53.166; y Colombia, con 30.742. El objetivo presupuestario declarado es alcanzar un millón de deportaciones anuales.

En Nueva Jersey, Cosecha estima que más de cinco mil personas fueron detenidas desde el inicio del segundo mandato de Trump, una cifra que, según la organización, crece día a día.

El negocio del encierro

Si la mayoría de las personas detenidas no tiene condena penal, el foco se desplaza hacia otra pregunta: quién gana con el encierro. A comienzos de 2026, ICE alcanzó un récord de 73.400 personas detenidas en un solo día. Ese volumen fue posible por la One Big Beautiful Bill, que destinó 45.000 millones de dólares a expandir la capacidad de detención. La meta oficial era sostener una población diaria de 100.000 inmigrantes detenidos y habilitar 80.000 nuevas camas.

Doris Meissner, del Migration Policy Institute, describió la expansión como un sistema “con esteroides”: de 40.000 camas en enero de 2025 se pasó a más de 60.000 en octubre.

Los principales beneficiarios son las corporaciones de prisiones privadas. De los 20 “mega-centros” más grandes del país, 19 están operados por empresas con fines de lucro. Son compañías que cotizan en bolsa y cuyo negocio depende, de manera directa, de que el Estado mantenga o aumente la población detenida. En total, el sistema cuenta con 456 instalaciones en funcionamiento.

En Nueva Jersey, el símbolo de esa lógica es Delaney Hall, donde permanecen entre 900 y 1.000 personas detenidas. Según relevamientos comunitarios, el gobierno federal paga a GEO Group 185 dólares por noche por cada cama ocupada: fondos públicos transferidos a una empresa privada por cada persona encerrada.

Delaney Hall: huelga, denuncias y represión

La huelga de hambre y laboral en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, comenzó el 22 de mayo de 2026. Más de 300 personas detenidas dejaron de comer y de trabajar para denunciar condiciones que calificaron como inhumanas: falta de atención médica, alimentos en mal estado o insuficientes —incluidas denuncias de comida con gusanos—, higiene deficiente, hacinamiento, falta de aire acondicionado, demoras en los procesos migratorios y restricciones para comunicarse con familiares y abogados.

Con el paso de los días, la protesta se consolidó como una de las mayores acciones colectivas registradas en un centro de ICE en los últimos años. Aunque Cosecha no organizó la huelga, acompañó a las familias, apoyó las manifestaciones frente al centro y ayudó a visibilizar las demandas.

Días después, las mujeres detenidas se sumaron con reclamos propios. Denunciaron conductas sexuales inapropiadas atribuidas a una guardia penitenciaria, señalada por al menos diez detenidas, y exigieron la liberación de madres, jóvenes y personas con problemas de salud. También reclamaron atención médica adecuada, agua potable, visitas familiares y protección frente a abusos y represalias.

La medida se inscribió en una ola más amplia de huelgas en centros de detención migratoria de Washington, California, Texas, Pensilvania y Michigan, aunque no hubo una coordinación nacional visible entre esas protestas.

Afuera de Delaney Hall, las protestas diarias derivaron en operativos policiales, enfrentamientos con agentes federales, arrestos y el despliegue de la Policía Estatal de Nueva Jersey, con caballos, equipos antimotines y un toque de queda entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.

La respuesta estatal expuso una contradicción: mientras la gobernadora expresaba preocupación por las condiciones de detención, el operativo limitó las protestas y el acompañamiento a las familias. Para las organizaciones, el Estado actuó más como fuerza de contención que como garante de derechos.

El caso tuvo amplia cobertura en medios estadounidenses y en español, entre ellos El País, New Jersey Monitor, The Guardian y Reuters, que documentaron la magnitud de la huelga, las denuncias dentro del centro y el aumento de la presencia policial en sus alrededores.

La muerte civil: asfixia jurídica y económica

Para convertir la detención en una vía casi directa hacia la deportación, el Estado aplicó nuevas tácticas de presión. La liberación bajo fianza cayó del 16% al 3%, y los pedidos de “salida voluntaria” se multiplicaron por 21. Solo el 27,7% de las personas deportadas tuvo abogado; incluso miles de niños no acompañados enfrentaron a un juez sin representación legal.

La ofensiva se extendió más allá de los centros de detención. El gobierno propuso eliminar el permiso de trabajo para la mayoría de los solicitantes de asilo durante los primeros 180 días del proceso. También impulsó demandas civiles para quitar la ciudadanía a personas naturalizadas por infracciones menores y modificó el sistema de visas H-1B mediante una “selección ponderada” que favorece hasta cuatro veces más a quienes tienen salarios altos.

El resultado es una asfixia jurídica y económica: menos posibilidades de salir bajo fianza, menos acceso a defensa legal, más obstáculos para trabajar y más presión para aceptar la salida del país, incluso cuando existen lazos familiares, laborales y comunitarios construidos durante años.

Cuando la persecución entra en la casa

La persecución reorganiza la vida doméstica: quién cuidará a los chicos si un adulto es detenido, cómo pagar la renta, qué abogado podrá intervenir a tiempo. Las cartas enviadas desde los centros de detención condensan esa fractura: madres que explican ausencias, jóvenes que asumen responsabilidades económicas y familias enteras atrapadas en la incertidumbre.

Los efectos sobre hijos e hijas de migrantes incluyen estrés tóxico, ansiedad, depresión, problemas de sueño y temor hacia las instituciones. Pero detrás de esas categorías clínicas aparecen historias concretas.

En mayo de 2026, el caso de Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con cáncer terminal, generó conmoción nacional. Después de gestiones legales y de una intensa campaña pública, logró reencontrarse con sus padres, que permanecían en México por restricciones migratorias. Murió poco después de volver a abrazarlos. Su historia se convirtió en uno de los casos más visibles del impacto que estas políticas pueden tener sobre familias atravesadas por situaciones extremas.

Un mes más tarde, el caso de Eliel José, un joven de 19 años de Atlanta, volvió a exponer las consecuencias de las deportaciones sobre los hogares migrantes. Después de la expulsión de su padre a México, debió asumir responsabilidades económicas y familiares que alteraron su vida cotidiana. Su muerte conmocionó a la comunidad y reabrió el debate sobre el costo emocional que estas políticas trasladan a hijos e hijas de migrantes.

Frente a ese escenario, la comunidad se organiza: comerciantes, iglesias, voluntarios y familias articulan redes de apoyo para responder a detenciones, cubrir urgencias y buscar asesoría legal. A través de Radio Cosecha y de las redes sociales, cada semana nuevas familias se suman a esos circuitos.

Muertes bajo custodia y uso de la fuerza

Los registros históricos documentan 47 muertes bajo custodia de ICE. Desde enero de 2025, investigaciones de Reuters reportaron 50 casos, una cifra que duplicó la tasa histórica. En 2025 hubo 31 fallecimientos y, para abril de 2026, ya se contabilizaban 16. Las cifras muestran un aumento, pero también obligan a mirar las causas.

Los casos combinan denuncias por negligencia médica y episodios de uso de la fuerza. Un solicitante de asilo haitiano murió por una infección dental no tratada. En Luisiana, falleció Alejandro Cabrera Clemente, mexicano de 49 años, en un caso aún sin aclararse. En Minneapolis, Renee Good, ciudadana estadounidense, murió por disparos de un agente de ICE durante un operativo; la versión oficial de defensa propia fue cuestionada por testigos, autoridades locales y análisis de video.

Sin embargo, ICE sostiene en comunicados que sus centros brindan “la mejor atención médica que muchos extranjeros han recibido en su vida”. Esa afirmación contrasta con denuncias de comida en mal estado, hacinamiento, enfermedades sin tratamiento, castigos mediante traslados y falta de investigaciones frente a abusos.

El subsidio silencioso: impuestos sin derechos

El mito del inmigrante como “carga pública” se derrumba frente a los datos fiscales. Según el ITEP y la Administración del Seguro Social, la población indocumentada aportó 96.700 millones de dólares en impuestos en 2022. En 40 estados, paga una tasa impositiva efectiva del 8,9%, superior al 7,2% que tributa el 1% más rico.

Además, esa población contribuye con 33.900 millones de dólares anuales al Seguro Social y Medicare, generando un superávit neto de 12.000 millones, pese a que tiene prohibido acceder a esos beneficios. La reforma fiscal de 2017 la excluyó del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y exigió un número de Seguro Social válido para acceder al Crédito Tributario por Hijos

Para Cosecha, la paradoja es evidente: mientras se criminaliza a la población migrante, el Estado depende de su aporte fiscal. La economía se sostiene también con ese trabajo; la política lo castiga.

Cosecha New Jersey: organizarse frente al miedo

Cosecha New Jersey nació en 2014, impulsada por activistas y DREAMers, en un contexto de frustración por la falta de avances legislativos. Promueve la acción directa no violenta por la protección permanente y la dignidad de más de 12 millones de inmigrantes indocumentados. Su nombre recupera la tradición de lucha de los trabajadores agrícolas.

En Nueva Jersey, la organización destaca conquistas como la ley de licencias de conducir para personas indocumentadas, avances para trabajadoras domésticas y la Trust Act, que limita la colaboración estatal con ICE.

En la intersección entre datos oficiales y trabajo territorial, Cosecha expone lo que las cifras no alcanzan a mostrar: una política que rompe vidas, pero también una comunidad que se organiza frente al miedo.

“Somos profesionales, cuidadores, constructores y trabajadores agrícolas indispensables; la economía no funciona sin nosotros”, afirman.

Su mensaje retoma la advertencia de Martin Luther King Jr.: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.” Para la organización, el poder no reside en la clase multimillonaria, sino en las comunidades capaces de convertir el miedo en acción colectiva.

Dónde pedir información y acompañamiento

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