La crisis desatada en el canal de streaming Blender, que expuso conflictos laborales, diferencias empresariales y la creciente participación del empresario Augusto Marini en el negocio de los medios digitales, constituye apenas la superficie de un proceso mucho más profundo. Detrás de ese episodio comienza a delinearse una nueva configuración del poder comunicacional argentino, donde convergen tecnología, negocios, política y construcción de influencia.
(Por Antonio Muñiz)
El caso merece atención, aunque no tanto por sus protagonistas como por lo que representa. La irrupción de nuevos inversores en el ecosistema del streaming plantea interrogantes sobre el financiamiento de estas plataformas, su sustentabilidad económica y los vínculos que pueden establecerse entre la actividad mediática y otros intereses empresariales.
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Augusto Marini. Blender
La investigación publicada por elDiarioAR reconstruye la expansión de Marini hacia distintos medios digitales y su desembarco en el negocio audiovisual mientras desarrolla actividades en sectores como infraestructura, transporte ferroviario, energía, salud y servicios. No se trata, por supuesto, de afirmar que exista irregularidad alguna por esa condición. Sí invita a reflexionar sobre un fenómeno que excede ampliamente a un empresario en particular: la creciente integración entre comunicación, poder económico y capacidad de incidencia política.
Pero sería un error considerar que estamos frente a un fenómeno completamente nuevo.
Un modelo con antecedentes
La utilización de los medios de comunicación como herramienta de acumulación de poder económico y político posee una larga tradición en la Argentina.
Durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI, grupos como Clarín, bajo el liderazgo de Héctor Magnetto, o La Nación, controlado por la familia Saguier, consolidaron un modelo de expansión que trascendió el negocio periodístico. La construcción de grandes conglomerados multimedia les permitió transformarse en actores centrales de la vida política nacional, con capacidad para fijar agenda pública, influir sobre el debate político y defender intereses económicos propios en escenarios regulatorios complejos.
La historia demuestra que los medios nunca fueron únicamente empresas dedicadas a producir información. También constituyeron espacios de disputa por el poder.
La diferencia es que el cambio tecnológico comenzó a modificar las reglas de ese juego.
Durante décadas, el control de diarios, radios o canales de televisión dependía de activos escasos: licencias, infraestructura técnica, imprentas y elevadas inversiones de capital. Esa estructura generó importantes barreras de entrada y favoreció la consolidación de grandes grupos con posiciones dominantes.
Internet alteró profundamente ese escenario. Primero fueron los portales digitales; luego las redes sociales y, finalmente, los canales de streaming. Hoy es posible construir audiencias de millones de personas sin disponer de una frecuencia de televisión abierta ni de una cadena nacional de radios. La influencia dejó de depender exclusivamente de la infraestructura tradicional y comenzó a trasladarse hacia plataformas digitales capaces de llegar directamente a públicos específicos, especialmente jóvenes.
Del capitalismo de medios al capitalismo de plataformas
La transformación puede comprenderse mejor si se observa desde la economía política de la comunicación.
Autores como Herbert Schiller, Dallas Smythe, Vincent Mosco o Robert McChesney sostuvieron hace décadas que los medios de comunicación no funcionan únicamente como empresas periodísticas. Constituyen, además, instrumentos de producción simbólica, formación de consensos y construcción de poder.
La revolución digital no modificó esa lógica. Lo que cambió fueron las herramientas.
Estamos asistiendo al pasaje desde un capitalismo de medios, basado en el control de empresas periodísticas tradicionales, hacia un capitalismo de plataformas de influencia, donde el principal activo ya no es una imprenta o una licencia de televisión sino la capacidad de captar la atención de millones de usuarios, construir comunidades digitales y moldear la conversación pública mediante algoritmos, redes sociales y transmisiones en vivo.
En ese nuevo escenario aparecen empresarios que comprenden que invertir en comunicación puede representar mucho más que un negocio periodístico. Un canal de streaming puede convertirse en un activo estratégico dentro de un holding con intereses en infraestructura, energía, tecnología, salud, servicios financieros o contrataciones públicas.
La rentabilidad directa del medio puede incluso pasar a un segundo plano frente al valor que representa disponer de una plataforma capaz de construir reputación, instalar temas de debate o fortalecer posiciones de negociación en otros mercados.
La economía del streaming
El crecimiento explosivo del streaming también abre interrogantes económicos.
Muchos de estos proyectos cuentan con estudios de alta tecnología, importantes equipos de producción, figuras reconocidas, programación durante varias horas diarias y estructuras laborales que implican costos elevados.
Sin embargo, la publicidad digital, las reproducciones en plataformas y los acuerdos comerciales no siempre parecen suficientes para explicar semejantes inversiones.
Esta situación alimenta un debate que todavía carece de respuestas concluyentes: ¿quién financia realmente el ecosistema del streaming argentino?
Las fuentes pueden ser diversas: publicidad privada, patrocinadores, aportes de inversores, integración con otros negocios o financiamiento proveniente de holdings empresariales. Ninguna de esas alternativas constituye, por sí misma, un problema.
La cuestión relevante es otra.
Cuando plataformas con una creciente influencia política forman parte de grupos económicos con intereses en sectores regulados por el Estado o con participación en contrataciones públicas, la transparencia sobre la composición accionaria, los mecanismos de financiamiento y los eventuales conflictos de interés adquiere una importancia democrática evidente.
No se trata de cuestionar la inversión privada ni de sospechar irregularidades sin pruebas. Se trata de comprender que la comunicación ocupa hoy un lugar estratégico en la arquitectura del poder económico contemporáneo.
La disputa por la influencia
Durante años el sistema político argentino debatió sobre la concentración de medios poniendo el foco casi exclusivamente en los grandes multimedios tradicionales.
Ese diagnóstico continúa siendo válido, pero ya resulta insuficiente.
Hoy la disputa por la construcción de sentido también se desarrolla en YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, X y los canales de streaming. Las audiencias más jóvenes consumen información en formatos completamente distintos a los de hace apenas diez años.
Los nuevos actores digitales no sustituyen automáticamente a los grupos históricos. Conviven, compiten y, en algunos casos, se complementan.
Los grandes conglomerados procuran adaptarse a las nuevas tecnologías mientras emergen empresarios que construyen poder directamente desde el universo digital. El resultado es un mapa comunicacional mucho más fragmentado, más dinámico y también más difícil de analizar.
Lo que está en juego ya no es únicamente quién controla un diario o un canal de televisión. La verdadera disputa pasa por quién logra dominar los circuitos de circulación de la información, captar la atención de las audiencias y transformar esa influencia simbólica en capacidad de incidencia política y económica.
Un debate imprescindible
El caso Marini no inaugura esta lógica. Representa, más bien, una nueva etapa de un proceso histórico que comenzó hace décadas y que hoy adopta formas distintas debido al cambio tecnológico.
Los grandes grupos mediáticos tradicionales ya no ejercen un monopolio casi exclusivo sobre la producción de sentido. La aparición de nuevos actores digitales está modificando el equilibrio del poder comunicacional argentino y obliga a revisar categorías que durante mucho tiempo parecían inamovibles.
La discusión de fondo tampoco debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse quiénes financian las nuevas plataformas, cuáles son sus estructuras de propiedad, qué intereses económicos representan y de qué manera esas relaciones pueden influir sobre la calidad del debate democrático.
Porque, en definitiva, el problema no es que existan empresarios invirtiendo en comunicación. Eso ha ocurrido desde los orígenes de la prensa moderna. El desafío consiste en garantizar que la sociedad conozca con claridad quién produce la información que consume, cuáles son los intereses que sostienen esos proyectos y qué grado de transparencia existe detrás de las nuevas plataformas que, cada día, adquieren mayor capacidad para moldear la conversación pública.
La Argentina está ingresando en una nueva etapa del poder comunicacional. Entenderla será indispensable para comprender cómo se construirá la política, la opinión pública y la disputa por el poder durante las próximas décadas.
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