La Cámara de Diputados aprobó esta semana con 130 votos a favor la media sanción del llamado Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones en industrias tecnológicas y digitales que pasó al Senado para su tratamiento definitivo. La iniciativa exige un desembolso mínimo de 1.000 millones de dólares, ofrece una alícuota del 15% en Ganancias (frente al 35% general), exenciones aduaneras totales para importar bienes de uso y liberación progresiva de divisas que llega al 100% a partir del tercer año. La estabilidad normativa tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social se garantiza por 30 años, con posibilidad de extenderse a 40. Las eventuales disputas podrán resolverse en tribunales arbitrales internacionales, incluido el CIADI. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, resumió: «Es un régimen de excepción quizás nunca visto. Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel.»
Para entender adónde lleva ese camino, alcanza con mirar el balance del RIGI original, aprobado en la Ley Bases de julio de 2024. Lejos de atraer capitales nuevos que aterricen por primera vez en el país, el régimen sólo funcionó hasta ahora como un acelerador para proyectos preexistentes. Energía y minería lideran el ranking de actividades promocionadas con contundencia: 6 de los 7 primeros proyectos aprobados correspondieron a estos sectores, predominantemente petróleo y gas, explotaciones de litio, oro y cobre. El contraste con el resto de la economía es elocuente, en tanto la industria se ubica entre 5,5% y 6% por debajo de los niveles de fines de 2024, mientras que la construcción muestra una caída de 24,1%. El RIGI no derramó nada sobre los sectores que generan la mayor parte del empleo del país.
El impacto en términos de trabajo es el dato que el Gobierno evita poner en primer plano, ya que los 16 proyectos aprobados que comprenden inversiones por casi 30.000 millones de dólares generarían un estimado de apenas 54.495 empleos directos e indirectos. Para dimensionar esa cifra hay que señalar que la industria manufacturera, según el INDEC, emplea a cerca de un millón de trabajadores registrados. El modelo extractivo-exportador que concentra casi la totalidad del RIGI es, por definición, intensivo en capital y extensivo en territorio, no en mano de obra. Desde Misión Productiva advirtieron que el Súper RIGI «viene a consolidar la tendencia que ya instaló el RIGI: fragmentación productiva, de empleo y fiscal», encaminando al país hacia «una economía fragmentada, con algunos pocos sectores funcionando con esquemas fiscales y regulatorios especiales, con elevada rentabilidad, bajos encadenamientos y baja creación de empleo», mientras el entramado de pymes «queda cada vez más débil, con costos crecientes y dificultades para competir, en retracción y destruyendo empleo formal».
A ese cuadro se suma el pasivo ambiental que los críticos señalan y que el debate parlamentario apenas rozó, ya que los proyectos mineros de litio, cobre y oro aprobados operan en ecosistemas de alta fragilidad —salares, glaciares, cuencas hídricas de zonas áridas— con marcos regulatorios nacionales y provinciales que, en varios casos, el propio Gobierno ya viene debilitando. La estabilidad normativa por 30 años garantizada a los inversores implica que las empresas quedan blindadas frente a cualquier regulación ambiental más exigente que se intente aprobar en el futuro. El diputado Carlos Castagneto fue directo durante el debate: «El agua que se consume en el Súper RIGI no vuelve a ser agua potable. Estamos recontra regalando los recursos naturales».
