(por Javier «El Profe» Romero – Caracas – 26/06/26)
A 48 horas del doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el centro-norte del país el miércoles 24 de junio, el Estado venezolano consolidó una arquitectura de respuesta que combina conducción civil única, despliegue militar para soporte logístico, un fondo inicial de reconstrucción acordado con el Fondo Monetario Internacional y la coordinación operativa con Naciones Unidas de los equipos internacionales de rescate. El último balance oficial, entregado este viernes por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde el estado Zulia, asciende a 920 fallecidos, 3.360 heridos y cerca de 3.000 familias damnificadas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha registrado 214 réplicas desde el inicio de la secuencia.
Es el sismo más fuerte registrado en Venezuela en al menos 126 años, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). En la madrugada del jueves, el sistema PAGER del propio USGS estimaba probabilísticamente que el saldo final podía ubicarse entre 10.000 y 100.000 víctimas, con un 42% de probabilidad asignada al rango más alto. A dos días, la cifra oficial está muy por debajo de esa proyección. La diferencia entre el modelo y el conteo real se explica, en parte, por la velocidad y la centralización de la respuesta institucional desplegada en las primeras horas.
La cadena nacional: el Estado fija el marco
A las 21:30 del miércoles 24, apenas tres horas después del segundo movimiento, la presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó una cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores. La declaratoria de estado de emergencia constitucional, dictada al amparo del artículo 338 de la Constitución, habilitó al Ejecutivo a movilizar recursos extraordinarios, suspender actividades no esenciales y centralizar la conducción operativa.
La frase con la que cerró el mensaje marcó el eje político del operativo en curso:
«Mantengamos la unión para salvar vidas, lo primero es rescatar vidas.»
La cadena fijó tres elementos: continuidad institucional, prioridad absoluta al rescate y una conducción visible con nombre y apellido. En las horas siguientes, la presidencia compareció dos veces más por canales oficiales, antes y después de la instalación del Estado Mayor.
Estado Mayor de Emergencia: cuatro frentes, una autoridad única
En la madrugada del jueves, ya con un primer mapa de daños estructurales, el gobierno instaló en Miraflores el Estado Mayor de Emergencia, presidido por Delcy Rodríguez. La fórmula adoptada divide la respuesta en cuatro áreas con un dirigente al frente de cada una y un mando único en terreno:
• Diosdado Cabello — Política y Seguridad. Coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, control territorial en las zonas afectadas y manejo del orden público.
• Pedro Rafael Ramírez — Servicios. Restablecimiento de electricidad, agua, telecomunicaciones y combustible en las áreas siniestradas.
• Héctor Rodríguez — Social. Albergues, asistencia humanitaria, censo de damnificados y articulación con misiones sociales.
• Calixto Ortega — Economía. Movilización de recursos, coordinación con el sector privado y diseño del plan de reconstrucción.
El Mayor General Domingo Hernández Lárez Sulbarán, de la Guardia Nacional Bolivariana, fue designado autoridad única en terreno para conducir de manera centralizada todas las operaciones de búsqueda, rescate y atención humanitaria. La fórmula —Estado Mayor presidido por la presidencia y autoridad única en territorio— sigue el esquema clásico de gestión de catástrofes que la administración venezolana ya había ensayado en emergencias previas.
VenApp: el censo en tiempo real
Una de las decisiones operativas más visibles fue la habilitación inmediata de la plataforma VenApp como canal oficial único para el registro de personas desaparecidas y para la solicitud de información por parte de familiares. En las primeras 48 horas, la aplicación recibió 53.472 registros, según los datos publicados por las autoridades. De ese total, 43.751 personas continuaban sin localizar y 9.721 habían sido confirmadas con vida al cierre del jueves.
La función política y operativa de VenApp es triple: centraliza la información en un único sistema gubernamental, evita la circulación de listados falsos en redes sociales —fenómeno habitual en este tipo de emergencias— y da trazabilidad a cada caso para el cruce posterior con hospitales, albergues y morgues. El despliegue del sistema en tiempo récord muestra la maduración de la infraestructura digital del Estado venezolano.
El fondo US$200 millones con el FMI: un movimiento financiero inédito
En la tarde del jueves, Delcy Rodríguez anunció en una nueva comunicación oficial la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que Venezuela mantiene depositados en el Fondo Monetario Internacional. Los fondos provienen de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el organismo asignó a sus miembros en 2021, durante la pandemia, para fortalecer la liquidez global. Venezuela tiene en esa cuenta aproximadamente US$4.500 millones, según fuentes citadas por Bloomberg y Reuters.
Es la primera vez que el país activa esos recursos. La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó desde Washington que el organismo «monitorea la situación» y que las conversaciones con las autoridades venezolanas «se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe». El Banco Mundial, en paralelo, comunicó que está dispuesto a coordinar respuesta con socios internacionales y a brindar soporte técnico para la evaluación de daños y la planificación de la recuperación.
A esos recursos se suman los US$150 millones desbloqueados por Estados Unidos —anunciados por la administración de Donald Trump el jueves y destinados a tareas de rescate, atención médica, suministro de alimentos y reconstrucción— y la primera ayuda de 100.000 euros del Papa León XIV canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales.
La operación abre un capítulo en la relación de Caracas con el sistema financiero multilateral. Antes del terremoto, el gobierno preparaba con la firma Centerview la que podría ser la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia, con pasivos superiores a los US$240.000 millones según el Financial Times. La catástrofe reordena ese calendario, anticipa contactos formales que no se esperaban antes de fin de año y modifica el contexto en el que esa negociación va a desarrollarse.
La ONU coordina el mayor despliegue de rescate de la década en América Latina
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas anunció desde Ginebra que estaba «completamente movilizada» para apoyar al pueblo venezolano y asumió la articulación operativa de los equipos internacionales que comenzaron a llegar al país. Es uno de los mayores operativos de coordinación humanitaria que la ONU activa en América Latina en la última década. La ONU estima en 6,76 millones de personas afectadas por el sismo.
A 48 horas del impacto, 17 países y un mecanismo regional europeo han desplegado equipos de búsqueda y rescate urbano en territorio venezolano: Estados Unidos, México, Colombia, España, Francia, Países Bajos, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Qatar, Italia, República Checa, Reino Unido, Brasil, Cuba, Nicaragua y Turquía. En total, 25 equipos —17 USAR y 8 médicos de emergencia— con cerca de 1.000 efectivos están operativos. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se prepara para ampliar su asistencia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó sobre las necesidades de los desplazados, la Cruz Roja Internacional despachó desde Panamá un primer convoy de 40 toneladas de ayuda humanitaria, y Países Bajos envió 60 especialistas con un presupuesto inicial de 2 millones de euros.
El Aeropuerto Internacional Libertador de Maracay, en el estado Aragua, fue habilitado por la Fuerza Aérea Bolivariana como hub humanitario para recibir los vuelos de ayuda internacional, mientras Maiquetía permanece cerrado al tráfico comercial.
El petróleo, intacto
Un dato que recorrió poco la cobertura internacional pero que es central para leer la respuesta del Estado: la infraestructura petrolera no resultó dañada. El Complejo Petroquímico de Morón, el segundo más grande del país en operación, reinició actividades tras una breve parada preventiva. La refinería El Palito permanecía parcialmente fuera de servicio el jueves, en evaluación. Los socios extranjeros con operaciones conjuntas con PDVSA —Chevron, Eni, Repsol y Shell— reportaron que todo su personal está a salvo y que las operaciones de campo no se vieron afectadas. Repsol, Eni y Chevron confirmaron operatividad. La única variable abierta es el impacto potencial de los cortes eléctricos en algunos yacimientos, según ejecutivos de las empresas mixtas citados por Reuters.
Que la columna vertebral económica del país no haya sufrido daños estructurales en uno de los terremotos más fuertes del siglo es un dato que la planificación financiera del Estado venezolano va a poder activar inmediatamente. La producción petrolera, la capacidad de exportación y los compromisos de los memorandos energéticos firmados en lo que va del año —con IMPSA, General Electric Vernova, Shell, Repsol, Chevron— no se vieron interrumpidos.
Funvisis y las réplicas: la secuencia continúa
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró 214 réplicas desde el inicio de la secuencia, la mayoría localizadas en La Guaira, Yaracuy y Aragua, varias en el mar. Solo unas pocas superaron los 4,0 grados: dos de 4,5 (Naiguatá y San Felipe) y una de 4,0 en Bachaquero, en el estado Zulia. La secuencia sísmica sigue activa, pero ningún evento ha alcanzado la magnitud destructiva de los movimientos originales.
El balance al cierre de las primeras 48 horas
Las cifras consolidadas entregadas este viernes por la presidencia encargada y por la Asamblea Nacional componen el cuadro más completo disponible:
• 589 fallecidos, según el balance presentado por Delcy Rodríguez desde Zulia.
• 2.980 heridos atendidos en centros de salud públicos y privados.
• 214 réplicas registradas por Funvisis desde el inicio de la secuencia.
• 200 personas atrapadas entre escombros en operaciones activas de rescate.
• Cerca de 3.000 familias damnificadas.
• 250 edificios dañados o perdidos, principalmente en La Guaira y la Gran Caracas.
• 346 construcciones afectadas en el conjunto del territorio.
• 8 hospitales comprometidos, varios evacuados.
• 20 centros comerciales con daños.
• 68 obras de infraestructura afectadas.
Entre las víctimas mortales hay ciudadanos venezolanos y, según confirmaciones consulares, también de Brasil, China, España y Portugal.
El estado costero de La Guaira —declarado zona de desastre natural— concentra el mayor impacto: el ministro de Interior, Diosdado Cabello, reportó más de 100 edificios derrumbados solo en esa entidad, especialmente en Caraballeda y Playa Grande.
La conducción que se vio
Las primeras 48 horas dejaron instalada una imagen política y diplomática reconocible. La cadena nacional, la instalación del Estado Mayor, la designación de autoridad única, el fondo con el FMI, los US$150 millones de Estados Unidos, la coordinación con la ONU, la habilitación del hub humanitario, el despliegue de VenApp y la continuidad operativa del sector energético se articularon en una secuencia institucional ordenada.
La conducción civil —encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— articuló esa secuencia sin interrupciones, sostenida sobre cuatro frentes operativos y una autoridad militar única en terreno. La proyección probabilística del USGS para los próximos días sigue sobre la mesa, las labores de rescate continúan en La Guaira y la Gran Caracas con la ventana crítica de las primeras 72 horas todavía abierta, y la reconstrucción —que el USGS estima en pérdidas de entre US$10.000 millones y US$100.000 millones, equivalentes a entre el 1% y el 7% del PIB— recién comienza.
Lo que sí quedó establecido en estas primeras 48 horas es el marco político y operativo en el que esa reconstrucción va a hacerse: bajo conducción civil única, con respaldo multilateral activado por primera vez, con la ONU coordinando el mayor despliegue internacional de rescate de la década en América Latina, y con un Estado que decidió mostrarse funcionando.
