El asesinato de cuatro niños a manos de militares en Las Malvinas y la participación cada vez más frecuente de adolescentes en hechos vinculados al crimen organizado exponen una misma tragedia: la infancia ecuatoriana atrapada entre la violencia estatal, el reclutamiento narco y el abandono social. Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cuestiona la militarización impulsada por Daniel Noboa y advierte sobre el deterioro democrático, el racismo institucional, la crisis carcelaria, la presión sobre las organizaciones civiles y el debilitamiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
(Por Cecilia Miglio/Especiales de Motor) En Ecuador, la declaración de «conflicto armado interno» marcó un punto de inflexión. Lo que el gobierno de Daniel Noboa presenta como una estrategia para enfrentar al crimen organizado es leído por organizaciones de derechos humanos como el inicio de una etapa de militarización que ya deja profundas consecuencias sociales e institucionales.
Para Billy Navarrete Benavides, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la situación actual no puede comprenderse únicamente desde las estadísticas de seguridad. Detrás de los operativos militares, sostiene, aparecen desapariciones forzadas, denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, racismo estructural y un progresivo cierre del espacio cívico.
Las Malvinas: el caso que cambió el debate sobre seguridad
—El asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas conmocionó al país y generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. Para quienes no conocen el caso ni la zona, ¿qué ocurrió exactamente y por qué se convirtió en un punto de inflexión en el debate sobre seguridad en Ecuador?
—»Sin duda, constituye el caso emblemático en la historia de la defensa de los derechos humanos en el Ecuador», responde Navarrete.
Para entenderlo hay que remontarse al 9 de enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno y ordenó una participación ampliada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
En ese contexto, el 8 de diciembre de 2024, una patrulla militar detuvo en Las Malvinas, un populoso sector del sur de Guayaquil, a los hermanos Ismael Arroyo, de 15 años, y Josué Arroyo, de 14; a Nehemías Arboleda, de 15; y a Steven Medina, un niño de 11 años. Días después, sus cuerpos fueron encontrados calcinados en Taura.
Según Navarrete, la investigación avanzó gracias a registros audiovisuales que permitieron documentar de manera categórica la detención de los niños por parte de efectivos militares. Esa evidencia resultó determinante para el proceso judicial que concluyó con condenas contra militares involucrados en el caso.
El dirigente destaca además un hecho sin precedentes: por disposición de la Corte Constitucional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Salazar Machuca, debió pedir disculpas públicas a las familias en un acto realizado en Guayaquil.
Durante esa ceremonia, el Estado reconoció que «no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías como era su obligación».
«Esto ha significado muchísimo», afirma Navarrete. No sólo para las familias de las víctimas, sino también para los allegados de otras personas desaparecidas tras operativos militares.
Según explica, existen al menos 51 denuncias de desapariciones vinculadas a patrullas militares, principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Sin embargo, advierte que muchas investigaciones enfrentan obstáculos debido a que las Fuerzas Armadas se niegan a entregar documentación operativa considerada reservada.
«La herida de las desapariciones forzadas no está cerrada», sostiene.
Racismo institucional y estigmatización territorial
—Los testimonios del caso describen insultos racistas y humillaciones. ¿Hasta qué punto la estigmatización territorial forma parte de un problema estructural en la sociedad ecuatoriana?
—»El racismo es un elemento transversal en la política de seguridad», responde Navarrete. No se trata, aclara, de una práctica exclusiva del actual gobierno, sino de una problemática arraigada en la historia reciente del país.
Según explica, mientras en la región andina las principales víctimas han sido históricamente las comunidades indígenas, particularmente durante las movilizaciones de 2019 y 2022, en la costa la estigmatización se concentra sobre las comunidades afrodescendientes y los sectores populares.
En Guayaquil, ciudad que concentra una importante población afroecuatoriana, persiste la asociación entre pobreza, marginalidad y criminalidad. Para Navarrete, el caso de los cuatro niños de Las Malvinas expuso crudamente ese prejuicio instalado desde hace años en parte de la sociedad y de las instituciones.
Jóvenes entre la violencia estatal y el reclutamiento narco
—El gobierno sostiene que Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad vinculada al accionar de organizaciones criminales. ¿Qué efectos está teniendo este escenario sobre los jóvenes de los sectores más vulnerables?
—»Los jóvenes son el segmento de la sociedad más golpeado», afirma Navarrete. Víctimas y victimarios aparecen muchas veces atrapados dentro del mismo circuito de violencia.
El dirigente advierte que las organizaciones criminales han profundizado los mecanismos de reclutamiento forzoso de menores de edad para tareas de vigilancia, tráfico ilegal e incluso sicariato. El fenómeno, sostiene, encuentra uno de sus principales espacios de captación en el ámbito educativo.
«La escuela se ha convertido en la maquinaria donde los chicos generalmente son captados», señala.
La dimensión de este fenómeno quedó expuesta recientemente en Guayaquil. Mientras la ciudad volvía a ser escenario de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, uno de los episodios más impactantes ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto internacional, donde fue asesinado Carlos Alberto Suástegui, alias «Axel», señalado como líder de la banda Los Águilas. Más allá de la disputa entre estructuras delictivas, lo que conmocionó a la opinión pública fue la participación de un menor 11 años en el ataque.
Para Navarrete, hechos de este tipo reflejan hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado incorporar a niños y adolescentes a circuitos de violencia cada vez más tempranos y complejos. No se trata solamente del crecimiento de las bandas, advierte, sino también de la ausencia de respuestas estatales capaces de impedir que los jóvenes sean absorbidos por esas dinámicas.
Por eso cuestiona que la respuesta oficial continúe centrada en el endurecimiento de penas y en la expansión del aparato represivo, mientras siguen ausentes políticas sociales capaces de prevenir el reclutamiento y ofrecer alternativas reales a niños y adolescentes.
Frontera, soberanía e intervención extranjera
—Las denuncias hablan de una creciente participación de Estados Unidos en tareas de seguridad. ¿Cómo impacta esto en la soberanía ecuatoriana?
—Las provincias fronterizas como Sucumbíos y Esmeraldas arrastran décadas de abandono estatal y convivencia con actores armados vinculados al conflicto colombiano.
Según Navarrete, durante los últimos años se incrementó la cooperación militar y de inteligencia entre Ecuador y Estados Unidos. El dirigente sostiene que existen denuncias impulsadas por organizaciones de derechos humanos vinculadas a operaciones en zonas fronterizas y marítimas, incluyendo presuntos bombardeos y el uso de drones que habrían afectado embarcaciones pesqueras ecuatorianas.
También señala que sobrevivientes de algunos de esos episodios atribuyen la responsabilidad a fuerzas estadounidenses y reclama investigaciones independientes que permitan esclarecer los hechos.
Para Navarrete, estas situaciones reabren debates sobre soberanía que Ecuador ya atravesó durante los años de funcionamiento de la base militar estadounidense en Manta.
Sin embargo, su preocupación no se limita al plano militar. «Creemos que incluso podría existir asistencia en materia de comunicación y construcción de mensajes», afirma al referirse a la eficacia de la narrativa oficial sobre seguridad impulsada por el gobierno.
El conflicto armado interno y la expansión represiva
—Muchos sostienen que la declaración del conflicto armado interno marcó un cambio de escala represiva. ¿Las vulneraciones a los derechos humanos se profundizaron en el actual contexto?
—Para Navarrete, la figura del conflicto armado interno presenta serias controversias jurídicas.
Sostiene que diversos organismos especializados cuestionan la utilización de ese concepto porque las organizaciones criminales no reúnen algunas de las características que exige el derecho internacional humanitario para identificar a una de las partes de un conflicto armado.
A su entender, la militarización derivó en un agravamiento de las violaciones a los derechos humanos.
Menciona desapariciones forzadas, denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales dentro del sistema penitenciario.
También describe una profunda crisis sanitaria en las cárceles ecuatorianas. Según denuncia, las restricciones en el acceso a la alimentación y a la atención médica agravaron la expansión de enfermedades como la tuberculosis.
Navarrete sostiene que las muertes asociadas a esta situación alcanzaron cifras alarmantes. A ello se suman investigaciones periodísticas recientes que documentaron más de un millar de fallecimientos de personas privadas de libertad por distintas causas durante los últimos años, entre ellas violencia, enfermedades y deficiencias estructurales del sistema penitenciario.
La Penitenciaría del Litoral concentra buena parte de esos episodios y fue objeto de medidas cautelares impulsadas desde el sistema interamericano de derechos humanos.
Presión sobre organizaciones civiles y cierre del espacio cívico
—Diversas organizaciones han denunciado mecanismos de presión sobre activistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué evidencias existen sobre estas prácticas?
—Navarrete considera que Ecuador atraviesa un proceso de restricción progresiva del espacio cívico.
Según explica, cada vez son más frecuentes los controles administrativos, los requerimientos burocráticos y los mecanismos de supervisión que afectan especialmente a organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
A su juicio, estas prácticas forman parte de una tendencia global que limita la capacidad de acción de la sociedad civil y debilita los mecanismos de control ciudadano.
El propio CDH ha sido blanco de cuestionamientos públicos.
«Hemos tenido visitas indebidas y señalamientos por parte del propio Presidente de la República», afirma. También denuncia que desde el Ministerio de Defensa se han impulsado discursos que buscan asociar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos con actividades ilícitas.
Aunque aclara que no han recibido amenazas directas, reconoce que el equipo debió reforzar sus mecanismos de protección ante un clima cada vez más hostil.
Redes sociales y disputa por las pruebas
—En varios casos fueron videos ciudadanos los que permitieron reconstruir los hechos. ¿Qué papel cumplen hoy las redes sociales frente a las dificultades para acceder a información oficial?
—Para Navarrete, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para documentar violaciones a los derechos humanos.
Muchas denuncias de desapariciones forzadas, explica, se sostienen inicialmente en videos y fotografías tomadas por familiares o vecinos que registran las detenciones.
Sin esas imágenes, numerosos casos jamás habrían llegado a conocimiento público.
Sin embargo, advierte que las plataformas también funcionan como espacios de desinformación y estigmatización.
Recuerda que, tras la desaparición de los niños de Las Malvinas, circularon versiones que intentaban vincularlos con organizaciones criminales. También señala que la difusión masiva de imágenes extremadamente violentas provenientes de las cárceles ecuatorianas dejó profundas secuelas sociales y psicológicas.
Un balance adverso y la salida pendiente
—Después de más de un año de militarización, ¿cuál es su balance? ¿Ecuador es hoy un país más seguro?
—»Es maquiavélica la presunta relación o choque entre seguridad y derechos humanos», responde.
Para Navarrete, la militarización no ha resuelto las causas estructurales de la violencia ni ha mejorado las condiciones de vida de las comunidades más afectadas.
Por el contrario, sostiene que el país atraviesa un deterioro institucional que se refleja en el debilitamiento de las garantías democráticas, el aumento de las denuncias por abusos y el cierre progresivo de espacios de participación social.
También observa con preocupación el deterioro de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y la pérdida de capacidad de incidencia de organismos multilaterales.
Como salida, plantea la necesidad de investigar posibles vínculos entre estructuras estatales y organizaciones criminales, impulsar procesos de depuración institucional y desarrollar políticas sociales sostenidas que permitan ofrecer alternativas reales a los jóvenes.
Pese al escenario que describe, rechaza cualquier visión derrotista.
«La resistencia, como acción natural frente a la opresión, se va a mantener», afirma.
Y concluye:
«No hay cómo esquivar ese ánimo que nace de la propia búsqueda de la dignidad humana».
