El gobierno bonaerense fiscalizó a la compañía fundada por Marcos Galperín y halló infracciones a la ley de Defensa al Consumidor que perjudican a las y los usuarios.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires fiscalizó a Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico y tecnología financiera (fintech) más grande de América Latina, y encontró que incumple con al menos diez cláusulas de la Ley Nacional Nº24.240 de Defensa al Consumidor y otras normativas, por lo que imputó a la compañía.
La decisión fue tomada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia a través de su Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores. En rigor, la cartera realizó una actuación de oficio contra la empresa sobre los instrumentos contractuales publicados en su sitio web oficial.
El análisis abarcó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”, así como los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago.
La Administración que comanda Axel Kicillof aclaró en un comunicado que la fiscalización provincial fue iniciada de oficio, independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales. En ese marco, remarcó que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: acumula 2396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año.
En tanto, la autoridad de aplicación constató que diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad en términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, al consagrar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores.
La empresa que fundó Marcos Galperín —actual Presidente Ejecutivo tras relevar la Dirección a Ariel Szarfsztejn— tiene la posibilidad de formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas y en tal caso, el expediente culminaría. De lo contrario, la compañía puede ser sancionada con una multa de hasta $1.815.000.000.
El plazo otorgado por el gobierno bonaerense es de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata.
Los ítems señalados que deberá resolver la empresa son:
- indeterminación en el cobro de tarifas
- aceptación tácita de modificaciones contractuales
- traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta
- compensación entre cuentas
- cláusula de indemnidad a favor del proveedor
- exoneración de responsabilidad por fallas técnicas
- débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato
- caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado
- exención de responsabilidad de manera anticipada
- fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor
La fiscalización e imputación se dieron en el marco de las distintas políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para defender los derechos de las y los bonaerenses.
En caso de necesitar realizar una denuncia, el Gobierno bonaerense insta a comunicarse con la línea 148, opción Defensa de las y los Consumidores o escribir a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar.
