Desde el Poder Ejecutivo buscan sumar dólares para los vencimientos de deuda externa con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la privatización del 90% de las acciones de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La excusa del Gobierno para privatizar la empresa que brinda un servicio esencial como el agua es “promover la competencia”.
AySA es una de las empresas sujetas a privatización desde la aprobación de la Ley Bases a mediados de 2024. La compañía es la distribuidora de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires y tiene más de 11 millones de usuarios, lo que la convierte en un activo estratégico.
Todos los hogares pagan tarifa plena, ya que desde mediados de 2022 que no hay subsidios al agua. Entre enero y abril las boletas aumentaron 4% y ahora, en el marco del plan del Gobierno para morigerar la inflación, tendrán incrementos mensuales del 3% hasta agosto.
El 90% que está en manos del Estado nacional será privatizado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa. El Gobierno espera conseguir al menos 500 millones de dólares por esta venta.
El plan de privatizaciones del Gobierno
AySA no es un caso aislado. Hace tan solo dos días se adjudicó la privatización de Transener, la empresa que administra parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con unos 20 mil kilómetros de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión que atraviesan el país de norte a sur.
Es la transportista de energía más grande del país, con el 85% de la operación y el control sobre el 15% restante, de la cual el Estado a través de ENARSA tiene control operativo. El 52% de las acciones de Transener son de CITELEC, empresa manejada por ENARSA, o sea el Estado, que tiene el control operativo, y Pampa Energía, empresa de Marcelo Mindlin.
La adjudicación se hará efectiva en dos semanas a cambio de 356 millones de dólares que van a pagar en partes iguales los grupos Genneia y Edison Transmisión.
Se han quedado con pozos de Chubut y Santa Cruz, cuencas maduras de las que YPF se retiró. También operan Edersa en Río Negro y la generadora Harz Energy en Córdoba. También aparecen como accionistas de Edison Transmisión Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, los dueños de Newsan, la empresa más importante del régimen de Tierra del Fuego.
Junto a los Neuss ya compraron las distribuidoras eléctricas Edet de Tucumán y Ejesa de Jujuy, la central hidráulica Potrerillos en Mendoza y la transportadora regional del Litoral Litsa. También tienen entre su lista de deseos Edesur, hoy en manos del grupo italiano Etel.
Por otro lado, el Gobierno también avanza para completar este año la privatización de Metrogas, la principal distribuidora de Gas del AMBA con más de 5 millones de usuarios, con la que busca conseguir otros 700 millones de dólares. El 70% de la compañía pertenece a YPF, que tiene el control operacional.
El destino del dinero proveniente de estas privatizaciones, sumado a la cosecha y la compra de reservas, será el pago de la deuda externa: el Gobierno tiene vencimientos de 4300 millones de dólares con acreedores privados en junio y otros 2500 millones hasta septiembre con el FMI.
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