La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Adorni y Caputo, golpeó a doce universidades nacionales, al CONICET, a la CNEA y a la CONAE. Los salarios docentes cayeron 33,7% en 29 meses. La Universidad Nacional de Río Negro llevó el conflicto a Naciones Unidas.
El lunes 11 de mayo, mientras las columnas universitarias ultimaban detalles para la cuarta Marcha Federal, el Boletín Oficial publicó la Decisión Administrativa 20/2026. La norma, suscripta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ejecutó un recorte de casi $110.000 millones en transferencias a universidades, educación, ciencia y tecnología. El momento no fue casualidad: fue mensaje.
En términos globales, la medida modificó el Presupuesto 2026 con una reducción de casi 2,5 billones de pesos —equivalente al 1,6% del total—, orientada a reforzar la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Según los considerandos de la norma, el objetivo es «adecuar el presupuesto vigente para afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido». La traducción, en la práctica, es otra: las áreas de conocimiento financian el equilibrio de las cuentas.
Jorge Aliaga, físico y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, lo explica sin eufemismos: «Es una medida tomada como consecuencia de la baja en la recaudación. El objetivo es que los organismos no gasten y no haya déficit fiscal. Obviamente, esto va a repercutir más todavía en el funcionamiento del sistema. Lo que apareció en el Boletín Oficial se traduce en recortes muy importantes en salud, en educación, en ciencia, en obra pública y en vialidad».
El bisturí en la educación
La Decisión Administrativa recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. El mayor tajo cayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización —que el propio Gobierno había anunciado con énfasis a mediados de 2024—: perdió $35.288 millones, principalmente en fondos destinados a las provincias.
El recorte de infraestructura universitaria —$5.303 millones sobre un crédito total de $9.000 millones proveniente de la Corporación Andina de Fomento— afecta a doce instituciones. Aliaga señala que, a partir de ahora, el Gobierno no solicitará nuevos desembolsos de ese crédito internacional que fue contraído años atrás para financiar obras en el interior del país. Las casas de estudio perjudicadas son las universidades nacionales de Entre Ríos, San Martín, La Plata, del Litoral, Lomas de Zamora, del Nordeste, Río Cuarto, Villa María, de las Artes, Avellaneda, José C. Paz y Rafaela.
En La Plata, donde confirmaron que durante 2026 no recibieron fondos nacionales para infraestructura, la institución sostiene obras en facultades, laboratorios y centros de investigación con recursos propios. La situación se replica en el resto del país: la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene obras frenadas, entre ellas el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Marinas ejecutado casi al 50%, la Biblioteca Central y nuevas sedes académicas, todo esto mientras la matrícula creció un 15% en 2026 sin correlato presupuestario.
La motosierra en el sistema científico
En el ecosistema de ciencia y tecnología, el recorte fue quirúrgico en los montos y brutal en los efectos. El CONICET pierde $3.200 millones —aproximadamente el 10% de sus partidas de funcionamiento—, con impacto directo en equipos de computación, en tareas de divulgación científica y, sobre todo, en becas de investigación para la formación de recursos humanos, que concentran $2.000 millones del total.
La CONAE pierde $4.409 millones; la CNEA, $19.742 millones; la Agencia I+D+i, $857 millones; y el ANLIS Malbrán, $1.162 millones. A eso se suman recortes de $5.000 millones en el INTA, $2.000 millones en el INTI, $46 millones en el Instituto Antártico Argentino y $268 millones en el SEGEMAR.
La magnitud no se agota en los números de esta semana. El poder adquisitivo de salarios y becas del CONICET cayó un 40,3% desde noviembre de 2023. La Agencia I+D+i acumula una reducción del 86,3% en tres años. Los recortes alcanzan el 61,2% para la CONAE y bordean el 47% para la CNEA.
Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, traza el cuadro completo: «El Gobierno de Milei sigue profundizando el estrangulamiento del sector. Un recorte que lleva a una reducción de la función ciencia y técnica de casi el 50 por ciento en términos reales respecto de 2023. La proyección para 2026 es menor al 0,15 por ciento del PBI, perforando mínimos históricos».
Una contradicción que tiene nombre
La decisión revela una incoherencia que el Gobierno no parece dispuesto a explicar. Adorni puso su firma para paralizar fondos de la CONAE —más de $4.000 millones destinados a la fabricación del lanzador Tronador y al avance de los satélites SAOCOM II y la serie SARE— mientras el mismo Ejecutivo celebró meses atrás la participación argentina en la misión Artemis II de la NASA. Recorta la CNEA en $20.000 millones cuando es el organismo rector de la energía nuclear, esa fuente que el propio Milei proclama como el vector del desarrollo de la inteligencia artificial en Argentina.
Salvarezza lo sintetiza: «En CONICET se recortan $3.200 millones de los cuales $2.000 millones corresponden a becas, el programa que garantiza el futuro de la ciencia argentina. $5.000 millones menos para la CONAE, mientras se llenan la boca hablando de logros satelitales. $19.000 millones menos para la CNEA cuando hablaban de planes nucleares y reactores modulares. Podríamos seguir enumerando las acciones de un grupo de incompetentes que declama que a Milei le importa la ciencia, cuando en realidad persigue su destrucción».
La sangría de talentos
Rodrigo Quiroga, bioinformático del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, describe desde adentro lo que los números solo insinúan: «Se siente como una provocación, como un ataque direccionado e intencional. No me quedan dudas de que el gobierno tiene un plan de destrucción del sistema científico y universitario. Un plan que apunta al desgaste, a que nos desangremos. Y en parte les funciona, porque hay renuncias por goteo. Todos los días se va un científico o un profesor universitario deja un aula».
Solo en Ciencias Exactas y Naturales de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores entre diciembre de 2023 y abril de 2026 —uno cada dos días—, mientras que en Ingeniería los desvinculados suman 342. A escala nacional, el CIN contabiliza alrededor de 10.000 renuncias en todo el sistema universitario.
El deterioro salarial es el motor de ese éxodo. El último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades establece que los salarios de los trabajadores universitarios acumulan una caída real del 33,7% en los últimos 29 meses y cayeron por décimo séptimo mes consecutivo. Para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023, los haberes deberían crecer un 50,6%: la inflación acumuló un 293% en ese período, mientras los salarios subieron apenas un 160%.
La ley que el Ejecutivo no cumple
El reclamo que motoriza cada marcha tiene fundamento legal, parlamentario y judicial. La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, ratificada por el Congreso con mayoría agravada de dos tercios, fue luego suspendida por el Ejecutivo mediante el Decreto N° 759/2025. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la respaldó a fines de marzo. El Gobierno recurrió a la Corte Suprema para bloquear su aplicación.
El Ejecutivo sostiene que la norma no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta la estabilidad macroeconómica. En paralelo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto propio que reconoce un atraso salarial del 12% en el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. La brecha entre ese reconocimiento oficial y la caída efectiva de más del 33% define el tamaño de la disputa.
La denuncia llega a Ginebra
Ante ese cuadro, la Universidad Nacional de Río Negro decidió escalar el conflicto más allá de las fronteras. Su rector, Anselmo Torres, elevó una presentación formal ante Farida Shaheed, Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, ante el sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El escrito denuncia una «regresividad sin precedentes» e incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos sociales. Las cifras que sustenta la presentación son contundentes: las transferencias a las universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026; el presupuesto universitario pasó de representar el 0,718% del PBI en 2023 al 0,431% en la actualidad; las Becas Progresar sufrieron un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026; y la inversión en ciencia y técnica universitaria cayó a menos del 40% de lo ejecutado dos años atrás.
La cuarta marcha
La convocatoria del 12 de mayo reunió un arco político y social que abarcó al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos CTA, la UOM, la UTEP, el Frente de Sindicatos Unidos, la UCR y partidos del peronismo y la izquierda. La CGT expresó su adhesión. La movilización se replicó en casi 50 ciudades del país, con epicentro en Plaza de Mayo.
Fue la cuarta de una serie que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas colmaron la Avenida de Mayo. Siguieron el 2 de octubre de 2024, para impedir el veto presidencial, y el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la ley con mayoría agravada. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue directa en la previa: «El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso. La pelea es claramente política. Por eso, esta marcha sirve para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada.»
Quiroga cierra con la lógica que los convocantes repiten una y otra vez: «No nos salvamos solos, necesitamos acciones colectivas. No hay plata para los universitarios, pero sí para bajar impuestos a autos de lujo.»
La Decisión Administrativa 20/2026 llegó el lunes a la tarde. La marcha llenó las plazas el martes. Entre uno y otro acto, la misma pregunta sin respuesta oficial: cuánto de un sistema científico y universitario construido durante décadas puede perderse antes de que recuperarlo ya no sea una opción.
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