Mientras el INDEC certifica un 28,2% de pobreza —el dato más bajo en siete años—, la UCA advierte sobre distorsiones metodológicas que inflan la mejora, la Iglesia denuncia una demanda de asistencia en ascenso y los propios hogares ajustan consumos básicos. Un abismo entre la estadística y la experiencia cotidiana.
El martes 31 de marzo, el INDEC publicó el dato más celebrado del segundo año de gestión de Javier Milei: la pobreza se ubicó en 28,2% en el segundo semestre de 2025, una caída de 3,4 puntos porcentuales respecto del primer semestre, que ubica el indicador en su nivel más bajo desde 2018.
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a las redes a festejarlo. El presidente lo tomó como confirmación de un modelo que funciona. Y el número, en su dimensión estadística, no miente: en el primer semestre de 2024, en pleno shock inflacionario, la pobreza había trepado al 52,9%. Desde entonces los índices cayeron de manera sostenida: 38,1% en el segundo semestre de 2024, 31,6% en el primero de 2025 y ahora 28,2%.
Pero entre el número y la realidad se ha abierto una grieta que no cierra con los aplausos oficiales.
La advertencia de la UCA: una baja «de ficción metodológica»
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, fue uno de los primeros en poner en contexto el dato oficial. Su diagnóstico no apunta a una manipulación política del INDEC sino a algo más profundo y más difícil de resolver: las limitaciones estructurales del método de medición.
Salvia reconoció que la pobreza «bajó efectivamente», pero advirtió que esa caída debe interpretarse con cautela. «Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. Es muy difícil decir un sí rotundo», afirmó, aclarando que el problema no es una intervención política sobre el organismo estadístico sino «un problema de medición y de realismo de esas mediciones».
El corazón del cuestionamiento técnico es el uso de canastas de consumo desactualizadas. El sociólogo señaló que el INDEC sigue trabajando con parámetros del 2004 y 2005, con estructuras de consumo de ese momento, en el que los hogares destinaban mayor proporción de su ingreso a alimentos. Hoy, en cambio, el peso de las tarifas es mucho más alto.
El resultado es paradójico: «La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo», sintetizó Salvia.
La distorsión se amplifica porque el índice de precios utilizado para actualizar esas canastas también conserva ponderadores de más de dos décadas atrás. Al combinar una mejor medición de los ingresos de los hogares con una canasta de referencia desactualizada, el resultado arroja caídas de la pobreza que «parecen extraordinarias» pero no reflejan la situación real.
En términos de la vida concreta de los hogares, la fotografía que traza Salvia es elocuente: «La gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de yerba, cae el consumo general». La luz, el agua, el gas, el transporte y las comunicaciones absorben una porción creciente del ingreso disponible, dejando cada vez menos margen para el resto de la canasta.
El sociólogo también matizó la lectura oficial al señalar que en términos de capacidad de consumo los hogares se encuentran en niveles similares a los de la pospandemia, como en 2021 o 2022, pero en un contexto inflacionario distinto. Y lanzó una advertencia sobre el futuro inmediato: «El cuarto trimestre ya estaría cerca del 30% de pobreza».
Sobre la dimensión estructural del problema, Salvia no dejó lugar a interpretaciones optimistas: «El empleo privado está estancado, el público cae y hay más empleo informal y precario». En ese marco, consideró que el país atraviesa una situación de estancamiento social: «No hay una crisis alimentaria, pero tampoco hay una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando un 25% o 30% de pobreza estructural».
La Iglesia como termómetro social: el reclamo que viene desde los barrios
Donde la academia habla de metodología, la Iglesia habla de colas en las parroquias. Y lo que registra desde su red territorial contradice también la narrativa del éxito estadístico.
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, advirtió sobre el deterioro de la situación social y afirmó que se incrementó la cantidad de personas que recurren a pedir asistencia. En declaraciones en el marco de la Semana Santa, el arzobispo sostuvo que la crisis se siente con mayor fuerza en las grandes ciudades.
Lo que distingue el diagnóstico de Colombo es su alcance: el deterioro ya no solo afecta a los sectores históricamente postergados, sino que comenzó a erosionar la estabilidad de la clase media y de grupos específicos como los jubilados y las personas con discapacidad.
La Iglesia, a través de Cáritas y su red de parroquias, opera como un sistema de alerta temprana con capilaridad que el INDEC no tiene: le permite obtener datos precisos sobre la situación de los hogares en tiempo real, y lo que observa son necesidades que trascienden los márgenes tradicionales de la pobreza.
La preocupación eclesial tiene además una dimensión institucional concreta. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, describiendo la crisis económica que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad como «de extrema gravedad», señalando que los retrasos e insuficiencia de los aportes estatales ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales. El documento advirtió que la falta de regularización de los aportes desde finales de 2025 pone en riesgo real e inmediato la atención de miles de personas.
El arzobispo detalló que «hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras», mencionando específicamente el caso de los cotolengos de Don Orione, que dependen de esos recursos para el pago de profesionales.
El Episcopado fue taxativo: «La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas.»
La voz de los sacerdotes que trabajan en el territorio agrega una textura que los documentos institucionales no capturan. El sacerdote misionero Leandro Kuchak cuestionó las cifras oficiales y afirmó que la realidad contradice los datos: las parroquias enfrentan una demanda de asistencia que supera ampliamente sus capacidades, y en los últimos cinco años la cantidad de personas que acuden a pedir ayuda aumentó drásticamente. Incluso describió la emergencia de una nueva forma de pobreza que llega por WhatsApp: personas que le envían audios contando su historia y le piden dinero a través de Mercado Pago, en lo que definió como «una nueva pobreza donde el pobre tiene WhatsApp y Mercado Pago».
Dos lecturas de un mismo país
El abismo entre el dato oficial y la percepción social no es un fenómeno nuevo en Argentina, pero en este momento adquiere una dimensión política y social particular. Varios especialistas señalan que en contextos de alta inflación se distorsionan los índices por el subreporte de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares —la gente declara menos de lo que gana— y que al estabilizarse los precios esa distorsión se corrige, lo que produce caídas estadísticas de la pobreza que no reflejan necesariamente una mejora proporcional en el bienestar.
Lo que es incontestable es que 13,5 millones de argentinos siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza, que el 41,3% de los niños de hasta 14 años vive en hogares por debajo de esa línea, y que las instituciones de asistencia —públicas, religiosas y civiles— están operando al límite de su capacidad. La baja de los índices de indigencia, que Salvia considera más realista que la de pobreza por su vinculación directa con el precio de los alimentos, convive con un mercado laboral estancado y un empleo informal en expansión que no genera movilidad social.
El Gobierno tiene razones para celebrar la tendencia descendente de los indicadores. Pero la convergencia de advertencias provenientes de fuentes tan distintas como la academia social católica, la jerarquía eclesiástica y los sacerdotes de base apunta a una misma conclusión: el número mejora más rápido que la vida de las personas. Y esa brecha, si no se cierra, tiene nombre propio en la sociología argentina: pobreza crónica estructural. La que no figura en los informes del INDEC pero que se mide, en cambio, en la cantidad de personas que golpean a la puerta de una parroquia un miércoles a la tarde.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
