Mientras el gobierno de Milei aplica un ajuste sin precedentes sobre jubilados, empleados públicos y sectores vulnerables, una lista de beneficiarios cercanos al oficialismo accedió a préstamos hipotecarios millonarios del Banco Nación. Los casos denunciados no son una excepción: son parte de un patrón.
Hay una escena que condensa buena parte de la hipocresía política del momento: Federico Furiase, secretario de Finanzas del gobierno más libertario de la historia argentina, declaró ante las cámaras que «a mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo». Lo que no contó es que, en ese mismo período, accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación por alrededor de 367 millones de pesos, más otro préstamo cercano a los 100 millones del Banco Ciudad. El mismo Banco Nación que Javier Milei había prometido privatizar.
El escándalo de los préstamos millonarios a la militancia libertaria no nació de una filtración ni de una investigación judicial. Surgió de algo mucho más mundano: datos públicos. El sitio Cuánto deben, creado por el programador Andrés Sintcofsky, publicó un listado de funcionarios y legisladores con préstamos en el sistema bancario. Lo que encontró ahí fue revelador: los créditos más cuantiosos no estaban distribuidos al azar. Los créditos más jugosos quedaron en manos de dirigentes libertarios, y en todos los casos corresponden al banco estatal. Fueron otorgados tras la asunción de Javier Milei.
Un diputado que supo cambiar de camiseta a tiempo
El caso de Alejandro Bongiovanni tiene una geometría política particularmente elocuente. El diputado rosarino accedió a un préstamo por 255 millones de pesos en enero de 2026, apenas un mes después de romper con el macrismo e incorporarse al bloque libertario en la Cámara de Diputados. La cercanía temporal entre su conversión política y el beneficio crediticio no pasó inadvertida. En las redes, un usuario resumió el malestar general con una referencia al vergonzoso antecedente del «Borocotozo» —el diputado que en 2002 cruzó de un bloque al otro en plena sesión—, sugiriendo que lo que antes escandalizaba hoy ya se ha naturalizado.
Bongiovanni no es un recién llegado a la política liberal. Es hijo de uno de los creadores de la Fundación Libertad, el think tank que aportó cuadros al PRO, institución que él mismo llegó a presidir. Ingresó a la Cámara de Diputados en 2023 por el macrismo y posteriormente migró al bloque de La Libertad Avanza, donde se alineó con la agenda del Ejecutivo. Su prontuario legislativo habla por sí solo: promovió la modificación de la ley de glaciares argumentando que no existe prohibición total sobre actividades en zonas periglaciares en ningún lugar del mundo, y respaldó el proyecto de baja de imputabilidad de menores, una de las banderas más agitadas por la gestión Milei en materia de seguridad.
El entorno de Caputo, también beneficiado
El listado no se agota en Bongiovanni. Muy por encima de él en los montos figura Felipe Núñez, un personaje que encarna como pocos la simbiosis entre el universo digital libertario y el Estado al que dicen despreciar. Núñez trabaja como director del BICE, el estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior. Pero es más conocido por sus tuits y su participación en el programa Las tres anclas, del stream libertario Carajo, donde defiende la gestión de Luis Caputo. «Chief Financial Analyst de Toto», se describe en su bio de X. Obtuvo un crédito de 475 millones del Banco Nación, otorgado en febrero de 2025.
También figura Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un pasivo de 510 millones de pesos contraído en diciembre de 2025. Ni el Ministerio de Economía ni el BCRA respondieron ninguna de las consultas periodísticas sobre las condiciones de estos créditos. El silencio institucional, en este contexto, no hace más que abonar las sospechas.
Entre los legisladores, el mapa se completa con perfiles igualmente llamativos. Mariano Campero, el diputado radical devenido en uno de los llamados «radicales con peluca» por su alineamiento con el oficialismo, accedió a 322 millones de pesos en mayo de 2025, justo cuando en el Congreso se debatía la integración de la Comisión Libra, de la que él mismo formó parte. El timing resulta, por decirlo suavemente, incómodo.
El caso de la diputada Lorena Villaverde incorpora además un elemento que eleva la gravedad del asunto. Su préstamo de 225 millones de pesos había sido rechazado inicialmente por el Banco Nación, y fue aprobado luego por presión directa de su amigo Daniel Tillard, entonces presidente de la entidad. Villaverde, quien no pudo asumir como senadora tras revelarse su vínculo con el narcotraficante Fred Machado, aparece así como un caso donde el favoritismo habría operado de manera directa y documentable.
La mano invisible del señor Tillard
El hilo conductor de todo este entramado tiene un nombre: Daniel Tillard. El otorgamiento de estos créditos se repartió durante las dos últimas presidencias del BNA: la de Tillard, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, y la de su sucesor Darío Wasserman.
La concentración de los préstamos más abultados en el período de Tillard, con beneficiarios que forman parte del núcleo político y comunicacional del gobierno, instala una pregunta que la oposición ya trasladó al Congreso: ¿hubo criterios políticos en la asignación de estos créditos, o fue todo una extraordinaria coincidencia?
Ante la tormenta, el Banco Nación salió a defenderse. La entidad emitió un comunicado a través de su cuenta en X para intentar desactivar la polémica y aclaró que el proceso para acceder a esos préstamos es «homogéneo, sin excepciones». Destacó que nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación, con más de 27.000 préstamos concedidos desde el lanzamiento de su línea, con circuitos digitalizados y plazos acotados. El argumento es técnicamente cierto: el banco es el mayor prestamista hipotecario del país. Pero eso no explica por qué la concentración de créditos de alto monto recayó tan asiduamente sobre el entorno político del gobierno que prometió privatizarlo.
Una tormenta perfecta de escándalos
El episodio de los créditos no llega en el vacío. Se suma a una acumulación de casos que configura lo que varios analistas ya denominan una crisis de credibilidad ética del gobierno libertario, paradójica en un espacio político que hizo de la denuncia de la «casta» su razón de ser.
El caso más explosivo sigue siendo el del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El funcionario formalizó en noviembre de 2025 la compra de un departamento en Caballito de casi 200 metros cuadrados por 230.000 dólares, operación concretada casi en su totalidad mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras: dos mujeres jubiladas que no tenían relación previa conocida con el funcionario. La Justicia investiga el potencial enriquecimiento ilícito de Adorni, y el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad, automotor y entidades bancarias para reconstruir la conformación de sus bienes.
La compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025, apenas catorce días después de que se confirmara su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Las dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como prestamistas negaron conocer al funcionario cuando fueron consultadas por la prensa. Adorni, que lleva más de un mes en el ojo de la tormenta y acumula tres causas penales simultáneas en Comodoro Py, intentó defenderse en una conferencia de prensa que no hizo más que agravar la situación.
Por encima de todo esto, el caso $LIBRA sigue siendo el agujero más profundo en el casco del gobierno. Una investigación periodística reveló que en el período previo al posteo presidencial que promocionó la criptoestafa, se registraron múltiples llamadas entre el broker Mauricio Novelli y el propio Milei, su hermana Karina y el operador Santiago Caputo. La acumulación de pruebas circunstanciales apunta a un involucramiento del núcleo duro del poder en una operación que dañó patrimonialmente a miles de inversores.
La contradicción que no cesa
Hay una ironía que ningún analista puede pasar por alto. Los protagonistas de esta historia —Furiase, Núñez, Bongiovanni, Carreira— son los mismos que, desde sus cuentas de X y los canales de streaming libertarios, han martillado durante años contra el «Estado elefantiásico», la «banca pública ineficiente» y los «privilegios de la casta política». Son los mismos que aplaudieron el plan de ajuste que recortó jubilaciones, congeló salarios estatales y desfinanció universidades públicas. Y son los mismos que, llegado el momento de comprarse un departamento, no acudieron al mercado libre que predican, sino a la ventanilla del banco del Estado.
La oposición en el Congreso ya se movilizó: el diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución y una batería de pedidos de informe y de acceso a la información pública para que se expliquen los criterios de otorgamiento, los montos y las condiciones de estos créditos. La respuesta del gobierno, hasta ahora, ha sido el silencio.
Las encuestas marcan el impacto de la acumulación de escándalos: la última medición de la Universidad de San Andrés registró solo un 33% de satisfacción, una caída de 7 puntos respecto a noviembre de 2025, y una aprobación presidencial del 39%. Todas las encuestas señalan como principal preocupación de la ciudadanía los bajos salarios y la pérdida de empleo.
En ese contexto, la imagen de un funcionario que habla de «mucha gente que le está yendo mucho mejor» mientras cobra su sueldo con cargo al Estado y se hipoteca con el banco estatal que prometió privatizar resulta difícil de digerir. Más aún cuando los que deben pagar ese ajuste son otros.
