(Por Cecilia Miglio) Hay preguntas que la democracia argentina todavía no se animó a formular del todo. Los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron reconstruir el horror: los secuestros, la tortura, las desapariciones. Pero alrededor de eso existió un entramado mucho más amplio que rara vez fue examinado con la misma lupa: el patrimonio de la dictadura.
La dictadura no fue solo un sistema de represión ilegal y muerte. Fue un orden institucional con jerarquías, cuadros policiales, servicios de inteligencia y asesores civiles que sostenían la maquinaria cotidiana del poder. Había mandos visibles y también actores que operaban desde la sombra, esos «monjes negros» que influían en estrategias sin aparecer en los organigramas. En ese universo se formaron oficiales que pasaron por centros como la School of the Americas – lugar de entrenamiento del gobierno de EEUU en Panamá -, donde se cocinaron las doctrinas que luego fluyeron hacia la Operación Cóndor.
Mucho se investigó sobre los crímenes. Mucho menos sobre las trayectorias de quienes formaban parte de ese entramado. ¿Quiénes fueron exactamente los instructores e ideólogos? ¿Qué cargos ocupaban? Pero, sobre todo, ¿cuáles eran sus ingresos y qué carreras siguieron cuando volvió la democracia? Son preguntas básicas cuando se estudia a cualquier élite de poder, y aquí también deberían serlo.
La transición juzgó a los responsables directos del terrorismo de Estado, pero rara vez se examinó con el mismo rigor el recorrido social y económico de quienes integraban ese sistema en niveles menos visibles. ¿Qué ocurrió con sus patrimonios? ¿Cómo evolucionaron sus propiedades y sus inversiones con el paso de los años?
Aquí la pregunta se vuelve incómoda porque alcanza a las familias. Es necesario hablar de los nombres vinculados a los vuelos de la muerte o a la apropiación de bebés, no solo desde su prontuario criminal, sino desde sus arcas. ¿Con cuánto patrimonio empezaron y con cuánto terminaron? ¿Cómo un oficial de bajo rango aumentó su patrimonio exponencialmente?
¿Cuántos hijos de aquellos cuadros crecieron dentro de ese “bienestar”? ¿Cuántos heredaron campos, cuentas o bienes acumulados en ese período? Nadie puede ser juzgado por los actos de sus padres, eso es un principio legal, pero las investigaciones sobre élites analizan justamente eso: la continuidad de los apellidos y las redes que se transmiten de generación en generación. En Argentina, ese terreno permanece sin explorar. ¿Dónde están hoy esos patrimonios? ¿Quiénes los manejan?
Hay un fenómeno que merece atención urgente: las trayectorias públicas de algunos de esos herederos. Personas que accedieron a espacios institucionales o políticos y cuya historia personal aparece ligada a familias que tuvieron participación directa en el aparato estatal de la dictadura. El periodismo investiga el crecimiento patrimonial de cualquier funcionario o juez cuando sus ingresos no explican su nivel de vida. No hay razón para que ese criterio no se aplique a este campo.
Esa «herencia manchada de sangre” nunca se investigó como un caso de enriquecimiento ilícito masivo. La memoria no se agota en reconstruir el pasado; implica entender las estructuras de poder que sobrevivieron al tiempo. Tal vez esa sea la gran investigación pendiente. Las herencias —económicas, políticas y familiares— cuentan la parte de la historia que todavía nos falta leer. Y algunas de ellas todavía esperan, intactas, en los registros de propiedad y en las cuentas bancarias que nadie se atrevió a auditar.
