(*Emilia Trabucco) La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma laboral del gobierno de Javier Milei con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Ahora el proyecto tiene que volver al Senado este viernes 27 para su sanción definitiva. La votación se produjo en un escenario donde el conflicto social volvió a ocupar el centro de la escena por la ola de despidos, la caída del poder adquisitivo y movilizaciones en las calles acompañaron el tratamiento legislativo, en un contexto de fuerte presencia policial y represión a la protesta. La decisión parlamentaria reordena el marco institucional que regula las relaciones laborales en la Argentina en medio de una contracción económica y un deterioro sostenido del empleo registrado.
El tratamiento legislativo se produjo mientras el mercado de trabajo mostraba signos evidentes de destrucción (y transformación). Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los primeros meses de gestión se registró una pérdida superior a los 200.000 puestos de trabajo privados formales. La caída interanual del salario real supera el 5%. La informalidad constituye un rasgo estructural, más de un tercio de las y los asalariados trabaja sin aportes jubilatorios y, si se consideran trabajadores independientes y cuentapropistas precarios, la proporción de empleo sin cobertura integral se aproxima a la mitad de la fuerza laboral.
En paralelo, FATE anunció casi mil despidos en una empresa industrial emblemática, en un escenario de apertura importadora indiscriminada, retracción del mercado interno y baja del consumo en alimentos. En síntesis, esta reforma flexibilizadora se aprueba en un ciclo de destrucción de empleo formal y debilitamiento del entramado productivo que lleva más de 22.000 empresas cerradas.
El oficialismo construyó su defensa del proyecto bajo la noción de modernización y formalización, con énfasis en monotributistas y trabajadores de plataformas digitales. Ese encuadre ocupó un lugar central en la construcción de legitimidad, pero el texto aprobado consolida el encuadre de esos trabajadores como “independientes”. No establece presunción de relación laboral frente al control efectivo que ejercen las plataformas sobre tiempos, tarifas y condiciones de prestación, tampoco equipara derechos con los previstos en la Ley de Contrato de Trabajo ni garantiza negociación colectiva plena.
No se crea un régimen integral de protección social que fortalezca cobertura previsional, estabilidad o acceso a derechos básicos frente a accidentes y enfermedades. En un país atravesado por niveles elevados de informalidad que ya afecta a más de 5.7 millones de trabajadores y trabajadoras, la reforma institucionaliza esa segmentación como estructura permanente.
El núcleo político y jurídico del proyecto se encuentra en la redefinición del concepto de trabajo. El texto lo formula como actividad productiva desarrollada en el marco de una ”relación de intercambio con finalidad económica», donde la categoría de intercambio omite la desigualdad constitutiva de la relación laboral, cuando el derecho laboral argentino se fundó en el reconocimiento de esa asimetría y en el principio protectorio como herramienta de equilibrio. La redacción propuesta desplaza ese fundamento y reordena el vínculo bajo una lógica contractual que privilegia la dimensión empresarial, el lenguaje normativo expresa una concepción en la que el trabajo se integra como variable económica dentro del proceso de acumulación.
Desde esa matriz conceptual se articulan las restantes modificaciones, ampliación de facultades patronales para reorganizar jornadas, habilitación de sistemas de banco de horas que alteran el pago del tiempo extraordinario, fortalecimiento de la negociación por empresa en detrimento de los convenios de actividad y ampliación del listado de servicios esenciales que restringe el ejercicio del derecho de huelga. El artículo que proponía reducir el pago de licencias por enfermedad fue retirado tras la presión sindical y política, aunque su incorporación inicial delimitó el horizonte del proyecto.
El avance legislativo combinó construcción de consenso y ejercicio de coerción estatal. La narrativa de actualización necesaria y ampliación de derechos para nuevos sujetos económicos operó como fundamento político. En simultáneo, el tratamiento parlamentario estuvo acompañado por despliegue represivo frente a la protesta social, con un dispositivo de seguridad que funcionó como señal disciplinadora.
La votación en Diputados también dejó una consecuencia política relevante en el campo nacional y popular. El proyecto fue aprobado con el respaldo no sólo de La Libertad Avanza, sino también de bloques aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y otros espacios provinciales, como Provincias Unidas, que responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que garantizaron la mayoría necesaria para avanzar. A éstos se sumaron además legisladores que llegaron a ocupar sus bancas con el voto de la base electoral de Unión por la Patria.
Entre quienes resultaron determinantes para habilitar la sesión se encuentran legisladores que responden a los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta y Misiones, provincias que fueron especialmente beneficiadas por transferencias del Gobierno Nacional, particularmente en diciembre de 2025, cuando comenzaron las sesiones extraordinarias. En Catamarca, Sebastián Noblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot —del bloque Elijo Catamarca— aportaron al quórum. Noblega y Ávila ingresaron en 2023 por la boleta de Unión por la Patria y Monguillot lo hizo en 2025 por Fuerza Patria. Aunque luego votaron en contra, su presencia fue clave para que la sesión pudiera realizarse.
Hubo además legisladores que no sólo dieron quórum sino que votaron afirmativamente. Las diputadas tucumanas Elia Marina Fernández y Gladys Medina, del bloque Independencia —escindido de Fuerza Patria— acompañaron el proyecto y responden políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo. En Misiones, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, junto con Oscar Ahuad, votaron a favor en línea con el espacio que conduce Carlos Rovira. Por Salta, Pablo Outes y Yolanda Vega —hoy en Innovación Federal pero ingresados por Unión por la Patria— también acompañaron la reforma en sintonía con el gobernador Gustavo Sáenz.
La decisión generó malestar en amplios sectores que reconocen en el peronismo una tradición histórica vinculada a la ampliación de derechos laborales y a la centralidad del trabajo en la organización social argentina. La discusión sobre representación política, conducción y orientación estratégica se instaló en las bases.
Mientras el Congreso aprobaba la reforma, el presidente Javier Milei se encontraba en Estados Unidos gestionando respaldos financieros y políticos para su programa económico, en el marco del llamado de Trump al Consejo de Paz “para la reconstrucción de Gaza”, donde puso a disposición al cuerpo de Cascos Blancos de Argentina. El rumbo adoptado expresa alineamientos en un escenario internacional atravesado por transformaciones geopolíticas y reorganización del capital financiero, donde la reforma laboral funciona como garantía normativa hacia el empresariado y los actores financieros externos.
La iniciativa legislativa del gobierno redefine así el marco institucional del trabajo en la Argentina. La modificación conceptual del trabajo, la ampliación de herramientas empresariales y la restricción de instrumentos colectivos alteran la correlación de fuerzas en el mundo del trabajo y consolidan una orientación favorable al capital concentrado.
Las y los trabajadores argentinos necesitan discutir una actualización de la legislación laboral acorde a las transformaciones tecnológicas, productivas y organizativas del trabajo contemporáneo, en un país con altos niveles de informalidad y nuevas formas de explotación mediadas por plataformas digitales. Lo que está en debate es quién define esa reforma y desde qué intereses se escribe.
Una legislación elaborada desde la perspectiva empresarial no resuelve la precariedad estructural. La agenda pendiente exige una reforma pensada desde la protección de la vida, la organización colectiva y la defensa de quienes viven de su trabajo.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
