Fragmentación sectorial y mayorías sin representación: lo que dejó la reforma laboral
Menos el pueblo, cada sector se llevó lo suyo en una jornada que puede haber marcado la historia argentina. El Gobierno aprobó lo que ningún otro pudo en democracia y le sumó represión. Gobernadores y la CGT manotearon la propia. La oposición, entre dialoguistas regalados y un peronismo impotente. Afuera del Congreso, palos, balas de goma, gases y carro hidrante para la gente, otra vez.
Pasó la primera instancia del debate por la reforma laboral con un rotundo triunfo del oficialismo, comandado por Patricia Bullrich en el Senado. La votación en general de 42 a favor y 30 en contra expuso el nuevo poder de fuego legislativo del Gobierno tras la victoria electoral del 2025. Pero no sólo eso. También quedó en evidencia la nueva capacidad de presión política libertaria, que se mostró más que efectiva para doblegar toda resistencia y avanzar sin escollos en una medida tremendamente regresiva para el conjunto de la sociedad trabajadora.
Se repitió hasta el hartazgo en las últimas horas pero no está de más un breve repaso por los principales puntos que afectarán a laburantes de todo el país desde el día en que Diputados ratifique lo que se votó ayer en el Senado. A partir de ese momento, el cálculo de las indemnizaciones por despidos quedará reducido a los salarios básicos, excluyendo cualquier otro ítem de la base computable, incluídos los aguinaldos y las vacaciones. Además, podrán pagarse en cuotas, 6 para las grandes empresas y 12 para las pymes. A los años que ya de por sí tardan los juicios laborales, ahora los trabajadores deberán sumarle medio o un año más para cobrar una indemnización que será mucho menor.
Las vacaciones podrán fraccionarse con un mínimo de 7 días corridos a discreción del empleador, quien además podrá decidir el momento del año para otorgarlas. La única obligación será otorgarle al empleado unas vacaciones en verano cada 3 años. La jornada laboral pasa a ser de un máximo posible de 12 horas, con 12 horas de descanso entre jornada y jornada y un mínimo de 35 horas de descanso semanal (un día y medio). La distribución de estos horarios queda a discreción del empleador, que deberá hacer firmar un acuerdo a sus empleados, pero podrá modificar los horarios y cantidad de horas trabajadas a su criterio. Las horas extra no se pagarán, sino que se acumularán en un banco de horas que el empleador devolverá al empleado en francos o menores jornadas, pero siempre a decisión propia.
Bajo la ley en discusión, si un trabajador se enferma o sufre un accidente por un acto voluntario (vaya usted a definir eso) que le impida trabajar, sólo cobrará el 50% del salario básico por 6 meses si tiene personas a cargo, y por 3 meses si no las tiene. Si la enfermedad o el accidente es por un acto involuntario, el monto a cobrar será del 75% del básico. Traducido en ejemplos, si un trabajador se rompe un menisco jugando al fútbol con sus amigos un domingo cobrará la mitad de su sueldo por 6 meses si es padre de familia o por 3 si no lo es. Y su a una mujer le detectan cáncer de mamas percibirá el 75% de su salario básico por 6 meses si tiene personas a cargo o por 3 meses si no las tiene.
Además, se amplían los servicios esenciales en los cuales se reduce el derecho a huelga, y se establecen cuestiones ridículas como que las asambleas en los lugares de trabajo deben contar con una aprobación del empleador. Son solo algunas de las cuestiones más regresivas de la “modernización” libertaria.
La pregunta inevitable es: ¿Cómo pudieron pasar por un tubo todos estos cambios tan negativos para la enorme mayoría del pueblo trabajador? Un principio de respuesta está en la fragmentación y el corporativismo que reina hoy en el conjunto de la sociedad.
El Gobierno negoció con los sectores que podían oponer mayor resistencia a la reforma, fundamentalmente el sindicalismo y los gobernadores. La CGT consiguió que no le tocaran la caja: el proyecto votado mantiene la cuota sindical compulsiva, y en la versión final se eliminó el plazo de dos años que se había puesto en el original, por lo que su vigencia no quedó en discusión. La contraprestación de ese sector del movimiento obrero fue comandar una tibia protesta, mover poco y por compromiso, y retirarse con el tiempo suficiente para que el Ministerio de Seguridad ejecutara la cacería de manifestantes que ya se vuelve habitual en este tipo de movilizaciones.
Los gobernadores lograron que no se bajara ganancias como estaba estipulado en el proyecto inicial, asegurándose no perder esa caja de fondos coparticipables. La contraprestación fueron los votos de muchos de los senadores que acompañaron el proyecto. Otros sectores también salieron ganando, como los bancos, que impidieron que los sueldos pasaran a poder pagarse en billeteras virtuales.
No faltan quienes quieren presentar estos cambios como concesiones por parte del Gobierno para sacar la ley. La lectura inversa pareciera más ajustada: claro está que el oficialismo negocia, pero los obligados a negociar son el resto de los sectores, que enfrentan ahora a un Gobierno fortalecido y con más capacidad para imponer condiciones que las que ya tenía.
Del otro lado del mostrador, el conjunto de la sociedad que se mueve entre la apatía y la angustia de no encontrar representación a sus reclamos por la situación cada vez más complicada que atraviesa. Mal haría el Gobierno en suponer que debates como este le generan más adhesión social. La mayoría de la gente no está al tanto de los pormenores de la reforma ni le importa demasiado, más allá de que pueda sostener un cierto apoyo a la figura de Milei. En la realidad cotidiana lo que aprieta es el bolsillo, que está cada vez más comprometido por los salarios a la baja, los despidos y la inflación que no para de crecer.
Las estadísticas oficiales marcan un panorama económico desolador. Los salarios privados registrados acumulan 4 meses de caída consecutivos. Los datos del SIPA mostraron que desde el cambio de gobierno hasta noviembre pasado hubo casi 300.000 despidos, uno cada 4 minutos. La inflación creció en enero por octavo mes consecutivo, con el pico que marcó alimentos, que subió 4,7% en todo el país y 5,5% en el conurbano. Sobre eso, las primeras semanas de febrero ya arrojaron nuevos aumentos en luz, gas, transporte y productos como la carne, que trepó más del 10%.
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