(Por Josefina López Palma) Si el relevamiento se remonta hasta diciembre de 2023, el total de compañías que cerraron desde entonces supera las 5000. El desplome del poder adquisitivo, la caída del consumo, la apertura de las importaciones y el aumento de los costos de producción son los principales factores de la crisis de la industria nacional.

El Gobierno de Javier Milei promueve una reforma laboral bajo el argumento de que hace décadas que no se generan nuevos puestos de trabajo en el país. Sin embargo, durante los dos primeros años de gestión, la administración libertaria no parece haberse preocupado demasiado por revertir esa situación y crear empleo genuino. Más bien todo lo contrario. 

Si se analizan los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se observa un retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativos tanto en la cantidad de empleadores como en el número de puestos de trabajo en todo el país. 

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en Argentina en un total de 19.164 casos. En el mismo período, se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.
En este contexto, la provincia de Buenos Aires no solo no escapa a la realidad nacional sino que es una de las jurisdicciones tal vez más golpeada por los efectos de la recesión y la apertura de las importaciones. 

De acuerdo a información oficial de la Provincia de Buenos Aires a la que pudo acceder Diagonales, desde diciembre de 2023 hasta ahora, cerraron un total de 5.208 empresas en territorio bonaerense (casi el 28% del total nacional).  

Lejos de ser solo de un número, esto significó la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo. A ello, se suman los despidos masivos, suspensiones, la reducción de personal y la eliminación de turnos de producción que realizaron varias compañías.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvo en su último informe que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la cantidad de trabajadores registrados en territorio bonaerense descendió en 90.069 casos, al pasar de 3.233.720 a 3.143.65.

En términos absolutos, los sectores más afectados fueron la Industria manufacturera, la Construcción, el Comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el Servicio de transporte y almacenamiento y los Servicios inmobiliarios.

Los últimos datos relevados por los Ministerios de Producción y Economía de la PBA señalan que tan solo en 2025, 2.194 empresas que se radicaban en la provincia cerraron por completo sus puertas e indican que ello significó la pérdida de 16.000 puestos de trabajo. 

“Cuando uno compara la realidad actual con lo que ocurría antes de que se implementara el plan económico que lleva adelante el presidente Milei, encuentra que la actividad económica en nuestra provincia cayó un 5,7%, que la industria, en valores que tienen poco antecedente, cayó un 10% en este tiempo. La construcción, un 25% y el comercio, un 8%. Prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual y menos todavía que haya mejorado”, exclamaba días atrás Axel Kicillof durante una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense. 

En esa misma línea, su ministro de Economía, Pablo López, afirmó en redes sociales que “cada mes se suman nuevas empresas a la lista de cierres, dejando a miles de argentinos/as sin trabajo y deteriorando su calidad de vida”. Acto seguido, el funcionario subrayó que “el impacto es nacional”, pero que se siente “especialmente fuerte en la PBA”. 

ALGUNOS DE LOS CASOS BONAERENSES MÁS RESONANTES

Hacer un listado de las más de 5 mil empresas que cerraron durante los últimos dos años en la provincia de Buenos Aires sería casi inabarcable o al menos muy tedioso para leer en una nota periodística como esta. No es la intención aburrir a nadie. 

En cambio, se busca dar muestra cabal de lo que significan concretamente los números que se compartieron más arriba con algunos casos puntuales que ocurrieron en los últimos meses.
En agosto de 2025, ILVA, una de las empresas de cerámicos más importantes y de larga trayectoria en el país, cerró su planta en Pilar y dejó a más de 300 personas en la calle de un día para otro. 

Hasta el día de hoy, los empleados despedidos no han cobrado sus indemnizaciones porque la empresa aduce un proceso de crisis y pretende pagar solo el 50% de la compensación que le corresponde a cada trabajador. 

En septiembre, la planta ensambladora de motos KTM, del Grupo Simpa, ubicada en Campana también bajó sus persianas definitivamente y despidió a alrededor de 50 trabajadores. 

El personal se enteró a través de un comunicado que sacó la empresa, pero solo después de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciara el cierre sin previo aviso. “Nunca me imaginé qué nos iban a echar así como perros”, cuestionaba un empleado frente a las cámaras de televisión durante las protestas en contra del cierre de la firma.

También en septiembre, la reconocida fábrica de galletitas Tía Maruca cerró su planta en Chascomús y despidió a 27 trabajadores. Tras la decisión, las autoridades de la firma les informó que no recibirían una indemnización legal, sino una «compensación económica» menor al monto que les correspondería.

Menos de un mes después, en la ciudad de Berisso, una fábrica metalúrgica dejaba de funcionar. Los empleados se anoticiaron cuando llegaron a su lugar de trabajo como todos los días y las puertas estaban cerradas. 

Hasta el día de hoy, no cobraron los sueldos adeudados ni la indemnización. Mientras tanto, en las últimas semanas, los dueños de Acerías Berisso presentaron la quiebra en un intento por evitar pagarles un peso siquiera a sus trabajadores. 

Ahora, los empleados lanzaron un fondo de lucha para asistir económicamente a las decenas de familias que quedaron sin ingresos.

En noviembre se registró una seguidilla de empresas que cerraron o que, en su defecto, anunciaron reducciones masivas de personal. 
La quiebra de La Suipachense fue tal vez uno de los casos más resonantes, por la historia de la empresa que se mantuvo operativa durante 75 años. La quiebra de esta empresa de lácteos dejó a 140 trabajadores en la calle y varios tamberos de Suipacha y la región sin un lugar donde vender su producción. 

La multinacional de electrodomésticos Whirlpool había inaugurado en 2020 una planta de lavarropas con el objetivo de abastecer el mercado interno y exportar a países como Brasil. Cinco años después, en un contexto de apertura indiscriminada de las importaciones y fuerte caída del consumo, la firma anunció el cierre de esa misma planta y la desvinculación de 220 empleados. 

Esta semana, el mayorista de productos de limpieza, higiene y perfumería Caromar cerró sus plantas de San Justo y Mar del Plata, dejando a 78 personas sin trabajo. 

Otro caso emblemático fue el de Lumilagro, la tradicional fabricante de termos con sede en Tortuguitas, Malvinas Argentinas. La empresa redujo su planta de 200 a 70 empleados y anunció que en lugar de fabricar el 100% de sus productos, ahora importará el 50% desde China. 

Según la empresa, las medidas fueron necesarias para sobrevivir a la competencia imposible que generó la apertura de las importaciones.

Algo similar ocurre en Georgalos, donde se achicó el personal en la planta ubicada en Victoria y se efectuaron suspensiones masivas que afectan a 600 operarios, quienes percibirán entre el 75% y el 80% de su salario.

Los números y estos casos apenas descritos dejan algo en claro: la pérdida de empleadores y puestos de trabajo no son situaciones aisladas. La repetición de causales y patrones reflejan que el ajuste no lo paga la casta. La crisis golpea con fuerza al sector productivo nacional y particularmente al bonaerense. Mientras tanto, la industria nacional lucha por subsistir y miles de trabajadores ruegan mantener su trabajo, o conseguir otro, aunque hoy en Argentina un empleo registrado no garantice un ingreso que supere el umbral de pobreza.

DIAGONALES