Hará un acto con trabajadores y referentes del sector en Avellaneda, la ciudad bonaerense con más empresas de este tipo en la Provincia. Qué implica la ley y por qué se prorrogó.
La ciudad de Avellaneda ostenta el récord de ser el distrito de la provincia de Buenos Aires que más cantidad de empresas y fábricas recuperadas tiene en todo el territorio bonaerense, con 17 unidades productivas. Por eso es el sitio elegido para llevar adelante hoy la firma del decreto que prorroga la ley de emergencia económica, financiera y tarifaria para el sector.
El acto será simbólico dado que el decreto ya se firmó algunos días atrás y contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el intendente Jorge Ferraresi y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato. El escenario será la Cooperativa de Trabajo “Cristal Avellaneda”, donde además de las y los trabajadores de esa firma, habrá referentes de diversas empresas recuperadas y del sector cooperativo bonaerense.
La ley, y en consecuencia su extensión, reconoce a las empresas recuperadas y resguarda los puestos de trabajo que sostienen a miles de familias en la provincia dado que suspende los desalojos y cortes de servicios públicos, al tiempo que establece la declaración de interés provincial al proceso de recuperación.
La prórroga de la normativa fue calificada como “clave” por el sector dado que el 36 por ciento de las fábricas recuperadas producen en propiedades que están en quiebra o en litigio judicial; mientras que otro 20 por ciento lo hace en sitios que fueron abandonados por sus antiguos propietarios y solo el 31 por ciento de las encuestadas por el IPAC son propietarias del lugar.
Según los datos del Instituto, en la provincia hay un total de 155 empresas recuperadas que cuentan con más de 4.100 trabajadores. El 67 por ciento de estas fábricas tienen base en los partidos del conurbano bonaerense. Además, de esas 4 de cada 10 se concentran en tres municipios: Avellaneda, Quilmes y Vicente López, al tiempo que las restantes se dispersan por el interior, en municipios como Bahía Blanca, Azul, Mar del Plata y Bragado, entre otros.
Además, el 74,6 por ciento de las cooperativas se dedican a la actividad manufacturera. En ese orden, desde el IPAC postularon que ya cerraron 15.000 empresas en el país, tal los datos de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Por eso Onorato destacó “el rol de la provincia como escudo y red ante la situación económica que sufren las cooperativas y empresas recuperadas ante la embestida del gobierno nacional”.
La ley de protección a las recuperadas
En abril de 2024, la Legislatura dio sanción a la Ley 15.485, a través de la que se declaró la emergencia económica, financiera y tarifaria de las Empresas Recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el lapso de 18 meses, aunque otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de prorrogarla por única vez y por un año, siempre y cuando se verificara que las causales de la emergencia no cesaron.
En concreto, la norma alcanza a aquellas empresas conformadas como cooperativa de trabajo -aunque también contempla a aquellas en trámite- que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o cierre por cualquier causa.
Para acceder a los beneficios de la norma, las empresas deben estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, al tiempo que el IPAC oficia como autoridad de aplicación.
Según el Gobierno bonaerense, el “contexto económico y social que motivó la declaración de emergencia no solo no ha cesado, sino que, por el contrario, se ha agudizado producto de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional”, de las que señalaron “afectan gravemente al sector productivo del país, de la Provincia y en especial a las cooperativas”.
El Gobierno provincial justificó que con la ley de emergencia se pretende “mantener visibilizada la grave situación que se atraviesa” con la idea de “proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas organizadas bajo la naturaleza jurídica de cooperativas de trabajo”.
Para avalarla, destacaron que estas empresas “carecen de fin de lucro, sostienen fuentes de trabajo autogestionadas, desarrollan actividades sociales para el conjunto de la comunidad y evitan los costos sociales y económicos del crecimiento en los índices del desempleo y la pobreza”.
