(Por Estefanía Cendón) Representantes del sector PyME, en diálogo con Motor Económico, reflejan el sombrío panorama que enfrenta el sector productivo: caída de ventas, endeudamiento y un futuro incierto en la Argentina de Milei. La tasa de desocupación ascendió al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC, y se estima el cierre de 25.000 empresas para este año. 

«La preocupación en el sector industrial por las consecuencias de la nueva fase del plan del gobierno se vio acentuada al recibir las nuevas listas de precios de los insumos básicos para la actividad: los aumentos resultantes promedian el 11/12 por ciento con respecto a los precios vigentes», advirtió Raúl Dellatorre, director general de este medio. 

En su artículo de Página 12, el economista destacó la declaración de La Asamblea de pequeños y medianos empresarios (Apyme) que condena la firma del acuerdo con el FMI y advierte acerca de «las graves consecuencias para la producción nacional, el empleo y los ingresos de la población». Consecuencias que ya se hacen sentir: las cifras del INDEC confirman que 1,7 millones de personas que buscan empleo no lo consiguen, el desempleo más alto desde 2021.

 

Por su parte Raúl Hutin, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), confirma el fatídico diagnóstico: «La situación se agrava a la velocidad de la luz. No es cierto que el poder adquisitivo levantó, como dicen algunos diarios amigos del poder, y esto se reflejó con claridad en las ventas del día del padre, en la caída de consumo que denuncian todas las provincias que llegan a los productos de primera necesidad con cifras que van desde el 12% hasta el 30 o 35% dependiendo la provincia». 

«¿Cómo va a mejorar el alicaído mercado interno cuando el 59% de los gastos de los hogares se lo están llevando los servicios y por lo tanto poco queda para: alimentos, viáticos (que aumentaron el 7%), remedios y nunca queda algo para una ropita?», cuestionó el empresario textil, para luego concluir: «Detrás de la careta el costo de vida aumenta en dólares y el TOTO (en referencia a Luis Caputo, ministro de Economía de la Nació

n) hace cosmética macroeconómica para retrasar el colapso hasta después de las elecciones de octubre». 

En tanto, el titular de Industriales Pyme Argentinos (IPA), Daniel Rosato, estima que en 2025 podrían cerrar unas 25.000 empresas, lo que podría derivar en que 300.000 personas pierdan sus puestos de trabajo. “Algunos se van a achicar y empezarán a importar”, explicó Rosato, quien considera que «los funcionarios avanzan en esta política sin tener en cuenta las consecuencias”. 

*Ahogo productivo 

Nunca cuadró tan bien la frase «todo tiempo pasado fue mejor», cuando son los mismos referentes del sector productivo quienes certifican la inexistencia de políticas actuales orientadas a fortalecer e incentivar a la industria local. «No hay comparación entre las medidas del gobierno de Milei y las encaradas durante el kirchnerismo. Hoy no encontramos políticas en favor de la pequeña y mediana empresa, de incentivo industrial u orientadas a las exportaciones o vías de financiamiento con tasas subsidiadas», aseguró Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA). 

«El Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) fue un gran acierto en favor del sector PyME entre 2003 y 2015, junto al subsidio de tasas de interés. También contamos con programas de subsidios no reembolsables, tanto desde el Ministerio de Producción como desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que posibilitaron el desarrollo del sector», recordó Fernández. 

«Desde el empresariado debería haber un discurso unificado para exigir que algunos de los programas que se tenían antes vuelvan a estar porque eran de mucha utilidad ya que posibilitaron una industria fuerte en su producción y con presencia contundente en el mercado interno», consignó el presidente de Cierres Lynsa. 

*Dos modelos en disputa 

«La situación de la industria hoy es paupérrima. Claramente este es un gobierno al que no le importa la industria y las consecuencias están a la vista. De hecho, su visión es que hay que favorecer a las importaciones bajando aranceles y reduciendo todo tipo de control, medidas que van a contramano del mundo», puntualizó Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro-Tejer. 

«Tenemos inflación de costos en dólares, por lo que producir en la Argentina es cada día menos conveniente. Si a eso le sumamos que se le bajan aranceles a las importaciones, lejos de bajarle los impuestos a quien produce o agrega valor en la Argentina, a quien genera riqueza», afirmó Galfione, para luego añadir: «En nuestro país tenemos una carga impositiva muy alta y estamos lejos de empezar a solucionar ese problema. Se pierden así las capacidades productivas que luego cuesta tanto recuperar». 

«El 95% de la producción nacional en la Argentina se hace en PyMEs, ahí es donde más valor se agrega. Claramente un modelo que no propicia o no tiene interés en la producción nacional es muy perjudicial para todo el entramado PyME», confirmó el ingeniero, quien marcó la necesidad de distinguir entre dos modelos de país: «Es importante diferenciar entre un modelo que favorece la producción y el agregado de valor nacional, y un modelo donde todo queda librado a las reglas de mercado, independientemente de cuáles sean los intereses que defienda».  

«Durante el kirchnerismo, y con continuidad durante el gobierno de Alberto Fernández, fueron importantes los programas de desarrollo de proveedores para determinados segmentos de la economía, como son los proveedores que abastecen a las fuerzas armadas o al sector minero. Se daba así la posibilidad de acceder a créditos subsidiados para convertirse en proveedor de empresas de estos rubros», referenció el titular de la Fundación Pro-Tejer. 

Finalmente, el especialista sumó dos políticas cuya aplicación resultó beneficiosa para el sector PyME: «Los Programas de Apoyo a la Competitividad (PAC) fueron orientados a varios aspectos como la inversión, a mejorar la tecnología aplicada o instalar modelos de gestión como el PAC Kaizen, de innovación. También destaco los créditos para inversión productiva, donde los últimos implementados eran financiados por el FONDEP, como es el caso del Potencia PyMEX». «Todos estos programas eran programas auditados, donde las empresas debían presentar seguros de caución y nos exigían justificar todos los fondos que nos aportaba el gobierno», aclaró.