Por: Boyanovsky Bazán
Dirige la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Celebra el regreso de capacitaciones como la de delitos económicos, que el macrismo había dado de baja.
“Esta escuela es como un espejo, cuando es prioridad la defensa del interés público la formación se jerarquiza y cuando no querés abogados que defiendan el interés nacional evidentemente desmantelás la escuela”, reflexiona ante Tiempo Guido Croxatto, director de la ECAE, recientemente renombrada Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado Nacional (antes era solo “de abogados”). Croxatto se refiere al repunte que experimenta la institución que funciona bajo la órbita de la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Carlos Zanini, en franca oposición a lo que ocurrió durante el macrismo. No solo por la recuperación de su histórica Maestría, sino del lanzamiento y reposición de capacitaciones, como la de delitos económicos, dirigidas a formar un tejido jurídico capaz de representar y defender en su mayor expresión los intereses del Estado.
“Ahora hay un gobierno que prioriza el desarrollo nacional y no favorece los circuitos de especulación financiera, pero para eso necesitás un equipo que esté preparado para frenar a tiempo esa dinámica”, relata Croxatto desde su oficina del edificio de ocho pisos en que funciona la escuela, sobre la calle Defensa a metros de la Plaza de Mayo.
La ECAE acaba de firmar un convenio con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para el restablecimiento de una especialización en delitos económicos complejos y prevención de lavado de activos dirigida a abogados y abogadas del Estado, que el macrismo había dado de baja en 2016. “Nosotros entendemos que la principal amenaza a la soberanía y al patrimonio nacional está dada por la criminalidad financiera más sofisticada y para combatir esta criminalidad el Estado necesita herramientas y los abogados que reprensentan los intereses del Estado necesitan capacitarse, si no, no pueden defender al Estado”, indicó Croxatto.
“En la gestión del gobierno anterior, como parte del desmantelamiento de esta escuela y de la formación que reciben los abogados del Estado, se dieron de baja una serie de programas: la Maestría en abogacía del Estado se discontinuó, privando de esa herramienta para capacitarse y defender al Estado nacional, y también la especialización en delitos económicos y financieros. Eso es lo que estamos retomando este año. Se firmó estos días y se reinicia en marzo de 2022”, relató.
La importancia de que el cuerpo jurídico recupere estas capacitaciones radica en el hecho de que “va a haber 60 o 70 personas por año que van a poder hacer una lectura más fina de las dinámicas invisibles que muchas veces perjudican el desarrollo de la Nación, la corrupción privada, los circuitos financieros, la fuga de divisas”, enumera el director. “Parte de la fuga está vinculada al sobreendeudamiento. Si vos te fijás, fueron casi simultáneos la baja de esta capacitación y el endeudamiento estrepitoso con el FMI”, relaciona. Esa conexión no es casual para este abogado penalista de 39 años que se afirma discípulo de quien fuera Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y del exministro de la Suprema Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni. “Privar a los abogados del Estado de herramientas vitales para defender a la argentina fue una política de Estado. No fue un accidente. Eso pasó simultáneamente con el sobreendeudamiento y el crecimiento exponencial de la pobreza”, repasó.
“Nosotros entendemos que la principal amenaza a la soberanía y al patrimonio nacional está dada por la criminalidad financiera más sofisticada y para combatir esta criminalidad el Estado necesita herramientas y los abogados que representan los intereses del Estado necesitan capacitarse, si no, no pueden defender al Estado”, evaluó.
Tanto para la escuela como para el cuerpo jurídico, el cambio de época se reflejó en cierto espíritu corporativo alineado en la necesidad de tener “bien en claro cuáles son los objetivos y cuáles son las amenazas” para la Nación. Asegura Croxatto que entre los letrados y letradas “lo que se percibe cada vez más es un compromiso mayor de todos los abogados del Estado nacional y provinciales con la defensa del interés público. Es muy profunda la percepción del desmantelamiento que se vivió en años anteriores y todos los abogados lo han vivido. Y creo que hay una conciencia instalada que apunta a no querer repetir ese proceso de vaciamiento. La idea es lograr el desarrollo de programas que no sean fáciles de desmantelar”. «
Público o privado
Hace unos 30 años que la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado Nacional (ECAE) forma a quienes deben representar al país no solo en litigios donde está involucrado el patrimonio nacional, sino también en velar por esos intereses contribuyendo a la investigación y resolución de los delitos económicos. La orientación de esa capacitación es la clave, según explica a Tiempo su director, Guido Croxatto. “Si el Estado no brinda esa capacitación, el mercado tampoco la va a brindar porque muchas veces es parte de esas ingenierías de lavado de activos, de paraísos fiscales, que terminan favoreciendo la fuga de capitales y una criminalidad más sofisticada que perjudica a los Estados emergentes como la Argentina”. Esa línea cambió radicalmente durante el gobierno de Mauricio Macri, en sintonía con la política económica que favoreció a la especulación financiera. Cuentan en la ECAE que el macrismo no solo desmanteló programas y cursos, también emprendió contra lo simbólico. La placa en homenaje a Eduardo Luis Duhalde que daba la bienvenida en la planta baja “terminó en la basura”, afirman. “Cuando la ECAE se desmantela, vos terminás tercerizando la formación, pero esa tercerización no es inocente, porque son abogados que pueden ser formados muchas veces bajo una mirada privada antiestatal”, explica Croxatto.
Fuente: Tiempo Argentino
