Pese a mostrarse como una política novedosa, el flamante Plan Nuclear Argentino que anunció Javier Milei se inscribe en una trayectoria de desarrollo de más de setenta años. No ven con buenos ojos continuar con el CAREM y hablan de la construcción de un nuevo reactor, del que públicamente se ha dicho poco. Con defensores y detractores, la expansión del sector nuclear en Argentina coexiste con resistencias desde el regreso de la democracia hasta la actualidad. Pero la toma de decisiones en materia energética requiere de consensos políticos y acuerdos en torno a distintas encrucijadas que, indefectiblemente, dejarán afuera a algunos sectores. ¿Más o menos energía nuclear en la matriz energética? ¿Con qué tipo de reactores? ¿Qué rol ocupará el complejo científico-tecnológico local?
(Por: Agustín Piaz/Ana Spivak L’Hoste/Arte: Sebastián Angresano)
El 20 de diciembre Javier Milei anunció el lanzamiento de un nuevo Plan Nuclear Argentino. En la presentación, realizada en conjunto con el jefe de asesores del Gabinete, Demian Reidel, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, destacaron dos cuestiones clave. En primer lugar, la voluntad de construir un Pequeño Reactor Modular (SMR). Se trataría de un tipo de reactor “de invención argentina” que, según Reidel, representa “un avance sustancial respecto de los reactores tradicionales”. En segunda instancia, la intención de “desarrollar las vastas reservas de uranio” que posee el país no sólo para abastecer la demanda local sino también con miras de exportación de elementos combustibles.
Pese a que se presente como algo novedoso, esto se inscribe en una extensa trayectoria de desarrollo e implementación de la tecnología nuclear en Argentina y reaviva, una vez más, históricas encrucijadas que en torno a esta tecnología se han suscitado en el país. ¿Más nucleoelectricidad en la matriz energética? ¿Con qué tecnologías? ¿Qué rol ocupará el complejo científico-tecnológico local? ¿Para qué y para quiénes producir más energía nucleoeléctrica?
Según la Real Academia Española, el término encrucijada tiene dos acepciones. Puede ser el lugar donde se cruzan dos o más calles o una situación difícil en la que no se sabe qué camino elegir. ¿Por qué será que ese término, más ligado a caminos que a reactores, aparece con frecuencia cuando la tecnología nuclear aplicada a la producción de energía eléctrica es noticia? De tanto en tanto, la tecnología nuclear para producir electricidad se mete en la agenda de medios de comunicación, se difunde en la voz de expertos y funcionarios y hasta se debate en las calles. Así sucedió, por ejemplo, a comienzos de este milenio cuando, tras décadas de amesetamiento, la cuestión nuclear volvió a ganar protagonismo en la esfera pública. El regreso de esta tecnología, presentada por sus promotores como una energía limpia (destacan que no produce gases de efecto invernadero durante la etapa de generación de electricidad), buscó acoplarse a los esfuerzos por mitigar el calentamiento global. Lejos de aparecer, como en épocas anteriores, como una solución integral al problema energético, en aquella oportunidad la nucleoelectricidad buscó promoverse como una opción más, entre otras, en los procesos de descarbonización de la producción de energía. Asimismo, su capacidad para ofrecer energía de manera constante, independientemente de las condiciones climáticas —a diferencia de fuentes renovables como la eólica o solar, cuya efectividad depende del viento y del sol—, ha potenciado los argumentos para su promoción entre otras formas de producción energética consideradas limpias.
Sin embargo, este nuevo impulso fue puesto en jaque cuando en 2011 un terremoto y el tsunami que lo acompañó provocaron un accidente en la central nuclear Fukushima I. El movimiento de tierra produjo, entre otros efectos, la liberación de contaminación radiactiva. Pero contribuyó, sobre todo, a la emergencia de cuestionamientos respecto de esta apuesta tecnológica. Unos años más tarde, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania volvió a impulsar ciertas discusiones en torno a la tecnología nuclear. Por un lado, en el marco de la búsqueda por limitar la dependencia de combustibles fósiles de origen ruso —principalmente gas y petróleo—, la nucleoelectricidad volvió a ganar terreno como alternativa viable para abastecer el suministro energético. Por otro lado, se encendieron también luces de alarma en torno a sus posibles usos bélicos, ya sea a partir de la utilización de armamento nuclear en el conflicto o de la elección de reactores nucleares como blanco de atentados.
Recientemente, las propuestas para compensar con nucleoelectricidad las crecientes demandas de energía requeridas por la Inteligencia Artificial comenzaron a alimentar las esperanzas de un nuevo renacer nuclear. El interés de grandes compañías tecnológicas como Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft en esta tecnología ha despertado optimismo en un sector que se resiste a quedar en el ostracismo. De hecho, varias de estas empresas han construido o planean construir sus centros de procesamiento de datos en las inmediaciones de centrales nucleares a partir de las cuales se puedan abastecer. Microsoft, incluso, busca ir más allá: planea revivir la central de Three Mile Island, recordada por haber sufrido uno de los peores accidentes nucleares en la historia de Estados Unidos.
¿Por qué, entonces, se habla de encrucijadas cuando la nucleoelectricidad vuelve a ser noticia? Porque más allá de la coyuntura o evento que la impulse en cada contexto, su conceptualización e implementación exige complejas tomas de decisión en materia tecnológica (y política) reviviendo discusiones no saldadas que involucran tanto a expertos, promotores y resistentes como, en términos más extensivos, a la sociedad en general. Estas decisiones no serán, además, triviales. Son parte constitutiva del ejercicio de la democracia y una forma de expresión de voluntades en las que se pone de manifiesto opciones por tipos de desarrollo, modelos de país (e incluso de mundos) deseados. Es decir, se trata de elecciones de caminos en tiempo presente, con capacidad para llevarnos hacia futuros que no solo se imaginan sino que se construyen desde esa temporalidad.
De dónde venimos y hacia dónde vamos
La irrupción de la tecnología nuclear en el espacio público con las explosiones de las bombas atómicas detonadas en 1945 marcó el temprano establecimiento de una estrecha e indisociable vinculación cultural de esta tecnología armamentística de efectos catastróficos. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado se multiplicaron esfuerzos por limitar posibles usos bélicos y potenciar sus usos pacíficos. Entre éstos se destacan aquellos vinculados a la salud —como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer—, la alimentación —donde se utiliza esta tecnología para mejorar la inocuidad de los alimentos o el control de plagas— o la producción de energía eléctrica —que aprovecha el calor que se genera durante el proceso de fisión de los átomos para generar vapor, mover una turbina y producir así electricidad—.
Argentina ha mostrado tempranamente interés por esta tecnología y ha logrado posicionarse como país pionero y líder en cuanto su desarrollo e implementación en América Latina. En más de setenta años de historia, Argentina puso en marcha el primer reactor nuclear de investigación de Latinoamérica, el RA-1, en 1958 y la primera central de potencia, Atucha I, en 1974. También avanzó en el dominio del ciclo de combustible nuclear, que contempla desde la minería de uranio hasta el manejo y disposición de residuos radiactivos. En retrospectiva, sin embargo, es posible afirmar que el periplo de esta historia no ha sido lineal y ha debido enfrentar múltiples encrucijadas, continuidades y rupturas en relación al apoyo económico y político en los más de setenta años de vigencia del sector.
En la actualidad, el país cuenta, entre otras instalaciones nucleares de relevancia, con tres centros atómicos dedicados a la investigación y el desarrollo de esta tecnología (los centros atómicos Ezeiza y Constituyentes, ambos localizados en Buenos Aires; y el Centro Atómico Bariloche, en Río Negro), cinco reactores de investigación y tres reactores de potencia (Atucha I y Atucha II, en Buenos Aires, y Embalse, emplazado en Córdoba). De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, en el plan proyecta sumar más energía nucleoeléctrica a la matriz, con foco en el desarrollo de la inteligencia artificial, en tanto se trata, según afirmó el Presidente, de “la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacer frente al desarrollo de la civilización”. Esta nueva apuesta por el átomo presenta nuevas y sobre todo reaviva, además, algunas históricas encrucijadas por el desarrollo nuclear en Argentina.
Encrucijadas según los expertos
A comienzos del 2024, el Gobierno de La Libertad Avanza comenzó a redefinir algunos objetivos, entre ellos los del propio CAREM, a la luz del lanzamiento (ya no relanzamiento esta vez) de un nuevo Plan Nuclear Argentino. Según Rafael Grossi, actual director general del OIEA, y las máximas autoridades de las instituciones que conforman el sector nuclear argentino (CNEA, NA-SA e INVAP), el país se encuentra ante un “escenario de oportunidad” para continuar posicionándose como líder regional, incluso como exportador de tecnología, considerando las capacidades adquiridas en la materia. Ahora bien, considerando recorridos y decisiones tomadas a lo largo de siete décadas de desarrollo nuclear en el país, esas oportunidades no están exentas de encrucijadas. Y esas encrucijadas, a su vez, no están exentas de discusión pública.
Salteando la pregunta por si debe o no avanzar la nucleoelectricidad en Argentina, poco presente entre los expertos nucleares, los cruces de caminos y opciones se concentran en dos claves. Una tiene que ver con la continuidad o no de una línea tecnológica de reactores. La otra tiene como eje el tipo de reactores, en términos de potencia, a privilegiar.
En 2014, Argentina firmó con China un Convenio de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones que dio pie a negociar proyectos con financiamiento chino. En 2015, ambos países firmaron el Acuerdo sobre la cooperación en el proyecto de construcción de un reactor nuclear a agua presurizada en Argentina. Este suponía la colaboración para construir, en nuestro país, una central China con operación a uranio enriquecido y agua presurizada modelo HUALONG. En paralelo a la firma del acuerdo, también se hablaba de otro reactor: un modelo CANDU a uranio natural y agua pesada (como el que opera en Embalse), fabricado con un 70% de componentes argentinos. Estas propuestas se continuaron en el gobierno de Mauricio Macri, quien firmó en 2016 un Memorando de Entendimiento entre Argentina y China. Sin embargo, en 2018 hubo una reformulación: la continuidad del convenio salteó la construcción del CANDU y se abocó a la compra del HUALONG.
El cambio de rumbo desató cuestionamientos entre expertos. Algunos defendían el CANDU a partir de tres argumentos arraigados en el recorrido local de la tecnología nuclear: primero, el valor de conocer la tecnología para decidir y actuar de manera autónoma; segundo, las ventajas comparativas de esa opción para promover el desarrollo de la industria nacional; tercero, los beneficios del uranio natural considerando la existencia de ese recurso en territorio nacional (y considerando, también, que Argentina no cuenta con plantas de enriquecimiento). Otros expertos, por su parte, señalaron que el CANDU es un modelo de reactor en extinción, que su combustible no es el más eficaz, que sólo quedaban algunos en funcionamiento y que la empresa canadiense que los fabricaba ya los retiró de su línea de producción. En todo caso, se abría el interrogante sobre si, considerando la proyección a largo plazo del funcionamiento de un reactor, era conveniente colocar ahí semejante inversión.
Ante todo, la tecnología nuclear destinada a producir electricidad (sus obras, sus procesos, sus mecanismos de control y seguridad, etc.) requiere de grandes inversiones, principalmente en el caso de reactores como el CANDU o el HUALONG. Y esto permite mencionar la segunda encrucijada: ¿es necesario apostar a reactores de esta potencia?
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se anunció el “relanzamiento del plan nuclear”. Con ese marco se finalizó y puso en funcionamiento la central Atucha II, cuya construcción estuvo detenida entre 1994 y 2006. El plan preveía incorporar a la matriz eléctrica nacional al menos dos nuevos reactores para producir energía nucleoeléctrica. Preveía avanzar en la construcción de un reactor de menor potencia y diseño nacional, conocido como CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares). Este y otros proyectos ligados a ese plan fueron alcanzando distinto grado de avance en función tanto de los condicionamientos técnicos como de los cambios en las prioridades de financiamiento de las gestiones que se fueron sucediendo.
Para algunos expertos, el CAREM —emblema de la reactivación de la actividad nuclear a comienzos del milenio— tiene potencial para “transformar el sector energético nuclear mundial”. Un potencial que se asociaba, hasta hace unos meses, a una “ventana temporal de oportunidad” en un mercado emergente, ya que aún no hay en el mundo proveedores de este tipo de proyectos, más allá de los avances en su diseño y conceptualización y en el interés que despiertan en muchas geografías.
Aunque desconsideran al CAREM por su “inviabilidad económica”, ese potencial es retomado en el nuevo plan presentado en diciembre del 2024. Incluso, en declaraciones recientes, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Guido Lavalle, dijo: “Seamos honestos intelectualmente, no vamos a vender 50 CAREM, sabemos que no es económicamente competitivo ese reactor. Basta pararse en frente de la obra para darse cuenta que eso no es un reactor modular pequeño”. La nueva gestión está comenzando a analizar otras opciones de reactores modulares en el país, con el fin de posicionarlo como un actor clave en el desarrollo y eventual comercialización de esta tecnología. Sin embargo, ni desde el Gobierno ni desde el sector nuclear hicieron públicas precisiones respecto de este nuevo reactor. Las encrucijadas, entonces, no se reducen a un tema de tipos de tecnología, tipos de combustible, capacidad de producción de nucleoelectricidad, dimensiones de obra o de costos, sino también de oportunidades comerciales para un desarrollo nacional y de oportunidades para el propio desarrollo de esa industria.
Encrucijadas según las resistencias
La expansión del sector nuclear en Argentina ha coexistido con resistencias que se expresaron de manera pública desde el regreso de la democracia hasta la actualidad. Impulsadas por distintos actores de la sociedad civil interesados en la cuestión ambiental, se consolidaron con el correr de los años, y especialmente durante el nuevo milenio, en sintonía con la creciente relevancia que adquirió esta problemática en el país y en la región.
Para los históricos movimientos ambientalistas y antinucleares del país, no hay una encrucijada en términos de avalar o no la energía nuclear. Su oposición es radical: creen que la energía nuclear no es limpia, ni barata, ni segura, ni necesaria. Las razones esgrimidas para oponerse al desarrollo y la implementación de esta tecnología se vinculan con múltiples dimensiones.
Primero, las razones ambientales, que toman forma en función de los posibles efectos contaminantes de la tecnología en caso de eventuales accidentes, así como también de la aún no resuelta disposición final de los elementos combustibles gastados y/o residuos radiactivos. Esta es una de las problemáticas más sensibles de la producción nucleoelectricidad. Porque ni en Argentina ni en ningún otro país está resuelto de manera definitiva qué hacer con lo que queda de los elementos combustibles tras su paso por el reactor, más allá de las pruebas que se están realizando en Finlandia en torno a la puesta en operatividad del primer repositorio final de residuos radiactivos de alta actividad. Hasta hoy, al extraerse se colocan en piletas y luego pasan a un almacenamiento en seco, donde se los protege con hormigón. Pero la construcción de un repositorio final en el país —si bien no se desconoce la problemática y existen proyectos como el CONFINAR-Geo— no se vislumbra en un horizonte cercano.
En segundo lugar, se encuentran razones económicas vinculadas con costos de construcción, mantenimiento y desmantelamiento de un reactor, que se traducen en el precio del insumo eléctrico. La tecnología nuclear requiere de altos niveles de inversión al momento de la construcción de las centrales. Asimismo, las mejoras en la seguridad de los reactores también han encontrado un correlato en un incremento de los precios de la nucleoelectricidad, que se sumaron a los costos de mantenimiento y operación.
En tercer lugar, se encuentran los costos asociados a procesos de desmantelamiento. Si bien, de acuerdo con proyecciones del sector, se estipula que Atucha I —la central más antigua— pueda continuar produciendo energía a máxima potencia al menos por dos décadas más, tarde o temprano la industria deberá afrontar el decomisionado y los costos asociados a éste.
Por último, las resistencias a la tecnología nuclear por su condición dual (es decir, por tener aplicaciones tanto civiles como bélicas) exponen la preocupación por las armas nucleares e, incluso, por eventuales atentados en instalaciones destinadas a los usos pacíficos de esta tecnología. Tales preocupaciones, que formaron parte del argumentario histórico de los movimientos antinucleares en Argentina, han adquirido un nuevo impulso en el marco del conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania. En una publicación, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), señaló que “la humanidad jamás debiera haber abierto la nueva Caja de Pandora”. Rechazan la energía nuclear, sea bélica o pacífica y se oponen a la creación de nuevos reactores en Argentina y en el mundo. En este sentido, se recupera un histórico postulado antinuclear explicitado por el periodista y activista austríaco Robert Jungk, quien sostiene que “los átomos para la paz no se diferencian sustancialmente de los átomos para la guerra”.
Entre consensos y disensos
La encrucijada nuclear no se reduce, al menos en Argentina, a producir o no energía eléctrica con esta tecnología. Entre los expertos, al menos mayoritariamente, la opción siempre es el sí. La encrucijada está en la elección de modelos y potencia de sus reactores asociada a recorridos, memorias, continuidades o imaginarios de desarrollo económico e industrial. Entre las resistencias, en cambio, la opción es mayoritariamente el no. Al interior de esta coalición, la encrucijada se plantea en otros términos, entre proyectos para “salir de lo nuclear”, descarbonizar la energía y modelos alternativos para el desarrollo. Así, pese a que entre expertos y resistentes la cuestión esté polarizada al mejor estilo de grieta, al seno de cada uno la encrucijada, o las encrucijadas, asumen sus matices. Ahora bien, estas encrucijadas, en sus distintas modalidades, no se reducen solamente a estos dos ámbitos. Estas se imprimen y retroalimentan con lo que sucede y se dirime en la política, entendida como un hacer para el bien común. Más específicamente, lo que sucede y se dirime en el marco de la toma de decisiones en materia de energía, de desarrollo industrial, de ciencia y tecnología, así como de economía y ambiente. La toma de decisiones en materia energética en general, y nuclear en particular, no solo implica algún tipo de consenso entre todos estos ámbitos de la gestión y la política. Requiere, también, de acuerdos en torno a las múltiples variables que se despliegan de las encrucijadas planteadas. Acuerdos que, indefectiblemente, dejarán a algunos afuera.
