(Por Aram Aharonian)Embargos comerciales, vetos en organismos económicos, congelamiento de activos, órdenes ejecutivas: todas estas medidas bien se pueden agrupar bajo el término genérico de “sanciones”, acciones que buscan debilitar la economía de un país, socavar su soberanía y limitar su acceso a inversiones y recursos financieros.
Las sanciones internacionales se constituyen en instrumentos políticos de derecho internacional cuya aplicación se ha extendido en el sistema de relaciones internacionales. Sin embargo, la imposición e implementación de estas sanciones tiene efectos no solo en el país receptor, sino también en los países de la región a la que pertenece, y en las relaciones entre ellos.
Poco antes de las elecciones de este año en Venezuela, Estados Unidos recurrió una vez más a las sanciones económicas como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, tratando de inclinar la balanza hacia el candidato opositor Edmundo González y su promotora María Corina Machado.
A pocos días de entregar el mando a Donald Trump, Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, tuiteó sobre Venezuela, calificando al ex candidato de la ultraderecha, Edmundo González, como “presidente electo”. Algo que se había cuidado muy bien de hacer.
En 2015, bajo el mandato de Barack Obama, EEUU impuso las primeras medidas en el marco de la Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, con la que se pretendía castigar a los señalados como responsables de violaciones de derechos fundamentales.
Las primeras sanciones de carácter económico se remontan a 2017. El Departamento del Tesoro a las órdenes de Donald Trump impuso restricciones a las operaciones, transacciones y negociaciones entre entidades y personas estadounidenses y el gobierno venezolano.
Esto llevó a una política de sobrecumplimiento en los departamentos legales de los bancos estadounidenses con relación a transacciones en las que estuvieran involucrados ciudadanos venezolanos. Ese año Venezuela entró en default en sus pagos de deuda.
En los años siguientes, se fueron agregando sectores y organismos específicos. En 2019, en pleno pulso entre el presidente-títere Juan Guaidó y Maduro, Washington golpeó a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), debilitada por la crisis económica. Por primera vez, se suspendió el intercambio petrolero entre Venezuela y EEUU, un tradicional cliente y pagador de la petrolera venezolana que le despachaba entonces unos 500.000 barriles diarios.
En 1976, Juan Pablo Pérez Alfonzo, exministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y conocido como el padre de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), calificó el petróleo como «excremento del diablo», aludiendo al peligro que representaba para una sociedad tener un reservorio de recursos naturales que podría proporcionar dinero fácil, sin mayores esfuerzos.
El camino a la flexibilización de estos bloqueos a la venta del petróleo venezolano empezó el 25 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania. Seis reuniones en Doha, auspiciadas por Qatar en paralelo a las negociaciones con la oposición que habían iniciado un año antes en México, llevaron a los Acuerdos de Barbados, con una serie de compromisos políticos, y a la implementación de la Licencia 44, que abrió la puerta a la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela.
Junto con estas sanciones, conocidas como “primarias”, se aplicaron las llamadas “sanciones secundarias” que amenazan con un veto en el sistema financiero estadounidense, no solo a los ciudadanos de ese país sino a ciudadanos y entidades extranjeras que “asistan materialmente, patrocinen o proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al sancionado Gobierno de Venezuela”.
Con esta prohibición se complicó la comercialización del crudo de PDVSA en los mercados internacionales y llevó al país caribeño a recurrir al mercado negro de petróleo, comerciándolo con grandes descuentos, y a tretas como el uso de buques fantasma para asegurar la venta o el trueque por mercancías o derivados de hidrocarburos de los barriles que se iban quedando en los muelles de PDVSA.
El cambio sobre el régimen sancionatorio de Venezuela tuvo un movimiento previo a finales de enero, cuando el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata preferida por Washington: el Departamento del Tesoro ordenó cerrar todas las operaciones con Minerven antes del 13 de febrero de 2024 que habían sido permitidas con la emisión de la licencia 43A en octubre pasado.
Venezuela llegó a exportar más de tres millones de barriles diarios, pero no ha vuelto a superar el millón desde que registró sus mínimos en el momento de mayor crisis en las operaciones de la empresa estatal que se agudizó con el veto de Estados Unidos al petróleo venezolano. Hoy se producen entre 800.000 y 850.000 barriles diarios.
Brasil, el socio de EEUU en los Brics
Los BRICS, por su parte, persiguen la promoción de inversiones, el fortalecimiento de la industria, la energía y la agricultura en sus países miembros. En este contexto, el sorpresio y sorprendente veto de Brasil al ingreso de Venezuela al bloque representa un golpe a su economía, lo que inevitablemente incide sobre las condiciones de vida de su población e impulsa la migración.
En 2020, en plena pandemia, Estados Unidos vetó el acceso de Venezuela a los recursos asignados por el Fondo Monetario Internacional para implementar las medidas sanitarias necesarias contra el Covid-19. Este veto se sumó al conjunto de sanciones dirigidas a provocar un ‘cambio de régimen’.
Desde inicios del siglo XX, la política exterior brasileña ha mostrado una alineación estratégica con Estados Unidos, en un fenómeno que el historiador Bradford Burns describió como una “alianza no escrita” entre ambas naciones. Esta alineación, facilitó el camino para que Brasil se extendiera hacia territorios de Bolivia y Perú.
El vínculo evolucionó con los años y ha consolidado una relación de dependencia. En la actualidad, es precisamente en la Amazonía, en la base aeroespacial de Alcántara, donde hay presencia militar estadounidense. Esta presencia representa no solo una asociación, sino también una forma de subordinación más amplia de los intereses de seguridad y defensa brasileños a los de Estados Unidos, en el marco de esa “alianza no escrita”.
En medio de la difícil situación económica y la disputa poselectoral, el veto brasileño cumple, como toda decisión política, un papel dentro de una estrategia más amplia. Objetivamente, en el corto plazo, esta medida parece no tener otro fin táctico que colocar obstáculos a la juramentación del 10 de enero y crear condiciones para un ‘cambio de régimen’.
Celso Amorim expuso lo que podría considerarse la meta estratégica detrás del veto a Venezuela. Durante su intervención, Amorim afirmó: “El principal interés es evitar que Venezuela se convierta en el foco de rivalidades geopolíticas que amenazan la paz en América del Sur y que signifiquen conflictos en el ‘corazón’ de la Amazonía”.
Al señalar a Venezuela como una amenaza latente para la paz en la Amazonía, Amorim no solo conecta el veto con el interés de Brasil en las Guayanas, sino que también revela la existencia de una estrategia que va mucho más allá del mero desacuerdo político.
Tanto la preservación de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región como los planes de expansión de Brasil requieren una Venezuela debilitada, un país que no recupere fácilmente su economía ni su influencia en el continente. Ese es el papel de los vetos y las armas: dos caras de una misma moneda. El veto es, así, una herramienta que ha sido utilizada en función de ese “principal interés”.
Cuando Amorim menciona el “corazón de la Amazonía”, resulta inevitable pensar en los intereses estratégicos y los planes de expansión de Brasil. Para Brasilia, toda esa área representa su ‘zona de influencia natural’. Por eso, Brasil no ve con buenos ojos las reclamaciones venezolanas sobre el Esequibo y ha impulsado una política de apoyo a Guyana que incluye respaldo militar, diplomático y proyectos de conexión vial.
Rubio y lo que vendrá
La designación de Marco Rubio como secretario de Estado del próximo gobierno de Donald Trump no solo tendrá implicaciones diplomáticas globales, sino que es, en sí misma, una declaración de propósitos sobre América Latina. Rubio ha jugado un papel central en la política hacia Venezuela y ha adoptado una constante posición de «máxima presión».
No se trata solo de su cuestionamiento al gobierno venezolano ni de su rechazo a cualquier alivio de las sanciones petroleras, sino que su pensamiento político está profundamente marcado por su origen cubano, que lo coloca en una perspectiva particular sobre la región.
Para Rubio, el realineamiento de Venezuela en la esfera de influencia estadounidense forma parte de un cambio más amplio en el panorama de América Latina, una transformación que también abarca a Cuba. En este sentido, su política hacia Venezuela se enmarca en una visión que busca reconfigurar los lazos de poder en el hemisferio bajo una mayor tutela estadounidense.
A pesar de que Trump dejó claro en su primer mandato su interés por derrocar a Nicolás Maduro y aplicar una política de “máxima presión”, lo que no está claro es cómo abordará la situación ahora, si continuará o incrementará la estrategia de presión, si buscará nuevas alternativas, como un acuerdo sobre suministros petroleros y licencias, o si realizará algún tipo de intervención militar directa o encubierta.
Rubio llega a la secretaria de Estado con el sesgo de una visión muy particular hacia Cuba y Venezuela, la de un cubanoestadounidense, lo que plantea dificultades tanto para el cumplimiento de sus responsabilidades como para su propia carrera política. El problema para Rubio como aspirante presidencial está en lograr resultados concretos en Venezuela y Cuba, un asunto que no es sencillo.
El incremento de las sanciones a Venezuela afectaría lo suministros de petróleo pesado tan necesarios para las refinerías estadounidenses y difíciles de conseguir en otros mercados. Un bloqueo más severo que el actual deterioraría las condiciones de vida de la población e impulsaría la migración.
Por otra parte, si se optara por una intervención militar sangrienta, directa o encubierta, ya sea en Cuba o Venezuela, Rubio estaría frente a una situación de consecuencias imprevisibles, tanto para los países implicados como para sus aspiraciones presidenciales.
Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://estrategia.la/2024/11/22/venezuela-eeuu-brasil-siempre-con-el-petroleo-de-telon-de-fondo/
