(*Emilia Trabucco) La Marcha del Orgullo número 33 volvió a convocar este sábado 2 de noviembre a más de un millón y medio de personas en la capital de Argentina. Con sus colores y su diversidad de expresiones políticas, una de las movilizaciones más grandes del país se desarrolló por primera vez bajo un gobierno que, más allá de haber sido elegido por voto popular, sus más de 10 meses de gestión demuestran que se trata de un régimen político antidemocrático, antiderechos y de características fascistas.
El gobierno nacional de Javier Milei ha identificado como uno de sus principales enemigos al colectivo de la diversidad sexual, junto con feministas, sindicalistas, piqueterxs y kirchneristas. La implementación de un programa represivo contra quienes se oponen a sus políticas de gobierno se acompaña de la construcción de discursos de odio que se materializan en la escalada de violencia y conflictividad social, en un escenario de profunda crisis económica, que golpea con más fuerza a quienes, como parte de las mayorías trabajadoras, asumen identidades que no encajan en la matriz conservadora que estas “nuevas derechas” (que de nuevo tienen poco) intentan instalar como parte de su estrategia de disciplinamiento social.
La Libertad Avanza ha decidido desde el primer día de gestión destruir todas las políticas públicas destinadas a avanzar en materia de igualdad de géneros, eliminando ministerios, programas o directamente desfinanciando completamente dichas políticas. El gobierno abanderado de la “libertad” decidió no confrontar directamente con la Marcha, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no pudo desplegar su habitual protocolo “antipiquetes” por la masividad de la convocatoria. El presidente Milei solo destacó en redes “no haber puesto un peso” para el despliegue callejero, en sintonía con su relato de austeridad, que como lo demuestra el rumbo de su política económica, solo se aplica a los sectores populares.
Más allá de las diferencias entre los distintos espacios que llevan adelante la organización de la Marcha, las consignas confluyeron en denunciar el rumbo antipopular del gobierno de ultraderecha, denunciando los retrocesos en materia de derechos humanos y las consecuencias de la violencia que el gobierno promueve, como el triple lesbicidio de Barracas, y la profundización de la desigualdad estructural que termina con la vida de personas del colectivo travesti trans todos los días en Argentina, en un escenario de desintegración y ruptura de los lazos sociales bajo las leyes que intentan imponer desde el Ejecutivo del “sálvese quien pueda”.
La previa de la Marcha del Orgullo debería encender algunas alarmas en relación a la escalada represiva que lleva adelante el gobierno nacional y que va en sintonía con el que históricamente despliega el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la mano de la familia Macri. En la noche del jueves 31, en el barrio Constitución, un nuevo operativo policial de la ciudad terminó con la detención violenta de Georgina Orellano, secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales e integrante de la mesa nacional de la Central de Trabadadorxs (CTA-T) y su compañera Daniela Reyes, trabajadora trans.
Ambas intentaban mediar una situación cotidiana en el barrio con dos varones que días atrás habían atacado físicamente a Daniela y otra compañera -que fueron denunciados, sin respuesta por parte de la policía-, en la que irrumpieron los oficiales desatando otra vez violencia institucional contra quienes finalmente, habían sido las víctimas. Una escena que se repite en un contexto de avance de la pobreza y la indigencia a una velocidad inusitada.
En medio de su detención, el 1 de noviembre, el secretario de seguridad de la ciudad, Waldo Wolf, hizo declaraciones en la red X, felicitando a la policía, exponiendo información sobre las detenidas y relatando el hecho de la siguiente manera: “personal policial visualiza una incidencia entre un masculino y varias personas trans; pone a resguardo al masculino. Es en ese momento que un grupo de personas transgéneros ofuscados trata de agredir a los efectivos”.
Ese mismo día, el presidente Milei, mostrándose junto a su vice, Victoria Villarruel, remarcó los fundamentos de su doctrina de seguridad, en el acto de aniversario de la Policía Federal, video que circuló en sus redes sociales. Destacó “tres pilares”: el que las hace las paga; el orden público es sagrado, el que corta no cobra; los buenos son los de azul, los malos son los que delinquen, el Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios.
Una doctrina que tiene de ejecutora a la ministra de Seguridad, Bullrich, y que tuvo su primera temporada en este siglo durante su gestión, pero en la presidencia de Mauricio Macri. Una doctrina que puede caracterizarse como el “Plan Cóndor 2.0” en el siglo XXI, y que bajo la excusa de reestablecer el orden público y combatir al terrorismo y al narcotráfico, lo que busca en realidad es criminalizar a la política y a la pobreza, persiguiendo a quienes se opongan a su plan de pobreza, militarizando los barrios populares y dejándole el control de los territorios abandonados por el Estado al narcotráfico, eliminando las organizaciones sociales, que son quienes intentan día a día reconstruir el tejido social.
Este es el escenario donde se desarrolló una nueva Marcha del Orgullo, con presencia de organizaciones sociales, políticas, de la diversidad, sindicales y feministas, que confluyeron para denunciar el plan de ajuste y violencia contra las clases populares de un gobierno abiertamente negacionista, antiderechos y fascista. No faltaron los pañuelos blancos y las Abuelas de Plaza de Mayo, recordando que son 30 mil lxs detenidxs desaparecidxs (400 del colectivo de la diversidad) de la última dictadura militar, que se enlaza en un hilo de continuidad con el gobierno de La Libertad Avanza, con elementos inéditos del nuevo siglo que determinan métodos más sofisticados de una derecha que aprendió a reinventarse y disfrazarse de falsa democracia.
Resulta fundamental poder hacer visibles dichos mecanismos, denunciando las múltiples violencias que este gobierno, que responde directamente a los poderes concentrados, tanto nacionales como internacionales, desata sobre quienes ha identificado como sus enemigxs. Las mayorías populares van encontrando nuevas formas de articularse y oponerse a un programa decidido a exterminar las expresiones políticas que las representan a través del hambre, la pobreza, los discursos de odio y su aparato represivo. La organización y la calle siguen siendo en Argentina las armas más eficaces para ello. La Marcha del Orgullo fue una nueva demostración de que hay también un pueblo decidido a no renunciar al derecho a vivir con dignidad, justicia social y libertad.
*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
