POR FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO, IGEO/UBA Y CELS
Apenas asumida la presidencia, Javier Milei puso en marcha un plan de ajuste brutal orientado por un solo objetivo: lograr el superávit fiscal, sin importar a qué costo. Para esto, avanzó en una brusca devaluación del peso; despidió a decenas de miles de trabajadores del sector público, e hizo un recorte feroz de todo el gasto público. El resultado de dicho paquete es una caída de la actividad económica, aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.
Estas decisiones no impactan a todos y todas por igual. El ajuste lo pagaron quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad: jubilades de la mínima, trabajadores informales, cuidadoras, entre otros. Los datos de pobreza del INDEC son contundentes: en el primer semestre de 2024 la pobreza creció 11,2 puntos y al menos 5.379.588 personas no llegan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos.
Esta situación de deterioro generalizado también impactó en la posibilidad de alimentarse bien.
El informe que aquí presentamos (leer completo aquí) analiza las decisiones del gobierno que hicieron que sea cada vez más difícil comer bien. Identificamos tres tendencias generales: el refuerzo en la concentración del sistema agroalimentario argentino, la eliminación de toda política de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI), y el abandono del Estado en la asistencia alimentaria.
Quienes producen alimentos sanos y quienes trabajan en espacios comunitarios de distribución de alimentos enfrentan cada vez más obstáculos para hacer su trabajo. Los consumidores y consumidoras están más desprotegidos frente a un mercado concentrado y voraz. Quienes no tienen ingresos suficientes para comprar su comida de todos los días, encuentran una oferta debilitada en los espacios comunitarios.
El conjunto de medidas económicas, políticas, y normativas, tomadas por el gobierno argentino desde que asumió, comprometen la posibilidad de alimentarse de millones de personas y la supervivencia de quienes producen la mayoría de los alimentos frescos que consumimos.
El informe busca brindar información que muestre la problemática alimentaria de manera integral, mirando casi la totalidad de la cadena del alimento con el objetivo de examinar el desmantelamiento de políticas, organismos y leyes que afectaron de forma directa o indirecta la producción de alimentos. ¿Qué significan todas estas medidas para nuestro alimento? ¿Qué pasa cuando el Estado se corre de la regulación y la garantía del derecho a la alimentación? Esperamos que esta información sea una herramienta para contribuir a las resistencias y construcción de estrategias para hacer frente al desmantelamiento de nuestro alimento.
Resumen ejecutivo
- El consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
- El costo de preparar un guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Con el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27% menos de porciones. Tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147% en el gasto; solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período.
- *Mientras tanto, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos un 4.900% [1].
- Entre noviembre y julio, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. La Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial.
- *En los primeros nueve meses de gestión, el gobierno implementó 111 políticas relacionadas con la producción y acceso a los alimentos. La mayoría de las políticas que favorecen el derecho a la alimentación fueron afectadas de manera negativa.
- *En términos de producción de alimentos, las medidas adoptadas favorecieron principalmente la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera para la exportación de commodities, junto con la desregulación de las economías regionales. Simultáneamente, se eliminaron políticas dirigidas a la agricultura familiar campesina e indígena.
- *Se tomaron medidas para desregular el mercado alimentario y desproteger a les consumidores. Se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional.
- *Entre noviembre de 2023 y julio de 2024 los precios al consumidor aumentaron un 111%. Sin embargo, la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023 a entre un 5% y un 8% en junio de 2024.
- *En cuanto al apoyo al consumo popular de alimentos, se eliminaron políticas comunitarias, mientras que se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia directa para grupos específicos —AUH, AUE y 1000 días—. El aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, sin embargo, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica.
- *
- Estos cambios ya están provocando el cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias, que han reducido la cantidad de comidas, días y calidad nutricional ofrecida. Además, han dejado de recibir semillas y apoyo técnico, amenazando así las iniciativas de reconstrucción del tejido social que se articulan en estos espacios.
