La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió convocar a una Jornada Nacional de Protesta en todo el país, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, en respuesta al drástico ajuste del presupuesto educativo implementado por el gobierno de Javier Milei.

Este recorte, considerado inédito desde la vuelta de la democracia, ha suscitado un fuerte rechazo entre los trabajadores de la educación y la comunidad en general. Las actividades programadas para esta jornada incluyen marchas, radios abiertas, clases públicas y actos multisectoriales, en un esfuerzo por visibilizar las demandas del sector educativo.

CTERA exigió  un aumento del presupuesto educativo nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), así como la eliminación del recorte en las Becas Progresar. Del mismo modo,reclamó por  un incremento en las partidas para comedores escolares y la Copa de Leche. La organización sindical remarcó la importancia de garantizar la alimentación de los estudiantes en este contexto donde un gran porcentaje de niños no tiene acceso las cuatro comidas.

Por otro lado, CTERA se pronunció contra de la criminalización de la protesta social, expresando solidaridad con los compañeros procesados ​​en Santa Fe por la Asociación del Magisterio de Santa Fe. Del mismo modo, exigió la restitución de la Ley Técnica Profesional y manifiesta apoyo a los conflictos provinciales, haciendo especial énfasis en la situación de AMP en La Rioja, donde se reclama la devolución de descuentos indebidos aplicados por el gobierno provincial.

En este marco, la organización gremial reafirmó que la educación pública es un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo social, económico y cultural del país. Subrayó que el recorte del presupuesto educativo no solo anula el futuro de millones de estudiantes, sino que también limita las oportunidades de crecimiento para toda la sociedad.

CTERA hizo un llamado a priorizar el fortalecimiento de la educación pública como una política de Estado, enfatizó que la educación no debe ser considerada un gasto, sino una inversión que fortalece la democracia. En esta línea ratificó que cualquier ajuste en el presupuesto educativo afectará directamente la infraestructura escolar, el acceso a recursos pedagógicos y la formación docente, perjudicando especialmente a las provincias más vulnerables.

En un contexto de creciente desigualdad, CTERA llamó a la unidad de los sindicatos docentes, las comunidades educativas y la sociedad argentina en su conjunto para movilizarse en defensa de un presupuesto que asegure la educación pública como un derecho, y no como un privilegio: “Solo a través de esta unidad se podrán construir oportunidades para todos y todas”