Empresarios y sindicalistas del sector, ante la instancia de un proyecto alternativo en la provincia, opuesto en objetivos y beneficiarios al del gobierno nacional. Llamado desesperado ante un panorama desolador.
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12/ Director de Motor Económico ) La celebración del día de la industria, este último lunes, mostró dos caras bien diferenciadas de las políticas para el sector, y quizás el inicio de un debate necesario en el que entidades industriales y sindicales podrían pasar a tener un protagonismo que hasta ahora no tuvieron. Mientras que Javier Milei desplegó en la propia sede de la UIA una colección de agravios hacia el sector industrial, calificándolos como prebendarios del Estado, y dependientes de lo que «se le robó al campo para proteger a la industria», el mismo día pero tres o cuatro horas después, en Ituzaingó, zona oeste del Gran Buenos Aires, se concretó una suerte de asamblea de empresarios y sindicalistas, convocada por el gobernador Axel Kicillof, en la cual la consigna dominante fue «defender a la industria nacional del ataque de Milei para desmantelarla».
Un dato clave del encuentro en el conurbano fue que allí se presentó, además, la propuesta de un programa de promoción de inversiones productivas en territorio bonaerense casi diametralmente opuesto, en objetivos y en sujetos beneficiarios, al RIGI que el gobierno nacional está poniendo en marcha tras la aprobación de la ley Bases y Principios.
El proyecto, que fue presentado por el ministro de producción de Kicillof, Augusto Costa, deberá pasar aún por la legislatura provincial, pero ya está expuesto y ofrecido como una herramienta de defensa de la industria nacional en el distrito que se ofrece «como red y escudo de protección ante el ataque sin precedentes que está sufriendo la actividad productiva», según la referencia que hizo Axel Kicillof en el mismo encuentro.
«El régimen busca promover inversiones en línea con los objetivos productivos de la provincia», plantea en su presentación, y enumera:
● Generación de valor agregado
● Creación de empleo de calidad
● Desarrollo de proveedores locales
● Transferencia de nuevas tecnologías, conocimiento e innovación
● Diversificación de la matriz productiva
● Impulso a las exportaciones provinciales y/o sustitución de importaciones
● Reducción de los desequilibrios territoriales
● Promoción de nuevos sectores productivos.
La definición de los sectores a los cuales apunta el programa es amplia: industria manufacturera, Servicios (Turismo, Logística y otros), Intensivos en recursos naturales, y Estratégicos. Para calificar como «estratégicos», se considera «excluyente» su localización en «zonas de ingresos bajos» o en parques industriales, y cumplir con alguna o algunas de las siguientes condiciones para aumentar su calificación: incrementar puestos de trabajo, o presentar condiciones ventajosas en materia de políticas de género, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental, sustitución de importaciones o aumento de exportaciones.
En particular, en el capítulo de Desarrollo de Proveedores, se establecerá que los proyectos de más de 50 millones de dólares de inversión deberán, en todos los casos, presentar un programa referido al tema, que garantice que al menos el 50 por ciento del gasto en proveedores será contratado con empresas radicadas en la provincia.
Los beneficios fiscales previstos consisten en exenciones parciales (hasta el 30 por ciento y por un máximo de 5 años, en el mejor de los casos) en los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos.
El contraste con el RIGI de Milei no podría ser más elocuente. Una síntesis del contenido de dicho régimen incorporado a la Ley Bases, publicado poco antes de que se sancionara, describe con precisión no sólo el carácter de los beneficios que otorga y a quienes sino además, lo cual es más importante, el posible impacto sobre la economía nacional y la de las provincias en las que se radiquen las inversiones.
El trabajo referido es del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex) y lleva la firma de Manuel Valenti Randi e Iñaki Fernández. Su título, «RIGI: Bases para el saqueo de la Argentina».
Allí se apunta que «el proyecto contiene reformas estructurales desde el punto de vista fiscal, económico y jurídico que brindarán beneficios excesivos e innecesarios para conseguir inversiones», los que «además, limitarán a los próximos gobiernos para realizar una planificación económica que permita brindar un proyecto de desarrollo sostenible» y que pretenda brindar «industrialización, desarrollo tecnológico, generación de empleo genuino y distribución de la riqueza».
Señala como muy probable que «termine beneficiando proyectos de inversiones de grandes corporaciones transnacionales que se orientarán a sectores primarios como la minería y los hidrocarburos, y tal vez el sector agropecuario o forestal».
Resume como principales puntos del proyecto, los siguientes.
* Un beneficio de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria «excesivo en su extensión» (30 años), tanto para la normativa nacional como local.
* Privilegios tributarios «obscenos», particularmente en Ganancias e IVA, que en la práctica casi eliminan las obligaciones de pago en ambos tributos.
* Ausencia de metas de empleos y cláusulas de desarrollo de proveedores locales (salvo algún tímido agregado en la redacción final)
* Ausencia de exigencias en Investigación y Desarrollo, transferencia tecnológica y reinversión
* Ausencia de criterios de desarrollo regional e impacto socioambiental
En cuanto a las consecuencias de este modelo de promoción de inversiones, el informe de Ocipex destaca que «se reprimarizará la economía, provocará una pérdida de competitividad para las empresas ya instaladas y una mayor concentración y extranjerización, además de imponer limitaciones a la acumulación de divisas en el largo plazo, merma en la recaudación fiscal y riesgo de blanqueo encubierto de capitales de origen ilícito (el GAFI ya incluso advirtió sobre esa posibilidad).
El informe se extiende en otros perjuicios, de los cuales es preciso mencionar uno: generará «una inserción internacional dependiente». Otro punto fundamental es que, según señala, el RIGI tampoco traerá «grandes beneficios a las provincias, ya que les impone «otros condicionamientos con efectos negativos», entre los cuales menciona:
* Beneficios impositivos que impactan sobre tributos coparticipables
* Una rigidez tributaria excesiva a las provincias (las que adhieran, tampoco pueden cambiarle las condiciones a los inversores por 30 años)
* Limita excesivamente la posibilidad de políticas industriales o productivas provinciales
El RIGI permite la libre disponibilidad de la producción por parte de los beneficiarios del régimen, por lo cual no existe compromiso de abastecimiento local ni nacional, ni desarrollo de cadenas productivas locales, ni objetivos de generación de empleo local.
Lo dicho. Son dos modelos opuestos. El clima que se vivía en la reunión entre sindicalistas y representantes empresarios del lunes en Ituzaingó era de espanto, ante lo que muchos calificaron como un colapso industrial, que ya empezó y se acelera.
No es necesario mucho más para entender cuál es el terreno de la batalla. Falta saber, simplemente, cuál va a ser la respuesta y cómo se organizarán para resistir empresarios y trabajadores industriales: las víctimas del estrago.
