La causa judicial elevada a juicio sobre los hechos ocurridos en marzo de 1975 en la ciudad santafesina de Villa Constitución no solo indaga sobre la represión al movimiento sindical, sino también en torno al vínculo entre el poder económico y el terrorismo de Estado que se desataría un año después, con el golpe del 24 de marzo de 1976.
«El enroque producido entre José Alfredo Martínez de Hoz, quien de presidente de Acindar pasa a ser ministro de Economía de la dictadura cívico-militar; y el general de división Alcides López Aufranc, quien de teórico y ejecutor de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria francesa pasa a la Presidencia de dicha empresa; no es un hecho meramente casual», sostuvo el fiscal del caso, Adolfo Villate.
Así, consideró que «las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las Fuerzas Armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas».
En su declaración en la causa, el histórico dirigente metalúrgico Victorio Paulón recordó que «el CEO de Acindar en aquel momento, José Alfredo Martínez de Hoz, asumió después del golpe como Ministro de Economía, como súper-ministro, porque era el ministerio más importante que tenía la dictadura».
Añadió que «su lugar fue ocupado por Alcides López Aufranc, un general retirado y uno de los primeros militares argentinos adiestrado en la escuela francesa en la lucha contra la insurgencia».
Para el actual dirigente de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) «de alguna manera, Acindar vanguardizó a todo un sector del empresariado en el Consejo Empresario Argentino, que fue el núcleo duro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias en el período previo al golpe al gobierno de Isabel Perón».
El exdetenido-desaparecido señaló en su testimonial que «lo que en ese momento empecé a entender fue el papel protagónico que tuvo Acindar en toda aquella historia».
«En los libros que aporto a esta causa, detallo cómo en esos años esta empresa se quedó con la mayoría de las más de 30 firmas que componían el mercado siderúrgico argentino», agregó.
El fiscal Villate sostuvo por su parte que «la concentración en prácticamente un duopolio de la industria siderúrgica argentina integrada por el grupo Acindar fue producto de una ‘captura del Estado'» que se produjo a través «los precios subsidiados por doble vía de la materia prima que adquirían a Somisa».
También de «la obtención de una serie de promociones industriales que incluían exenciones impositivas, diferir de impuestos, las que le fueron prorrogadas durante años sin que concretaran su plan de acería integrada», así como de «la obtención de créditos de la banca estatal y de organismos multilaterales en condiciones diferenciales a las de su competencia».
