El gobierno anterior prorrogó las concesiones ya vencidas en 2023 y dejó la definición al actual. Milei, por decreto, resolvió llamar a una nueva licitación para que las mayores centrales hidroeléctricas sigan en manos privadas.
( por Raúl Dellatorre / Página 12 / Director de Motor Económico ) El gobierno de Javier Milei decidió este lunes, por decreto, que las cuatro principales centrales hidroeléctricas nacionales concesionadas seguirán en manos privadas por tiempo indefinido. El decreto 718/2024 establece la prórroga por un año del contrato ya vencido para sus actuales concesionarios. Mientras tanto, se procederá en 180 días a elaborar los pliegos de licitación para un nuevo concurso del cual surgirán los nuevos adjudicatarios.
Las centrales Piedra del Aguila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados-Planicie Banderita, de la provincia del Neuquén (región Comahue), núcleo central de la generación hidroeléctrica del país cuyos contratos vencieron en agosto del año pasado, seguirán en manos de sus actuales concesionarios hasta que un nuevo adjudicatario (o ellos mismos, si concursan y ganan) tome la posta. Pero por un plazo incierto, ya que el decreto publicado este lunes no lo define.
Se trata de las represas hidroeléctricas más importantes de las 17 concesionadas durante la década menemista. En estos cuatro casos, adjudicadas en agosto de 1993, por lo tanto con contrato vencido en agosto de 2023. El anterior gobierno enfrentó la alternativa de definir el retorno al Estado de su gestión, sin costo ya que vencían los contratos, o establecer nuevas reglas de concesión buscando un mayor beneficio para la población usuaria del servicio eléctrico. En vez de ello, prorrogó los contratos vigentes y le dejó la decisión al futuro gobierno. La definición reprivatizadora de Milei es hija de la indefinición del gobierno anterior.
Ya en marzo de 2023, cinco meses antes del vencimiento de los contratos, el senador Oscar Parrilli (FpV-Neuquén) le pidió por carta a la Secretaría de Energía que no prorrogue la concesión de las hidroeléctricas del Comahue.
“Desde que se privatizaron las represas, la renta que han tenido los concesionarios no ha redundado en inversiones para el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. En consecuencia, la potencia instalada no ha aumentado, sino que se ha reducido del 43 al 25 por ciento de su participación en el sistema eléctrico argentino”, decía la nota que envió Parrilli a Flavia Royón, secretaria de Energía a las órdenes del ministro Sergio Massa. Pero el reclamo no fue atendido.
La potencia instalada de Piedra del Aguila (que establece su capacidad de generación) es de 1400 megawatts (MW). La del complejo El Chocón-Arroyito llega a 1387 MW. Es decir que, sólo entre ambas suman una potencia instalada de 2787 MW, equivalente a la capacidad de generación total de la hidroeléctrica mixta Yacyretá (2746 MW).
Justamente, las dos represas hidroeléctricas que le siguen en importancia por su potencia instalada son Alicurá (1050 MW) y Cerros Colorados (472 MW), que completan el cuarteto de emprendimientos que el gobierno decidió volver a privatizar mediante decreto.
El mismo establece que los mismos concesionarios actuales seguirán operando las represas por un año más, o hasta el momento que se resuelva la nueva concesión. Según señalan los considerandos del decreto, «Cammesa ha informado que las acciones de operación y mantenimiento efectuadas durante el plazo de concesión transcurrido han sido satisfactorias», por lo cual el Ejecutivo consideró «pertinente» extender el plazo de concesión.
Las empresas concesionarias son Orazul Energy Cerros Colorados SA, ENEL Generación El Chocón SA, AES Alicurá SA y Central Puerto SA (Piedra del Aguila).
Como ya lo habían advertido algunos especialistas y lo reiteran ahora, el año pasado el gobierno dejó pasar «una oportunidad histórica para recuperar el manejo de la generación eléctrica y sin pagar un peso, porque las concesiones vencían». Antes de ello, en un congreso de energía realizado el 11 y 12 de noviembre de 2022 en la Universidad de La Plata se advertía sobre esa perspectiva: el vencimiento de 17 concesiones hidroeléctricas entre 2023 y 2026.
En el documento de cierre del congreso, el presidente de Cepis, Mariano Lovelli, recordaba que «el año que viene (2023) comienzan a vencer las privatizaciones de la década menemista. Entonces tendremos que decidir qué hacer, si vamos a seguir manteniendo el esquema neoliberal de los ‘90 o nos vamos a animar a romper ese esquema y llevar adelante una nueva gestión del Estado en materia energética, rompiendo ese formato que mercantilizó lo que debería ser un bien social para el desarrollo de nuestra Patria”.
La decisión no se tomó entonces. La respuesta la dio Javier Milei este lunes.
